“Morir pollo”

Hace casi 240 años Adam Smith sostuvo que, cuando dos o más comerciantes del mismo rubro se reúnen, la conversación termina casi siempre en un ardid para subir los precios al público. Las palabras del economista y filósofo escocés resuenan tras la reciente decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenando a las tres principales empresas productoras de pollos del país, por un cartel que duró 17 años. Un cartel es un acuerdo – normalmente secreto- entre empresas rivales que busca subir los precios de sus productos, reducir las cantidades producidas, repartirse el mercado, amañar licitaciones, etc. Esta, la conducta más dañina contra la competencia en los mercados, nos afecta subiendo los precios que pagamos por bienes y servicios. Del acuerdo puede resultar también una exclusión de rivales. Este tipo de prácticas puede facilitarse en industrias concentradas, con pocos actores y con productos que no se diferencian entre sí, como en el presente caso.

La acusación contra las productoras avícolas fue efectuada hace casi tres años por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El juicio fue extenso, con abundante y sofisticada prueba de cada parte, y con empresas que recurrieron incluso hasta el Tribunal Constitucional.

La sentencia del TDLC -reclamable ante la Corte Suprema- impuso la mayor multa en la historia de nuestro país por conductas colusivas. Además, ordenó la disolución de la asociación gremial que reúne a las empresas avícolas (APA). La APA fue la instancia que permitió la coordinación entre las empresas sancionadas, desviándose de sus fines propios. Ella recababa información de producción que era enviada por las productoras, proyectando la oferta, fiscalizando el acuerdo y pidiendo correcciones a los desvíos de su “sugerencia”. Hasta pidiendo matar pollitos. Con esto, se habría logrado controlar la cantidad producida por las empresas avícolas, por años. La sentencia también expone acuerdos en materia de calidad e información del producto, recursos humanos y en la salida de una empresa del mercado.

La prueba que expone el TDLC es abundante. Casi abrumadora. Múltiples correos electrónicos, declaraciones de ejecutivos, informes económicos e incluso declaraciones hechas a la Revista del Campo de El Mercurio por personal de una de las compañías sancionadas. También hay cuadernos con anotaciones de reuniones que fueron decomisados por la FNE tras efectuar allanamientos a la APA.

Como es de esperar, estas prácticas nos pueden llevar a desconfiar de la competencia en los mercados. Pero son señales de que la institucionalidad está descubriendo los acuerdos prohibidos y sancionando a sus responsables con enormes multas. Para dos compañías, la sanción fue la máxima que prevé la ley, que fue modificada en 2009 tras el caso “Farmacias”.
Adam Smith concluía afirmando que la conversación entre rivales nunca podrá impedirse. Seguirán encontrándose en matrimonios, funerales y otros eventos sociales. Eso sí, los incentivos para coludirse son cada vez menores. La detección es más fácil porque un miembro puede delatar a los demás integrantes, traicionando al cartel. Los costos aumentan: multas a las personas y a las empresas involucradas. Indemnizaciones a los consumidores, eventualmente. Sin duda, esta sentencia motivará una nueva revisión de nuestra legislación, aumentando las multas y evaluando criminalizar estas prácticas. Simplemente, ya no bastará con “morir pollo”.

*Abogado, U. de Chile. M.Sc. en Regulación Económica y Competencia. Director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom), Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Defensa de la Libre Competencia (2011-2012).