Columna: Defender los cambios democráticos a la educación en la calle y las instituciones

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Hay un peligro real de que la reforma educacional naufrague. Ante esto, las fuerzas democráticas y de cambio no pueden quedarse de brazos cruzados. La posibilidad de la reforma educacional es una conquista de los ciudadanos. Hay que defenderla en la calle y en las instituciones. Los sectarismos y los intereses de cada grupo social y político no pueden confundirnos.

Por eso, y a pesar de que el movimiento social tuviera diferencias con el gobierno en prioridades y tiempos, apoyó los objetivos de los primeros proyectos planteados (el fin al lucro, a la selección y al copago). Sin que aquí estuviera el eje de los cambios -que está en construir una nueva educación pública como pilar de la educación chilena-, hay avances valiosos, que son importantes destacar y defender. No obstante, distintos sectores discreparon del gobierno en los medios para concretar estos objetivos. Y, como se sabe, los poderes fácticos hicieron campaña del terror contra sus fines.

El Centro de Estudios de la FECH elaboró indicaciones pormenorizadas a los proyectos, intentando que cumplieran de mejor manera sus propios objetivos. Que la gratuidad no fuera vía voucher, que el fin al lucro fuera efectivo, y que el fin a la selección se implementara gradualmente y sin excepciones permanentes a “emblemáticos”.

Las indicaciones no hubiesen sido necesarias si el gobierno hubiera consensuado antes estos proyectos con los actores sociales y educacionales. No obstante, como no los convocó a un espacio prelegislativo, el camino de las indicaciones fue el único que quedó.

Estas indicaciones las patrocinamos junto a Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Karol Cariola. Desafortunadamente las indicaciones que presentó el gobierno se movieron en un sentido opuesto. Para dejar contentos a los críticos, y bajo el argumento de perfeccionar los medios, se sacrificaron en gran medida los fines. La gratuidad se diluye en el tiempo, el lucro termina legitimándose por la vía de su regulación y asegurándose con más recursos públicos, y el fin a la selección se aplica restrictivamente.

No por nada los críticos por la derecha han planteado que, tras las indicaciones del ejecutivo, este es un proyecto distinto. Peor aún, implica una cuantiosa inyección de recursos a las instituciones privadas por la vía de subsidios a la demanda (es decir, profundizando un camino neoliberal que prácticamente no existe en el mundo), mientras aún no se tiene claro qué se hará en educación pública. Y los recursos de la reforma tributaria no son infinitos.

Después de 2006, tras la movilización pingüina, la respuesta de la clase política fue dar más recursos que nunca a los sostenedores privados. La ironía es que tras esta enorme manifestación de fuerza progresiva para los cambios, la derecha, los poderes fácticos y los intereses de mercado terminaron mejor que antes. Y hubo menos educación pública.

Las fuerzas de cambio no pueden permitir que esto ocurra de nuevo. Es fundamental que actuemos unidos y presionemos juntos a las instituciones. Esta batalla hay que darla con unidad y seriedad. El tipificar el lucro como delito puede parecer una medida radical, pero es inútil si se permiten arriendos -es decir, una versión regulada de cómo se lucra hoy- y peor aún, si los sostenedores pueden darse a sí mismos la remuneración que quieran. Si esto sucede, estaríamos legitimando la posibilidad un lucro regulado. No estamos dispuestos para ello.

Efectivamente, las instituciones públicas deben acabar con el lucro. No lo logrará solo la amenaza de cárcel, sino las escuelas públicas y la democracia. Un piso mínimo es impedir que los sostenedores o terceros retiren ganancias vía salarios no acordes al trabajo, o arriendos -por más regulado que sea-. La fuerza para garantizar aquello está en cuánto podamos socializar el poder de las instituciones en sus comunidades, dando espacio a los estudiantes, padres, funcionarios y profesores en la gestión cotidiana, incluida en ella el uso de los recursos.

Solo la educación pública y la democracia pueden garantizar la superación del mercado en educación. La radicalidad debemos ponerla en la educación que queremos, y no confundirla con las drasticidad de las sanciones a los que hagan lo que no queremos, sobre todo cuando no está claro qué se entenderá por lucro.

*Diputado por Magallanes y Fundación Nodo XXI