Canciller Heraldo Muñoz A1

Una carta de 18 páginas que contiene un anexo de referencia al Derecho Internacional de los derechos humanos fue enviada en abril pasado a la Cancillería chilena por siete autoridades de la ONU pidiendo información sobre el impacto que tendrá el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en inglés) en materia de derechos humanos.

Expresando preocupación por la entrada en vigencia de ese polémico acuerdo, los expertos internacionales criticaron la falta de transparencia y la transgresión a derechos de pueblos indígenas durante la negociación de un acuerdo que firmaron en febrero pasado 12 países -incluido Chile- y que ahora deberá ser ratificado en el parlamento.

Un documento que ahonda en las posibles vulneraciones que tendría en materias como el resguardo de la libertad de opinión y expresión en Internet y la obstaculización de diversos derechos humanos con ese convenio. Una carta que además hace una pregunta clave para el futuro del TPP: cómo convivirá ese polémico acuerdo internacional sin pasar a llevar los tratados internacionales a los que adscribe Chile.

La carta

El 20 de abril de 2016 la embajadora representante de la misión permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unida en Ginebra, Marta Maurás, recibió un correo de siete autoridades ONU con la petición de reenviar un documento al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Según el papel, al que accedió The Clinic Online, también fue enviado “en términos similares” a los demás países firmantes del TPP.

Dicha carta (ver al final de esta nota) aparece firmada por siete referentes en materias de derechos humanos: la relatora especial en la esfera de los derechos culturales, Karima Bennoune; el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred De Zayas; el relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pûras; relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Lucía Tauli-Corpuz; la experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Virginia Dandan; y el relator especial obre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci.

En el texto, las autoridades ONU plantean varias preocupaciones por el posible impacto perjudicial que el TPP tendría “sobre el disfrute de varios derechos humanos y libertades fundamentales”.

Estos se separan en dos líneas: la primera, refiriéndose a una falta importante de transparencia y a la exclusión de organizaciones de la sociedad civil o comunidades directamente involucradas de este proceso. Acá, en específico se señala no haber cumplido con estándares internacionales, particularmente con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Además, las autoridades ONU señalan que una de las principales críticas es que el texto del TPP fue conocido semanas después de terminada su negociación, imposibilitando el debate público antes de ser finalizado, y que en ese mismo ítem, a diferencia de la sociedad civil, las empresas transnacionales “gozaron de una amplia oportunidad para participar en las diferentes etapas del proceso de negociación, creando un desequilibrio entre los intereses privados y con fines de lucro, por un lado, y las libertad públicas y derechos humanos por el otro”.

Explicaciones a la ONU

Pero además de las inquietudes por transparencia, el documento se detiene en temas específicos cuestionados por organizaciones civiles como la opción de “prolongar monopolios existentes y crear obstáculos adicionales y retrasos indebidos en la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos”, el aumento a las protecciones de derechos de autor y la exigencia de ratificar el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 1991 (UPOV 91), entre otros.

Un tema abordado en la carta es por los “incentivos legales” para proveedores de servicios de Internet, donde se expresa la preocupación de alojar la responsabilidad de determinar si algún contenido en la web que es ilegal, recaiga en dichos proveedores.

“Nos preocupan las disposiciones de los artículos 18.82 (1) y 18.82 (3) (a), las cuales consagran el enfoque de ‘retirar primero, cuestionar después’ que incentiva a los Proveedores de Servicios de Internet a eliminar contenido basado en alegaciones de infracciones que no fueron probadas y, por tanto, tendrá un efecto disuasivo que puede restringir indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión en línea”, señala la carta.

Otro de los temas ampliamente abordados en el documento es sobre la solución de controversias interestatales y de inversores con el Estado. “La composición, procedimientos y jurisdicción de ambos mecanismos parecen no cumplir con las garantías del derecho a un recurso efectivo, a un juicio imparcial y debido proceso”, dice el texto.

Entre los puntos cuestionados están las disposiciones laborales del Capítulo 19 del TPP, que sólo podrán ser invocadas por los Estados o inversores y no por otras partes interesadas como sindicatos, federaciones comerciales y grupos de defensa laboral.

Además, los firmantes se muestran preocupados por un potencial “efecto paralizador” donde las disposiciones de solución de controversias entre inversores contenidas en el TPP “establecen una base sobre la cual las empresas pueden cuestionar a los gobiernos sobre la legislación o políticas hechas en interés público, en particular, la realizaciones de los derechos humanos”.

Por ese motivo, las autoridades ONU le solicitaron en la carta a la Cancillería chilena que entregue información para despejar esas inquietudes y explicar cómo los procesos de la elaboración, negociación y firma del TPP son compatibles con las normas internacionales relativas al derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos y a los derechos de participación, consulta y consentimiento de pueblos indígenas.

Además, los relatores especiales y expertos piden explicar cómo la regulación del TPP sobre protección de propiedad intelectual puede ser compatible con normas internacionales relativas a derechos como del más alto nivel posible de salud física y mental, alimentación, participación en la vida cultural y a gozar de beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.

En el caso de los proveedores de servicios de Internet, se solicita que informe qué medidas serán tomadas para garantizar que el estándar establecido por el TPP cumpla con tratados internacionales de derechos como a la libertad de opinión y expresión y otros derechos humanos.

Por último, en materia de solución de controversias los expertos piden que Chile explique cómo son compatibles las disposiciones de dicho acuerdo con el derecho internacional, en particular con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Chile no puede no responder”

Consultados por este documento, hasta el cierre de esta edición desde Cancillería no respondieron si es que ya se había respondido a las autoridades de ONU ni cuál fue el contenido de esa respuesta.

Sin embargo, el mismo canciller Muñoz ha defendido la firma del acuerdo de las diversas críticas que ha recibido y ha señalado que “es cosa de leer el acuerdo para darse cuenta que Chile protege su soberanía en todos los planos, y la capacidad de regular del Estado se mantiene”. “Nuestros intereses están salvaguardados. Creemos que este acuerdo se ha equilibrado y va en la línea de crear más prosperidad, más empleo y, en definitiva, salvaguardar aquello que teníamos que proteger”, dijo en febrero pasado, tras asistir a la firma del tratado en Nueva Zelanda.

De todas maneras, desde organizaciones sociales que se han opuesto firmemente al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica reconocen como un avance muy relevante como Naciones Unidas solicite información para transparentar la negociación del TPP y de cómo se resguardarán derechos consagrados en tratados internacionales de ser ratificado y entrar en vigencia.

“Este documento viene a refrendar las preocupaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas de la incompatibilidad del TPP con los derechos humanos y va a entregar a los parlamentarios insumos con los que no contaban hasta ahora, por la naturaleza de la negociación de ese acuerdo”, señala José Aylwin, abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas y miembro de la plataforma “Chile mejor sin TPP”.

El jurista señala que el texto da razón a organizaciones que han criticado las implicancias de este acuerdo y ratifica que Chile pero no puede vulnerar otros pactos o compromisos que ya tenían y que resguardan estos derechos fundamentales.

“El Estado de Chile no se puede amparar en acuerdos de secrecía negociados en el marco del proceso de aprobación del TPP para no responder”, señala Aylwin.

LEE ACÁ LA CARTA ENVIADA A CANCILLERÍA:

La letra chica del acuerdo TPP que atrasa la entrada de remedios más baratos al mercado chileno – The Clinic Online