Columna de Francisco Cox | Crimen organizado y fabricantes de armas: ¿Chile impávido?

El 22 de enero de 2024, el Estado de México se anotó una importante victoria en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, en un caso que apunta a un aspecto del crimen organizado que generalmente se olvida: la provisión de armas al crimen organizado -y que tiene importantes consecuencias para otros países, incluido Chile-.

México demandó civilmente por responsabilidad por daños a siete fabricantes de armas de su vecino inmediato del norte, alegando que estos fabricantes, entre los cuales están Smith & Wesson, Baretta y Glock, son cómplices de quienes proveen ilegalmente de armas a los carteles mexicanos. México argumenta que los fabricantes de armas son conscientes de la alta demanda por parte de los carteles mexicanos; que saben quiénes son los proveedores que les venden a estas organizaciones ilegales; y que no obstante dicho conocimiento, deciden seguir vendiéndoles, para no perder los 170 millones de dólares que anualmente les reportarían dichas ventas.

El destino final e ilegal de las armas, a manos del crimen organizado, según México, ha sido informado por las autoridades de los Estados Unidos a los fabricantes, pero los armeros comerciales prefieren continuar con las ventas a dichos proveedores, por las ganancias millonarias que le reportan. 

Esta no es la única conducta que les recrimina México a los fabricantes demandados. En su demanda, el país del norte sostiene que la fabricación de las armas la ejecutan emulando la estética militar, la que sería particularmente atractiva para los carteles, porque cada vez más les gusta transmitir que tienen una estructura militar, siendo el Cartel Jalisco Nueva Generación el mejor ejemplo. Asimismo, se indica que los fabricantes de armas ponen los números de serie de una manera que pueden ser fácilmente removibles, lo que también resulta interesante para el mercado ilegal, ya que, al remover, el número de serie impide la trazabilidad de las armas, algo que favorece su uso ilegal.  

Quizás el ejemplo más vívido del conocimiento que tiene al menos uno de los fabricantes de armas, que el destino final de su producto es México, es el de una pistola calibre .38 Colt con la imagen de Emiliano Zapata y la frase en la pistola, atribuida a él: “Prefiero vivir de pie que morir de rodillas”. Difícil imaginar que exista un mercado muy grande de admiradores de Emiliano Zapata en estados como Kansas u otro, donde tienen muy cerca de su corazón la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que la Suprema Corte de ese país ha interpretado como un derecho fuerte e individual a portar armas.

La demanda de México tenía una valla muy difícil de sortear, ya que el Congreso de los Estados Unidos dictó una ley en la cual le otorga inmunidad total a los fabricantes de armas frente a demandas civiles de víctimas del uso ilegal de armas por terceros. Así es, el Congreso estadounidense le impide, por ejemplo, al padre o madre de un niño o niña que haya muerto en un tiroteo demandar a los fabricantes. No es que un tribunal decida que no hay ilegalidad por parte de los fabricantes, o que falta la relación de causalidad entre la venta y la muerte de la niña o niño. No, no se puede discutir, no se puede demandar.

En su demanda, México arguyó que esa inmunidad no podía extenderse a demandas presentadas por gobiernos extranjeros por daños generados fuera de los Estados Unidos, argumento que no fue acogido ni por el tribunal de primera instancia ni por la Corte de Apelaciones. Pero, y he aquí la victoria de México, el tribunal de alzada, revocando la decisión del de primera instancia, determinó que la inmunidad otorgada por la ley a los fabricantes de armas no alcanzaba una eventual complicidad de estos con los vendedores de armas en la venta ilegal a los carteles mexicano. Dicha eventual complicidad deberá ser probada en un juicio.

Por lo tanto, la demanda que había sido desestimada preliminarmente sin siquiera entrar al fondo, ahora irá a la discusión del mérito, es decir, se verá el fondo. Y lo que es interesante es que México tendrá derecho a medidas prejudiciales probatorias (etapa conocida como “discovery”), donde, seguramente, pedirá la exhibición de mucha documentación, incluidos correos electrónicos entre los fabricantes de armas y sus vendedores. Cabe recordar que fue a través de un correo electrónico obtenido mediante la etapa de “discovery” del juicio que se supo del conocimiento que ejecutivos de Perdue Pharma tenían del alto potencial adictivo del oxycontin, la medicina que tuvo una fuerte influencia en la crisis de los opioides en Estados Unidos.

¿Por qué este caso es relevante para Chile? En primer lugar, porque entre las armas más incautadas en Chile en 2021-2022 figuran las Smith & Wesson y Glock, y más abajo las Beretta. Si uno analiza la información que se me entregó por parte de la PDI y Carabineros sobre armas incautadas en los años 2021 y 2022, sí se eliminan las armas en blanco, cuyo significado no es claro. Es decir, a Chile sí le importa que los referidos fabricantes de armas hagan esfuerzos reales para impedir que sus armas no terminen en el comercio ilegal o que hagan esfuerzos reales para impedir su uso por terceros. O, como sugiere México en su demanda, que se les exijan que tengan reconocimiento de huellas dactilares para poder ser percutidas, o que hagan más difícil su alternación mecánica convirtiéndolas en armas de guerra, como por ejemplo, ametralladoras.

La importancia de esta discusión, y de la demanda, fue comprendida por distintos actores preocupados de la temática del crimen organizado y la vigencia de los derechos humanos, quienes solicitaron participar en el proceso, apoyando la postura de México, a través de la institución de los amicus curiae (escritos que permiten a terceros informar al tribunal sobre un determinado punto). Así, no solo distintos académicos emitieron su opinión para que fuese conocida por la Corte de Apelaciones, también lo hicieron países, como Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago, quienes dieron cuenta de los efectos que tiene el tráfico de armas sobre la región y su impacto en los niveles de violencia.

Es lamentable que Chile haya decidido no hacer valer su opinión, a través de dicha institución judicial, apoyando a México en su intento de hacer responsables a los fabricantes de armas por la falta de debida diligencia en que estas no lleguen a manos de los carteles; especialmente dado que armas de dichos fabricantes están de hecho llegando a manos de delincuentes nacionales, según dan cuenta las cifras oficiales de incautación.

Y sé que no se quiso participar, porque yo personalmente lo sugerí a las autoridades de Cancillería. Dicha decisión se entiende aún menos cuando la preocupación nacional es que los homicidios están siendo cometidos con armas de fuego. Chile debiese participar de todas las instancias posibles para hacer más difícil el uso ilegal de las armas y exigir a los fabricantes que ejerzan un control efectivo sobre los vendedores y mercados de estas. Es de esperar que Chile no se reste de ningún esfuerzo que haga más difícil la llegada de armas al crimen organizado.