La nueva caja negra de las platas políticas

El oficio que la semana pasada ordenó la incautación de la contabilidad de 14 empresas vinculadas al financiamiento irregular de las campañas de Laurence Golborne e Iván Moreira se convertirá, apuntan distintas fuentes vinculadas a la investigación, en una nueva bomba para la clase política, toda vez que al menos tres de las empresas investigadas –Ripley, Inversiones Caburga y el grupo Hurtado- tendrían facturas ligadas a donaciones anómalas a candidatos de todos los partidos políticos.

Altas fuentes de la indagatoria precisan que la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por Manuel Guerra y que tiene entre sus integrantes a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, apuntará a estas tres compañías porque en ellas se configura –con montos menores- una especie de “nueva Soquimich”: aportes transversales mediante el sistema de boletas y facturas ideológicamente falsas, lo que elimina la acusación de “sesgo político” que se ha esgrimido al criticar la investigación.

Uno de los temas que preocupa al oficialismo es la situación de Ripley donde, tal como publicó El Mercurio en enero, existe un pago gestionado por el operador político Giorgio Martelli -el recaudador de fondos de la precampaña de Michelle Bachelet a través de Asesoría y Negocios SpA- a Asesorías Credo Limitada, constituida el 20 de agosto de 2013 por Magdalena Velasco Weber y su esposo, el publicista Diego Perry Aldana, según consta en el Servel, es uno de los proveedores de la campaña de la Presidenta.

Según información recabada por The Clinic Online, la rectificación de ECCSA SA., grupo controlador de Ripley, de los $50 millones involucrados en la operación –junto con otros servicios que también fueron declarados como sin sustento ante el SII-, son la base de la tesis del Ministerio Público de que se estaría ante un aporte directo similar al que se realizó vía Reactor SpA a la campaña de Pablo Zalaquett.

Más aún, fuentes empresariales, apuntan a que, además de Martelli, habría jugado un rol en el vínculo con la compañía el empresario Jorge Rosenblut, exgerente de Endesa y que también actuó como puente con Soquimich.

En una situación similar estarían dos entidades de Grupo Said (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia), que presentaron una rectificación superior a $600 millones y las compañías del Grupo Hurtado (Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado).

Un elemento que hace más compleja la situación para las empresas donantes de fondos irregulares y los políticos receptores es el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago al fallar la solicitud de sobreseimiento de la defensa del ex senador UDI Carlos Bombal. Bombal le pidió a un cercano emitir una boleta a Penta para allegar recursos a un excandidato a diputado. Pues bien, la Corte no accedió a sobreseerlo ya que consideró que la denuncia ante el Ministerio Público y la querella del SII en contra de Penta, permite la persecución penal de Bombal. “La realidad fáctica denunciada en que intervino el imputado Bombal se encontraba debidamente descrita en dicha actuación, por lo que no puede sostenerse que no se haya cumplido con la exigencia de procesabilidad de la acción penal tributaria que contiene el artículo 162 del Código Tributario por parte del Servicio de Impuestos Internos”.

La posibilidad de formalizar e investigar quedó abierta así para la Fiscalía y es la puerta que pretende usar Guerra y su equipo.

Según representantes de empresas investigadas la gran duda es qué hará frente a esto el Servicio de Impuestos Internos, toda vez que la propuesta de rectificación a las compañías se hizo bajo el supuesto de que ello implicaba, apuntan en el sector, a que se aceptaba la inexistencia de dolo, se corregía el error y se cerraba la opción de una investigación penal. Ello, sin embargo, no ha ocurrido.

“El problema es la incerteza. Por ejemplo, si se abre un nuevo retorno de capitales, vía rebaja de impuestos o perdonazo, nadie va a creer que eso se va a cumplir. A ningún cliente se le va a recomendar hacer uso de esta herramienta”, apunta un relevante abogado de la plaza.