Detalle camuflaje militar

La madrugada del 15 de noviembre de 2013, la comunidad indígena Millapán Naguil celebró con un asado la ocupación de un predio de 45 hectáreas en el fundo El Refugio, del ciudadano alemán Broder Redlefsen. Esa noche, el empresario, junto con cederle -a través de un documento que, sostuvo, luego sería legalizado en notaría-, las tierras que la comunidad reclama como propias, les regaló un capital de 9 millones de pesos a repartir para que iniciaran el trabajo agrícola y una vaca para los festejos de rigor. Hubo promesas mutuas de buena convivencia. Todo un triunfo para los mapuche y una inédita solución para un reclamo de tierras en el sur del país.

Horas antes, 15 familias de la comunidad se habían presentado en el lugar, ubicado en la comuna de Paillaco, sector de Itropulli, región de Los Ríos, exigiendo la devolución de sus tierras. Los mapuche invocaron sus derechos ancestrales y aludieron a un título de merced que sustentaba su proceso de recuperación. Fue entonces cuando Redlefsen ofreció ceder los lotes 52, 53, 54 y 55 a cambio que depusieran la toma del fundo, que se dedica a la producción lechera y tiene una extensión de mil hectáreas.

Pero el inédito acuerdo no duró más de 48 horas. El lunes siguiente, Redlefsen dio pie atrás y exigió la desocupación del predio. Los mapuche no estuvieron dispuestos. Argumentaron que la palabra se respeta y siguieron con la ocupación pacífica del terreno que se mantiene hasta hoy, en medio de una batalla judicial que incluye querellas cruzadas, hostigamiento, amenazas de muerte, daños, lesiones, supuestos sicarios, drones y un container de vigilancia con camuflaje militar en el límite del terreno ocupado.

Según relata la werkén, Verónica Henríquez Antimanque, la comunidad cree que el cambio del alemán en relación a su demanda territorial, se debió a conversaciones con otros latifundistas de la zona por el precedente que implicaba cederles tierras.

Pero la defensa de Redlefsen -tal como figura en la querella criminal por usurpación no violenta que presentó contra 10 comuneros en octubre de 2014, a casi un año de la ocupación-, sostiene que la oferta de ceder el terreno así como la entrega de dinero no fue un acto voluntario, sino que obedeció al temor y a una estrategia para calmar la situación. Incluso ampliaron la querella por el delito de extorsión. Desde el entorno del alemán, explican que la ocupación del predio estalló en conjunto con el juicio por el caso Luchsinger-Mackay y que, por lo tanto, trataron de evitar una escalada de la tensión que pudiera derivar en actos de violencia. Redlefsen decía temer por su vida.

La comunidad Román Millapán lleva tres años ocupando las 45 hectáreas y restan solo dos, para que según el decreto de ley 2.695, puedan reclamar jurídicamente las tierras. Es justamente este hecho el que, desde el año pasado, tensionó la convivencia entre lo vecinos, ya que Redlefsen desea que las hectáreas le sean devueltas y para eso debe hacer uso efectivo de ellas, el mismo requisito que tienen los mapuche para mantenerlas en su poder.

Las denuncias de hostigamiento

La comunidad ha denunciado que desde el año pasado están sometidos a un intenso hostigamiento por parte de un grupo de trabajadores del fundo El Refugio que han dañado cultivos, cercos, construido zanjas y bloqueado accesos al predio.

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Según han declarado se trata de una especie de guardias a los que también han calificado como “sicarios” del fundo. El grupo de sujetos se asentó a pocos metros del predio ocupado, instalaron un container con camuflaje militar y desde ahí vigilaban los pasos de la comunidad con drones incluidos, según revela el defensor público de la comunidad, Mauricio Obreque.

Uno de los episodios de violencia más críticos ocurrió la mañana del 10 de noviembre de 2015, cuando un grupo de 15 encapuchados ingresó al terreno de la comunidad,- que cambió su nombre por Román Millapán-, realizó destrozos, incendió un container y atacó a los comuneros. Dos de ellos, Marcos Poveda y José Bahamondes, quedaron con lesiones de consideración. Bahamondes, por ejemplo, constató una fractura de nariz. Además, los encapuchados arrojaron purines -bosta de animales en estado líquido, utilizado comúnmente como fertilizantes-, al interior de las viviendas que han sido levantadas por los comuneros. El Intendente de Los Ríos, Egon Montencinos, presentó una querella contra quienes resulten responsables de las agresiones contra los mapuche y la investigación de la Fiscalía sigue en curso.

“No vamos a tolerar como gobierno ningún hecho de violencia, venga de donde venga. En esto no tenemos doble discurso como gobierno” dijo el intendente en esa ocasión. También la comunidad cuenta con el respaldo de la alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes, quien ha denunciado públicamente el hostigamiento al que ha sido sometida la comunidad.

Días después, el 25 de noviembre de 2015, Carabineros detuvo al empresario lechero junto a sus trabajadores Héctor Ayala Rivera y Daniel Alvarez Corvalán. Esto, luego de que fueran sorprendidos destruyendo un puente construido por los mapuche e instalando piedras de gran tamaño con una máquina retroexcavadora para bloquear el acceso. Redlefsen quedó con medidas cautelares de prohibición de acercarse al predio y a los comuneros.

Esa misma tarde, mientras el empresario estaba detenido en la Subcomisaría de Paillaco, en calle Arturo Prat, otros tres trabajadores del fundo, que actuaron encapuchados y armados con palos, en presencia de varios testigos, zamarrearon y amenazaron de muerte a la dirigente de la comunidad, Verónica Henríquez. Los agresores fueron identificados como Ángel Villagra Ferrada, Juan Fernández Flores y Daniel Leiva Fonseca, quienes quedaron formalizados por desórdenes y amenazas. Sobre estos hechos, el empresario afirmó no saber nada

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Sobre Villagra Ferrada, el fiscal Marcelo Leal aseveró en la descripción de los hechos ante el Juzgado de Garantía de Paillaco que éste le dijo a Verónica Henríquez “te voy a matar vieja intrusa y voy a reventar a todos ustedes”, con claras intenciones de agredirla­.

Por esta causa, el intendente Montecinos también se querelló por los delitos de amenaza y desórdenes públicos. “Esta querella es contra tres personas, que amenazaron e intimidaron a la dirigente Verónica Henríquez, estas prácticas anormales y fuera del marco de la ley, las vamos a perseguir con el marco legal jurídico, así como siempre hemos dicho, el único enemigo que tenemos es la violencia”, aclaró la autoridad.

El Ministerio Público ofreció una salida alternativa de acuerdo conciliatorio entre ambas partes. Hace una semana, en la audiencia en el tribunal de Paillaco, los formalizados Villagra y Hernández, ambos con antecedentes penales previos, pidieron disculpas a la comunidad y declararon que fue Redlefsen quien les ordenó hostigarlos.

Villagra declaró: “Bueno, yo quiero pedirle disculpas a usted (Verónica Henríquez) y a la comunidad, si cometimos un error, Don Broder fue quien mandó esto, nosotros en ningún momento… no fue voluntad de nosotros”.

Y Fernández agregó: “Yo igual le quiero pedir disculpas a su comunidad, si yo mismo cometí un error, puta, pido mil disculpas a todos y usted sabe que fue Don Broder el que nos mandó a nosotros”.

Tanto la dirigente como el intendente valoraron el acuerdo. “Esto nos deja tranquilos porque como Gobierno comprometimos apoyo jurídico para que esta comunidad pueda vivir sin temor y sin violencia”, dijo Montecinos.

Verónica Henríquez, en tanto, en conversación con The Clinic Online, sostuvo que luego de la agresión y los hostigamientos permanentes está con psicólogo porque no puede dormir por las noches: “Yo quiero mi tierra, la voy a defender como sea, aunque nos agredan y amenacen. Los sicarios del gringo no han tenido ninguna consideración, ni siquiera con las mujeres embarazadas” y comentó que se trata de tierras sagradas, donde hay cuatro cementerios de sus antepasados.

Sobre las amenazas de muerte que le hicieron, la dirigente afirmó que luego del acuerdo “quedó en evidencia la verdad y se comprobó que Broder Redlefsen mandaba y pagaba a los sicarios. Ellos confesaron que él canceló para que nos hostigaran”.

Según el fiscal del caso, Marcelo Leal, no hay antecedentes  para hablar de sicarios porque no ha ocurrido ningún homicidio y descartó que se trate de la instalación de paramilitares en la zona, pero sí aseguró que estos delitos se enmarcan dentro de la violencia rural que aqueja al sur del país.

“De parte de la Fiscalía Regional, existe preocupación en este caso porque esto es parte de lo que se ha conocido como violencia rural. Tenemos el compromiso de esclarecer los hechos. Hemos investigado todas las aristas desde que la comunidad está ocupando los lotes, algunas se han judicializado y en otras hemos buscado salidas administrativas”, sostuvo el fiscal Leal.

Sin embargo, la defensa judicial del empresario alemán ha argumentado que no se trata de guardias, sino de trabajadores agrícolas que tienen derecho a hacer uso productivo de las tierras que corresponden al fundo y que están siendo ocupadas por la comunidad. También han sostenido que el terreno colindante a la ocupación, donde están asentados los sujetos e instalado el container, está bajo un contrato de arrendamiento. Además, afirman que la comunidad sí ha incurrido en amenazas, hurtos y actos violentos en varias oportunidades, incluso hay una denuncia contra uno de los comuneros por porte ilegal de armas.

El conflicto por los títulos de tierra

Pese a que Redlefsen presentó la querella criminal por usurpación no violenta para que los comuneros fueran desalojados y el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prohibición de acercarse al empresario y al predio ocupado, el 3 de febrero de 2015 el Tribunal de Paillaco rechazó ambas peticiones.

La Defensoría Penal Pública asumió la defensa de 10 personas que fueron imputadas por usurpación. Su Defensor, Mauricio Obreque, señala que la querella criminal fue parte de una estrategia: “Mi impresión, desde la vista punto de técnico, es que los querellantes tenían por fin instrumentalizar el derecho penal para pedir medidas cautelares que permitieses expulsar de las tierras a los integrantes de la comunidad, cuando, en un caso de estas características, se debió optar la justicia civil para que resolviera. Finalmente, esta discusión llegó hasta la Corte de Apelación de Valdivia, que falló a favor de la comunidad”, explica.

Por su parte, la estrategia que siguió la defensa de los comuneros fue cuestionar los requisitos para que se constituyera el delito de usurpación. “Para eso debíamos determinar si las parcelas pertenecían o no al ciudadano alemán. Solicitamos un peritaje de título al abogado Alfonso Banda Vergara, que hizo un estudio muy acabado, que nos permitió tener una teoría sobre la propiedad de los terrenos muy sólida en caso que fuéramos a un juicio oral”, señala Obreque. Actualmente la causa está con suspensión condicional por un año.

Los cuestionamientos sobre la propiedad del terreno, también han sido avalados por un informe del Ministerio de Bienes Nacionales. El Seremi de la región Claudio Lara, dijo que la revisión de títulos determinó que ni Redlefsen ni la comunidad tienen derechos sobre las 45 hectáreas reclamadas. “En la práctica estos terrenos son de una familia Agüero, la que no aparece en la zona”, sostuvo Lara en diciembre de 2015.

Sin embargo, la defensa del empresario alemán también encargó un estudio de título que asegura que aunque existiesen cuestionamientos menores, como es común en los terrenos del sur, en este caso se aplica la figura civil de prescripción adquisitiva extraordinaria, que implica que cuando alguien ha tenido una propiedad por más de 30 años, queda a su nombre. La sociedad Mahacar, a través de la que Redlefsen es propietaria del fundo, “ha estado en posesión material, pública y no interrumpida del inmueble por más de 36 años”.

Consultado sobre la disputa que se mantiene con la comunidad, Michael Grasty, antiguo abogado del empresario desde que llegó a Chile en 1979, comentó que Redlefsen desde el inicio de la ocupación de las tierras ha buscado apoyo de la autoridad para que medien en la solución del conflicto. Hasta la fecha sigue esperando que alguien acepte su petición, afirmó.

El empresario que permanece solo la mitad del año en el país y durante el invierno vive en Alemania, luego de ser detenido por Carabineros el año pasado, dio una entrevista a El Mercurio en la que aseguró sentirse desilusionado de Chile y dijo que estaba perdiendo las ganas de trabajar en el país. Aún así, afirmó que no entregará las tierras: “La única solución es que se vayan. Pueden solucionar esto con el Estado, pero no conmigo”, sostuvo enfático.

El abogado de la comunidad asegura que pese a que el Estado de Chile se resista a cumplir los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derechos indígenas como el convenio 169, son parte del ordenamiento jurídico: “Esta comunidad está formada por gente de mucho trabajo, mujeres, abuelitos y que han ocupado el terreno siempre de manera pacífica. Son gente que de generación en generación han transmitido la vejación que sufrieron sus antepasados. En este momento, ellos están ejerciendo los derechos que se les reconocen en los tratados internacionales que el Estado chileno ha suscrito y que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, aunque no siempre Chile los cumpla de buena ganas”, concluye Obreque.

*Fotos gentileza diario Paillaco.