Lorena-Pizarro
La tarde del martes, relata Lorena Pizarro, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, acudió junto a la directiva de la entidad al Servicio Médico Legal para abordar la situación del perito Ítalo Sigala.

El día anterior, The Clinic Online había revelado que los trabajadores del área de salud mental de la institución habían decidido realizar un paro funcionario luego de constatar que Sigala había diagnosticado erradamente Ariosto Lapostol Orrego, exsuperior del General Juan Emilio Cheyre, investigado por secuestro calificado en la causa de asesinatos ocurridos en La Serena el 16 de octubre de 1973 en el marco de “La Caravana de la Muerte” . Sigala había descrito “un deterioro cognitivo severo, en el contexto de una demencia senil” que hacía inimputable a Lapostol. Sin embargo, los tribunales ordenaron un nuevo examen mental por parte de un equipo multidisciplinario que lo encontró apto para ser enjuiciado.

-Le manifestamos a los trabajadores y trabajadoras del SML que nos parecía muy valiente lo que ellos están haciendo y le hablamos de la preocupación que esta situación nos genera. Lo del SML siempre ha sido una preocupación, especialmente tras los problemas en la identificación de restos del Patio 29. Esas situaciones eran un botón de muestra de problemas de poca rigurosidad. Eso fue mejorando y hace un par de años, tras ver el avance en los mecanismos de control, dijimos que habíamos recuperado la confianza en esta institución del Estado. Sin embargo, las dudas éticas sobre este profesional, hacen que retrocedamos.

¿Conversaron también con el director Juan de Dios Reyes Magallanes? Él anunció el inicio de un sumario.
Nosotros vamos a estar muy atentos a esa indagatoria porque aquí hay funcionarios públicos con un rigor y ética a toda prueba que señalan que hay un perito que incurre en falta de profesionalismo, y eso es gravísimo, en particular en casos de violaciones a los derechos humanos. No hay que olvidar que situación de Lapostol es compleja porque involucra a Juan Emilio Cheyre. Al director le señalamos que las confianzas están en cuestionamiento por lo que necesitábamos respuestas concretas.

¿Qué pidieron específicamente?
Le pedimos que el sumario a realizar sea diligente, riguroso y rápido, porque en este caso no se puede esperar dos años. Y le exigimos que dada la situación no se le ordene a este perito realizar diligencia alguna en casos de violaciones a los derechos humanos y, de ser factible, que es lo que estamos consultando con nuestros abogados, que se pueda apartar a esta persona de sus funciones dada las pruebas entregadas por el departamento sobre este perito. Que se aparte hasta que finalice la investigación.

En la carta de los funcionarios se mencionan otras conductas complejas del perito en cuestión, algunas de causas de Derechos Humanos y otras relacionadas, por ejemplo, con el Caso Bombas.
Sí, pero se nos señaló que esta situación de Lapostol se conoció hace uno o dos meses y, por lo mismo, creemos que se debe hacer los correcto porque no se pueden romper otra vez las confianzas y las medidas que nosotros tomemos dependerá de las pruebas que se consiga en el sumario interno.

¿A qué atribuye usted esta situación?
Lo concreto es que en el caso de Lapostol el perito señala que estaba enajenado, y eso no era así. Y una situación similar se replica en otras dos causas, entonces desde el dictador Augusto Pinochet hasta los de Punta Peuco recurren a profesionales para que declaren que su salud está deteriorada para lograr impunidad. Hubo, hay que recordar, médicos torturadores que nunca han respondido por lo que hicieron, y que permite que se tome con tanta liviandad acciones de este tipo. No es que a este perito se le ocurrió “Ah, voy a proteger a Cheyre declarando interdicto a Lapostol”. Esto es parte de una operación de encubrimiento que aún se sigue sosteniendo en este país.