Los rectores de las universidades Diego Portales (UDP) y Alberto Hurtado (UAH), Carlos Peña y Eduardo Silva s.j., condicionaron la permanencia de sus universidades bajo el régimen de gratuidad tras conocer los detalles del acotado proyecto de Educación Superior presentado por el Mineduc.

En una columna llamada “La gratuidad sin reforma”, publicada este lunes por El Mercurio, Peña y Silva señalan que el resultado de la presentación “es del too insatisfacotorio” y que “si las universidades del G9 tienen motivos para la queja, a las universidades que no pertenecen al CRUCh y que han adherido a la gratuidad les sobran”.

Según los rectores, sostener la gratuidad de la misma forma obliga a sacrificar bienes como investigación, vínculos con el medio, actividad editorial, actividades que se costeaban con los aranceles de los estudiantes, con cargo a la renta actual o renta futura. Actividad “perfectamente verificable en las universidades que, cumpliendo la ley, no retiraban excedentes”, dicen.

Los académicos señalan que tras la implementación de gratuidad ha ocurrido una severa limitación de recursos que podría lesionar su calidad. Esto, porque la transferencia de dinero entregado por el Gobierno está por debajo de los aranceles y no incluye financiamiento para la investigación.

“Es verdad que la glosa presupuestaria consulta un financiamiento nominalmente destinado a ella, pero la verdad es que ese ítem no logra compensar ni el AFI que se suprimió ni la diferencia entre lo que percibían y los actuales aranceles regulados”, dicen.

Según lo relatado por los rectores, las instituciones han debido moderar sus programas de investigación, restringir la contratación de nuevas jornadas, suspender la mejora de su infraestructura física y congelar los incentivos a sus académicos.

Junto a eso, los rectores exponen que manteniéndose el actual sistema se dificulta que otras universidad adscriban a la gratuidad y así se mantiene un sistema altamente segmentado por criterios socioeconómicos, porque ellas no reciben aportes basales como los que sí reciben las universidades fundadas antes de 1981 agrupadas en el Cruch.

Esto podría lesionar la calidad de ambas universidades. “¿Qué sentido tiene que dos instituciones -podría todavía mencionarse otras- que han alcanzado en pocos años un nivel de calidad que bajo cualquier indicador las sitúa entre las mejores del sistema de educación superior chileno, vean estropeado su desarrollo por un programa de gratuidad -es inevitable decirlo a estas alturas- mal pensado?”, dicen.

Por último, Peña y Silva señalan que si se mantiene el diseño de gratuidad sin modificaciones, esas universidades no podrán adherir nuevamente al programa, que en 2018 pretende sumar al sexto decil. Según los académicos, en las condiciones actuales esto las obligaría a transformarse en instituciones meramente docentes, asistenciales, y a prescindir de las comunidades académicas destinadas a la investigación que ha costado años formar.

“¿Qué sentido tendría dar gratuidad a los estudiantes de los primeros deciles si, por falta de recursos, las instituciones no estarán en el mediano plazo, como sí han estado hasta ahora, en condiciones de conferirles un certificado de alto valor relativo que les permita situarse entre las élites profesionales e intelectuales?”, señalan.

Finalmente, los rectores dicen que es paradójico y a veces absurdo que sus instituciones -que poseen calidad verificable, tienen orientación pública y son sin fines de lucro, se vean perjudicadas por un programa guberamental “que inexplicablemente, ha cerrado los ojos frente a la heterogeneidad de las instituciones creadas luego de 1981”.