Iguala, el polvorín que nadie olió

por Esteban Illades

Un grupo independiente de peritos argentinos también realiza estudios para determinar las identidades de los cuerpos encontrados, y se espera que sus resultados estén listos en dos semanas. (El escolta que les asignó el gobierno, por cierto, está desaparecido desde la semana pasada.)

En declaraciones recientes, el padre Alejandro Solalinde dice que testigos y sobrevivientes le han contado que los 43 “fueron calcinados en una pira de madera”. A la fecha hay más detenidos que desaparecidos –36 policías y varios supuestos miembros del cártel de los “Guerreros Unidos”–. El Procurador federal ha dicho que todavía no tienen información sobre los autores intelectuales.

Mucho se especula de lo sucedido. Desde cómo ocurrió: ¿Dispararon los policías contra los estudiantes? ¿Los entregaron después al cártel? ¿Subieron a alguna de las múltiples fosas que se han encontrado? Hasta quién dio la orden: ¿Fue el presidente municipal? ¿Fue su esposa? ¿Fue uno de los líderes de los Guerreros Unidos?

Poco se sabe al día de hoy. Pero si revisamos lo ocurrido en Iguala durante 2012 y 2013, podemos encontrar información que ayuda a explicar, en parte, la desaparición de 43 estudiantes, la muerte de otros seis y cómo ocurrió con total y absoluta impunidad.

El dueño de la ciudad que se volvió alcalde (o al revés)

José Luis Abarca Velázquez, empresario local, fue uno de los múltiples candidatos “externos” que participaron en las elecciones de 2012. No estaba afiliado al partido, pero tanto integrantes de Nueva Izquierda –la corriente que actualmente dirige el PRD– como el diputado federal Sebastián de la Rosa y simpatizantes de MORENA, como Lázaro Mazón –exsecretario de Salud estatal y supuesto favorito de Andrés Manuel López Obrador para la candidatura a gobernador en 2015– lo cobijaron para que se postulara como abanderado de la coalición “Iguala nos une” (PT, Movimiento Ciudadano y PRD).

De hecho, días después de la desaparición de los normalistas, de la Rosa declaró que Abarca tenía “todo su respaldo”. Mazón, en fechas cercanas, también declaró que “Abarca es mi amigo”. El candidato ganó con el 39.7% de los votos, 12 puntos por encima de su más cercano competidor.

En la elección interna compitió con Justino Carvajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, exdiputado y senador, así como presidente municipal de Acapulco de 2005 a 2008. Carvajal, como premio de consolación, fue nombrado síndico administrador. El 8 de marzo de 2013, afuera de casa de su madre –hermana de Salgado Macedonio–, fue interceptado por un comando armado. Murió en una ráfaga de balas. (Advertencia, fotos explícitas en la liga anterior.) A un año y medio de su muerte, sigue sin haber autores materiales o intelectuales identificados en el crimen. Salgado ya había sido detenido por un grupo de encapuchados en una ocasión previa.

Abarca, que comenzó vendiendo huaraches en un mercado, transitó a los pocos años a la joyería, y después al desarrollo inmobiliario. Según el Registro Público de la Propiedad de Guerrero, él y su esposa son dueños de 19 inmuebles; entre ellos Galerías Tamarindos, la plaza comercial más grande de Iguala. (Al momento de escribir estas líneas, “La dictadura perfecta” se encuentra en cartelera en el cine local.) En 2014, ya en funciones, se tituló como abogado por parte del Centro de Estudios Universitarios Sor Juana Inés de la Cruz, con sede en Zihuatanejo.

Desde el inicio de su gestión, la característica fue la opacidad. Según la prensa local, durante el primer año de su mandato, el portal de internet “Transparencia Iguala” era una página vacía salvo por una liga al Plan Municipal de Desarrollo 2012-1015. Una de las principales quejas de las múltiples organizaciones locales, agrupadas bajo las siglas FODEG (Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero) era la falta de información específica sobre los gastos del municipio.

Según el primer –y único– informe de Gobierno de Abarca –el segundo hubiera sido por las fechas de la desaparición de los estudiantes–, todavía disponible en línea, de octubre de 2012 a junio de 2013, el municipio erogó 233,174,070.73 pesos (página 22). De éstos, 100,782,667.00 fueron contabilizados como “Servicios personales (sueldo y aguinaldo)” (sic). Es decir, el 43.2% de los egresos fueron a dar a salarios del municipio.

De acuerdo con las acusaciones de los líderes locales, y con documentos en manos de la prensa guerrerense, había en ese año 11 familiares de Abarca en la nómina, sin contar a su esposa, presidenta del DIF local. Entre ellos estaba su hermano como director de Reglamentos, su sobrino como director de Recursos Humanos, su primo como Contralor, y su sobrino como secretario de Seguridad Pública. En total, Abarca y su familia recibían 300 mil pesos al mes del erario, o 2,700,000 pesos del primer presupuesto anual. En términos porcentuales: el 1.15% de los gastos del municipio iban a dar a la familia Abarca. Sin embargo, a pesar de las múltiples quejas, el presidente municipal registró que el portal de transparencia sólo había recibido siete solicitudes en su primer año de operación (p. 18 del informe).

La esposa (in)cómoda

Poca información se tiene de la trayectoria de María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, y hasta hace un mes presidenta del DIF municipal. Al igual que su marido, se afilió al PRD un mes antes de la elección municipal, pero a diferencia de él, se dedicó a hacer política dentro del partido una vez que obtuvo su credencial. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), Pineda fue postulada como candidata a consejera estatal del partido en Guerrero y fue elegida con 1,288 votos. En el registro, según los datos, era parte de una fórmula integrada por la Corriente Poder Campesino Popular, así como Nueva Izquierda. Aunque Pineda nunca tomó posesión del cargo. Después de lo ocurrido el 26 de septiembre, su lugar lo ocupó una regidora de Tixtla, Érika Alcaráz Sosa, esposa del diputado local suplente Max Aníbal Hernández. Celso Ortega, padre del diputado titular Bernardo Ortega –actual presidente del congreso local– es acusado de ser el líder de un cártel llamado “los Ardillos”.

Pineda, decían los trascendidos y los columnistas locales en Guerrero, estaba en posición para suceder a su marido en la elección de 2015, en la que también se renovará gobernador en el estado. Sus actos políticos eran fastuosos, y sus vestidos también. Pocas veces los repetía.

A pesar de su casi inexistente biografía política, la familia de Pineda ya había encendido los focos rojos en el gobierno federal en 2009. En una lista de los delincuentes más buscados por la PGR, publicada ese mismo año, hay dos nombres que resaltan: Mario y Alberto Pineda Villa, sus hermanos. Mario, conocido como “el MP” por las siglas de su nombre, y Alberto, “el Borrado” –no confundir con el supuesto jefe Zeta de Apodaca, también apodado igual– , murieron en septiembre de ese año. Un tercer hermano, Salomón, “el Molón”, fue capturado a principios de este mes. Los tres Pineda Villa, según investigaciones reveladas por el CISEN, estaban vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva.

Salomón ya había estado preso por narcotráfico, pero fue liberado a mediados de 2013 y, según lo dicho por la PGR, era uno de los líderes de los Guerreros Unidos, el cártel que controlaba Iguala desde hace años.

La relación de los Pineda Villa con los Beltrán Leyva venía por su padre, también llamado Salomón y también acusado de narcotráfico, detenido en Morelos en 2009 a los 73 años de edad. Nada de esto fue impedimento para que Abarca se registrara como candidato y ocupara la alcaldía de Iguala, ni para que en los eventos políticos para impulsar la precandidatura de Pineda, estuvieran, entre otros, el exgobernador del estado, Zeferino Torreblanca.

El único obstáculo para que Pineda llegara a la alcaldía eran las organizaciones políticas locales, unidas bajo el FODEG y la UP (Unidad Popular). Grupos que desde hace décadas han sido parte del orden político local, y que reivindican nombres como el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, entre otros.

La piedra en el zapato

La historia de Guerrero siempre ha sido una de lucha política y de violencia –para una explicación más detallada, el expediente del número de noviembre de nexos, disponible en los próximos días, contiene un relato de la violencia en el estado desde principios del siglo XX–. No sorprende, entonces, que las organizaciones –políticas, campesinas, estudiantiles– estén siempre presentes en actos políticos, y participen constantemente en manifestaciones y mítines.

En el caso particular de Iguala, la UP y el FODEG eran los principales opositores al gobierno de Abarca, y de alcaldes anteriores. En 2010, por ejemplo, Bertoldo Martínez, líder del FODEG, fue detenido en una marcha para conmemorar la masacre de Aguas Blancas. En octubre de 2012, el FODEG tomó las calles de Chilpancingo para exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre. Los manifestantes pedían que el gobierno federal construyera más obra pública en diversos municipios del estado, que entregara fertilizante a los campesinos locales y que instalara drenaje. También hubo protestas en Iguala, que fueron ignoradas. La primera respuesta vino hasta febrero de 2013, como consta en el acta de la reunión del cabildo. Según la regidora Esther Orea, los campesinos se quejaban que el fertilizante que les daba el gobierno era de “baja calidad” y se “les entregaba tarde” (p.20 del acta). La discusión no llegó a ninguna resolución.

Meses después, en una reunión extraordinaria de cabildo (el 25 de julio), la regidora Sofía Mendoza Martínez dejó constancia en acta de que en las manifestaciones más recientes y la toma del palacio municipal de Iguala habían participado miembros del PRD y del PRI, no sólo de la UP, como había dicho el gobierno local. Los manifestantes exigían lo mismo que le habían pedido a Aguirre en octubre de 2012.

En una reunión del 2 de abril de 2013 –cuya acta está curiosamente desaparecida del archivo electrónico del gobierno municipal–, Arturo Hernández Cardona, líder de la UP, llevó el reclamo a oídos del alcalde y la presidenta del DIF. La discusión subió de tono, y Pineda, esposa de Abarca, llegó a los golpes con Hernández. Según información local, lo “responsabilizó de lo que pudiera suceder”, y después se lo dejó mucho más claro: “No sabes con quién te metes, cabrón. Te va a cargar la chingada si sigues así…”.

Hernández era el esposo de la regidora Mendoza. “Era”, porque dos meses después de la discusión pública, el 31 de mayo, desapareció tras protestar en la carretera Iguala-Acapulco.

Los primeros desaparecidos

Ocho miembros de la UP, liderados por Hernández, se manifestaron ese día a unos metros de la caseta de cobro de Iguala. Exigían, como en las marchas anteriores, la entrega de fertilizante de buena calidad. La policía estatal les pidió que se retiraran, y según testigos, “lo hicieron de forma amable”. A las cinco de la tarde dieron por terminado el acto. Pero ya nunca regresaron a sus casas. Horas después se encontró su camioneta, abandonada, en el paraje cercano a la caseta.

El día anterior habían hecho pintas en la pared del palacio municipal.

Unos días después, tres de ellos, incluyendo Hernández, aparecieron muertos. Existe el testimonio de uno de los supervivientes, recogido en un acta ministerial de la cual nexos tiene copia y hacemos disponible en esta liga.

Nicolás Mendoza Villa, el testigo, declara que el 29 de mayo, en una reunión de Hernández con Abarca –en la que Pineda también estaba presente–, el alcalde, tras la insistencia de Hernández para que firmara un acuerdo entre ambos, le dijo que “su palabra valía” y “no tenía por qué firmar nada”. A los 15 minutos cerró: “Yo ya me voy. Y no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada”. Según relata el testigo, había dos personas armadas flanqueando a Abarca. Una de ellas dijo “Mándalo a la chingada, de todos modos se lo va a cargar la chingada”.

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