Fiscal Pablo Gómez MP

Un documento de 10 páginas fue lo que el pasado 10 de febrero envió el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, todo esto con el fin de solicitar ayuda y asistencia internacional en torno a la bullada investigación.

Según consigna La Tercera este jueves, la Fiscalía pide concretamente ayuda al Office of International Affairs (OIA) para “recabar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer los hechos investigados y determinar, de esa manera, la eventual responsabilidad que pudiera caber en ellos a o los imputados”.

Cabe precisar que el Ministerio Público tuvo acceso a un número bastante menor de datos en comparación con los 3,5 millones de antecedentes y documentos que revisó el estudio gringo Shearman and Sterling LLC que la propia minera no metálica contrató para realizar esta revisión.

En ese sentido, la fiscalía entiende con lo anterior que se “permitiría suponer que se ha omitido u ocultado información relevante”.

Pues bien, de acuerdo al matutino, el persecutor que lleva las riendas del caso recalcó en su petición que habría “diversos pagos, efectuados por SQM, a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos”.

Precisó que con ello además “se ha disminuido la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, existiendo tributos sin pagar en la oportunidad correspondiente”. Al mismo tiempo Gómez añadió que “al descubrirse estos pagos sin justificación, la misma empresa solicitó al Servicio de Impuestos Internos la rectificación de sus declaraciones de impuestos. El monto involucrado asciende en el período 2009 a 2014 a más de US$ 11 millones. Todos los pagos fueron autorizados y dispuestos por el gerente general de SQM, a esa fecha, el señor Patricio Contesse González”.

Otro punto relevante dentro de la solicitud del Ministerio Público es que tienen entre ceja y ceja “pagos, sin que exista un servicio a cambio, por parte de SQM a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente a los siguientes partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista”.

Advirtió también que existieron “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.

Dicho lo anterior, enfatizó Gómez, es que se pidió “formalmente colaboración a las autoridades norteamericanas con el objeto de requerir al Securities and Exchange Commision (SEC) de EE.UU. una copia de todos los antecedentes entregados por la empresa Sociedad Química y Minera S.A., y que corresponden al reporte elaborado por Sherman and Sterling LLC, y que fueron informados como hechos relevantes ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, entre otros organismos”.

Lo que el ente fiscalizador chileno pretende aclarar en este hecho es la existencia de posibles delitos nuevos como apropiación indebida, “otorgamiento de contrato simulado en contra de la misma, imputaciones indebidas en perjuicio del Fisco de Chile, omisión maliciosa en la declaración de impuestos y facilitación de facturas falsas”, hechos que según Gómez, “están sancionados con penas superiores a un año de privación de libertad”.

En parte del documento que hoy publica La Tercera también se habla del papel jugado por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, en torno a que él “empleó procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad y en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas, y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas”.

El Ministerio Público estima en $5.430.342.885 las lucas que suman en total las 222 facturas y 891 boletas truchas que fueron pagas y que “fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 y 2014”.

Los 730 millones de SQM vinculados a Longueira en el informe de Shearman & Sterling – The Clinic Online