PENTAGATE-CHOCLO-LAVIN

Una querella por los delitos de asociación ilícita, estafa y apropiación indebida de $ 2.000 millones, presentó el empresario Jorge Charbín en contra de los controladores de Penta, Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín. Todo en el marco de la investigación que lleva el fiscal oriente Carlos Gajardo.

La acción legal, ingresada en el Octavo Juzgado de Garantía por los abogados Giorgio Marino y el ex fiscal Alejandro Peña, explica cómo el holding, mediante fórmulas delictuales, se apropió de la empresa Vidrierías La Argentina, usando a Penta Capital de Riesgo (PCR), otra de las áreas de negocios del grupo. Ello, sin contar con que además evadieron millonarios impuestos, abultando gastos a través de contratos con empresas relacionadas al mismo grupo.

La querella incluye además al ex director del holding Hugo Bravo y al actual gerente general de Penta Las Américas, Horacio Peña. El primero será formalizado el próximo 4 de marzo por soborno, delito tributario y lavado de dinero, mientras que el segundo es investigado por “enmascarar” los bonos que le pagaba Penta, como también permitir que otros ejecutivos usaran boletas de sus esposas para bajar la carga impositiva.

El libelo al que accedió The Clinic Online, explica que “el fin común perseguido por los integrantes de esta organización ilícita, es por una parte la obtención de ganancias ilegales y por la otra la reducción maliciosa de sus costos y cargas tributarias”.

Para lograr lo anterior, dice el documento, existió una concertación de voluntades, una autoridad que dirigía el tinglado (Délano y Lavín), otros niveles jerárquicos (Hugo Bravo), documentación falsa, pero con apariencia de legalidad, redes de apoyo, entre otras conductas.

El razonamiento cobra sentido, después de las declaraciones de Bravo, quien confesó al fiscal Gajardo todo el tinglado mediante el cual Penta aportaba platas a campañas políticas de la UDI usando boletas ideológicamente falsas, trasvasije de platas, no pago de impuestos por dineros ingresados a Chile de un banco de Estados Unidos, entre otra serie de hechos. Eso sin contar el uso de funcionarios públicos para lograr sus objetivos y el eventual apoyo de parlamentarios para aprobar leyes que beneficiaran al holding.

“El plan criminal consiste en el enriquecimiento desmedido, maximizar las utilidades cometiendo distintos y diversos delitos para el logro de sus fines delictuales”, señala el documento.

Código PH-Glass

Los hechos se iniciaron a mediados de 2003, cuando un empleado de la consultora Deloitte Touch le manifestó a Charbin “que un importante grupo de inversores tenía interés en buscar empresas productivas para potenciarlas y luego venderlas”. Al preguntar, le indicaron que era Penta.

Charbín confió en la fórmula y luego de un largo período de acuerdo y negociación, en 2004 se inició la alianza. Un 70 por ciento quedó para Penta y el 30 restante para Charbín. La idea era que luego de potenciar el negocio, podría recibir más de 50 mil UF (poco más de $ 1.200 millones actuales).

Para ejecutar el negocio, se creó entonces la sociedad PH-Glass. Con el paso de los años, Penta comenzó a contratar servicios “inexistentes” con empresas relacionadas, arriendos de oficinas en el mismo edificio del holding, contratos a profesionales que no ejecutaban los trabajos. En cuatro años sumaron más de $ 1.200 millones.

“Toda la información fue camuflada, parcelada y evitada. Los directores se negaron sistemáticamente siquiera a discutir el tema”, señala la querella, todo ello con el fin de apropiarse de la empresa.

Pues bien, cuando llegó 2005 se firmó un pacto accionario, que establecía limitaciones para el aumento de capital. Ello podría ejecutarse, siempre y cuando se agotaran las posibilidades de financiamiento externo.

Según Charbín, de manera irregular se convocó a un directorio el 16 de septiembre de 2009. Ese día se aumentó el capital en $ 4.200 millones, dinero que fue usado para pagar las deudas de las empresas relacionadas de Penta. Allí perdió la participación, que quedó reducida a un 1%.

A través de sus abogados, Charbín presentó ese mismo año una demanda ante Sergio Urrejola, ex presidente del CDE, quien actuó como juez arbitral.

Luego de un largo proceso, Urrejola estableció que Penta hizo un aumento de capital violando el pacto accionario y los condenó al pago de 160 millones.

La sanción fue confirmada en noviembre pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Hasta ahora Penta se ha negado a pagar, por lo que Charbín a través de su abogado Giorgio Marino solicitaron la quiebra de la sociedad Penta Inf.

La lista maldita

Hay que recordar que el próximo 4 de marzo, serán formalizados “los Carlos” por delitos tributarios y soborno.

En tanto Bravo, el contador del holding Marcos Castro por ilícito impositivo, soborno y lavado de dinero. Iván Álvarez, quien fue el cerebro del fraude al FUT, enfrentará cargos por cohecho y blanqueo de capitales, como también delito tributario.

A los anteriores se suman Carlos Bombal, Manuel Antonio Tocornal y Samuel Irarrázaval Larraín, todos los ilícitos de impuestos. Además, se le imputarán cargos al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner por cohecho y blanqueo de capitales.

Lea el fallo de la Corte

Lea el fallo del juicio arbitral Parte 1

Lea el fallo del juicio arbitral Parte 2