En diciembre de 2016, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) emitió un comunicado anunciando que la escuela tomaría nuevas medidas de seguridad tras los acontecimientos que amenazaron sus dependencias durante ese año: dos amenazas de bomba anónimas, y el hallazgo de un artefacto explosivo que el GOPE desactivó.

La misiva solo menciona las medidas de forma implícita: “Se adoptó la decisión de implementar una medida de control de acceso a Beauchef 851, que no representará molestias significativas para los miembros de la comunidad de la Facultad, pero sí un control más personalizado sobre los visitantes ocasionales que por diversos motivos ingresan a esa parte del Campus”.

Se trata, en rigor, de realizar un inédito control en las puertas de acceso al lugar, a través de puertas similares a las vías de salida de los andenes de metro, que se instalaron a inicios de diciembre. En paralelo, se implementó un reforzamiento de cámaras de seguridad, la contratación más guardias y el cierre del acceso desde los edificios de Química y Física.

Desde marzo, además, se instalarán torniquetes como los de acceso al transporte público pero en vez de tarjeta BIP o pase escolar, se entrará con la tarjeta universitaria (TUI). Así consta en un acta de reuniones sostenidas entre el Consejo de Estudiantes de Facultad y autoridades de la escuela, este sistema de control de acceso se instalará paulatinamente: durante marzo y abril funcionarán sin necesidad de pasar la TUI, para luego, en los últimos días de abril o primeros de mayo, implementar el sistema de reconocimiento del chip de cada tarjeta.

Los representantes de los estudiantes de la FCFM han manifestado su rechazo, por “problemas prácticos, poca eficacia, imposición autoritaria y gesto político”, consigna la última acta. El decano Patricio Aceituno también manifestó su desacuerdo durante otra instancia– Consejo de Facultad sostenido a fines de diciembre-, donde dijo que pese a sus reparos debía implementarla igualmente, por responsabilidad política.

Al respecto, el decanato ha optado por no referirse al respecto, y solo han mencionado que las medidas de seguridad efectivamente han incrementado y están bajo resguardo.

LA ALARMA

El 8 de abril de 2016, poco después de las 19:40 horas, estudiantes, funcionarios y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile fueron evacuados de todas las dependencias de calle Beauchef. Un guardia había encontrado, dentro de una bolsa de basura, “un aparato presuntamente explosivo, con un reloj montado sobre él”, dice la querella que presentó el decano Patricio Aceituno el 10 de mayo, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Según el documento, inmediatamente hallado el artefacto sospechoso llamaron a Carabineros. Llegó el GOPE, y determinaron que efectivamente se trataba de un artefacto explosivo de carácter incendiario que luego fue desactivado.

La querella interpuesta acusa los delitos de “colocación y activación de bomba o artefacto explosivo en un edificio público de acceso público”, amparados en el artículo 14 D del Decreto Supremo 400 y la ley sobre conductas terroristas (18.314). La acción legal aún no finaliza y sigue con un “N.N” en la casilla del “querellado”, pues aún se desconoce quién o quiénes instalaron el aparato en la FCFM.

Días después de la querella, el 18 de mayo, el abogado representante de la Universidad de Chile -que figura como querellante junto al decano Patricio Aceituno-, envió nuevos antecedentes a la causa: una publicación en internet en la cual “un grupo extremista se adjudica el atentado del día 8 de Abril pasado y que dio origen a la querella interpuesta el 10 de Mayo”, dice el oficio acompañado de documentos que copian la publicación mencionada.

Se trata de una entrada en un blog, el mismo sitio web en que se emitió una declaración adjudicándose el atentado contra Óscar Landerretche, firmado por el nombre que ha dado que hablar y debatir estos días: “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”. Allí, los presuntos y anónimos autores de los ataques a la FCFM, se autoreconocen como autores de tres ataques y/o amenazas en distintas universidades de México, otra en Buenos Aires, y uno ocurrido en Santiago de Chile. Con una pequeña imprecisión -afirman que el artefacto fue puesto el 6 de abril, pero fue hallado el 8 de ese mes-, dicen que la acción “fue objetivo de nuestra voluntad hecha atentado” y reclaman que los medios de comunicación hayan “censurado” los hechos sin darle publicidad a sus reivindicaciones.

 

También se adjudican la carta bomba que llegó al domicilio del presidente de Codelco, Óscar Landerretche. “No busquen más, los terroristas de ITS son los orgullosos responsables”, dice un fragmento, junto a una serie de críticas a proyectos mineros e indicando que, de no llegar al domicilio de Landerretche, llegaría a manos de un docente de la FCFM.

Ahora, en la misma carpeta en que el abogado representante de la Universidad de Chile adjunta las publicaciones del blog “eco extremista” – como se autodenominan-, también se da cuenta de un par de correos anónimos firmados por “Colectivo Gladys Mamani Mamani”. El primero, enviado al mediodía del jueves 12 de mayo de 2016 al correo del mayordomo de la FCFM, alertaba con letras mayúsculas que se evacuara el lugar por una bomba que habría instalada en el edificio de Ingeniería Eléctrica, seguido de “No más represas – no más hidroeléctricas”. Esa vez, no se encontró ningún artefacto explosivo.

Cinco días después, llegó a la casilla del correo de una funcionaria de la administración de la misma carrera, una segunda amenaza de los mismos firmantes. “Lo de la semana pasada fue un aviso solamente”, decían nuevamente con letras mayúsculas, agregando una nueva amenaza.

  • Ni representantes de los estudiantes ni del decanato pueden dar declaraciones al respecto por motivos de resguardo y seguridad.