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El ex director de Penta, Hugo Bravo, acusó a los dueños del holding, Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, de estar en total conocimiento de los supuestos aportes ilegales a campañas políticas, arista que indaga el fiscal oriente Carlos Gajardo.

Los dichos de Bravo constan en la demanda laboral presentada ante el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, donde solicitó una indemnización de 2.300 millones, según publicó hoy El Mercurio.

En la presentación, en todo caso, aparecen detalles hasta ahora desconocidos, principalmente de la arista de aportes de campaña –algunos aparentemente fuera de la ley- que apuntan directamente a Lavín y Délano.

Según Bravo, estos dos últimos han tratado de culparlo de las anomalías con los políticos, con el fin de evitar el pago de la indemnización. Al mismo tiempo que todo estaba en conocimiento de los dueños y no es una “gestión personal” de Bravo.

Y señala: “No posible creer en atención a la supuesta envergadura de los supuestos pagos “extraordinarios” a supuestas campañas políticas que ellos han sido efectuados o atribuidos al denunciante como una gestiòn personal o sistema irregular para entregar dichos aportes, puesto que claramente las sumas que la prensa señala no podrían más que haber sido conocidas por los socios controladores del Grupo Penta”·.

A renglón seguido insiste en que Délano y Lavín, no podían menos que saber de estas operaciones “concertadas”: No es razonable ni menos creíble que el denunciante haya por sí y ante sí adoptado la decisión de efectuar “pagos extraordinarios”, mediante la emisión de boletas de honorarios de terceros por servicios que jamás fueron prestados al grupo y por los montos que describe la prensa a distintos políticos del país, sin que ello fuera el cumplimiento de una instrucción directa y concertada de los socios controladores del holding Penta”.

Los “aportes”, asegura Bravo, eran visados por el contador del grupo, Marcos Castro, “lo cual demuestra con absoluta claridad que dichas acciones y eventuales operaciones no podían ser realizadas autónomamente por el denunciante”.