Esta semana, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, pedirá audiencia para formalizar a diez nuevos implicados en el fraude en Carabineros, que ascendería hasta ahora a 10 mil millones y que dirigía la llamada “mafia de la Intendencia”, dedicada a “maquillar” presupuestos para extraer recursos de forma ilícita. Con la nueva solicitud, en total, sumarán 35 los imputados. De ellos, 15 serán formalizados el lunes 10 de abril a las 9:00 horas. Anteriormente Campos imputó cargos a otros 10 exfuncionarios, de los cuales ocho quedaron en prisión preventiva, mientras que dos se encuentran con arresto domiciliario nocturno.

Las pesquisas del Ministerio Público, y la indagatoria interna de los uniformados, abarca todas las reparticiones donde se concentran recursos en Carabineros y, en particular, aquellas en donde trabajaron los supuestos líderes de la banda delictual: el jefe de departamento de Presupuesto y Finanzas, el coronel (r) Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela San Martín y Robinson Carvajal, quien renunció en 2015 a la institución. Ellos habrían operado bajo el alero del exgeneral Flavio José Echeverría, quien también estaría involucrado en el ilícito.

“La investigación ha avanzado a pasos agigantados. Solo en el análisis de la cuenta de remuneraciones de Carabineros, las cifras ya aumentaron. En forma paralela, iniciamos el estudio de la cuenta de desahucios, donde podemos encontrar otras cifras que también pueden aumentar la malversación”, afirmó el fiscal.

¿Qué habrían hecho con los recursos extraídos los uniformados? Según detalla la investigación del Ministerio Público, hay cuatro áreas donde pueden haber ido a parar los dineros: cuentas bancarias e instrumentos financieros; inmuebles y bienes raíces; vehículos; y sociedades que habría permitido operar los fondos de origen ilícito sin levantar sospechas.

The Clinic revisó las empresas formadas por las 99 personas que hasta ahora están siendo investigadas por el Ministerio Público. En total se trata de 59 sociedades, cinco de ellas están inscritas en Mercado Público y son proveedoras de distintas reparticiones del Estado, incluido Carabineros.

Jaime Valenzuela Calderón: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $487.206.326. Es socio en 11 empresas. A través de VVM INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA se ha adjudicado 11 licitaciones en municipios, hospitales, Gendarmería, entre otras.

Carla González Guerra: Obtuvo $374.830.701 como exceso de sueldo. Socia de Valenzuela Calderón en VVM INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA, posee además otras 5 compañías que van desde comercializadoras de máquinas industriales hasta consultoras. Una de ellas, HGR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA, se adjudicó dos licitaciones.

Claudio Venegas Godoy: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $464.328.845 millones. Sindicado como partícipe de la maquinaria,es dueño de Comercial Prodial Spa, a través de la cual obtuvo 3 licitaciones, dos de ellas en la Armada y otra en el zoológico.

Gonzalo Carrasco Quintana: Es el primer civil formalizado por el desfalco a Carabineros. En sus cuentas bancarias recibió más de $430 millones que provenían de las cuentas destinadas a remuneraciones de los uniformados. Carrasco, cercano a uno de los cabecillas de la organización criminal, el coronel (r) Jaime Paz Meneses, además es propietario de la empresa GCQ ILUMINACIÓN LIMITADA que ganó 22 licitaciones de Carabineros.

Ramiro Martínez Chiang: El exjefe de la sección de infraestructura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros entre los años 2010 y 2012, también habría sido parte del fraude. En 2013, fue llamado a retiro temporal por su vinculación con el caso de sobreprecios, por más de $1.600 millones en la adquisición de manera directa de 295 generadores eléctricos por parte del TIC a la importadora Mellafe y Salas S.A. Es propietario de la Sociedad de Ingeniería y Servicios en Automatización Bancaria y Seguridad. A través de esta empresa ha ejecutado 2 contratos y 3 licitaciones con Carabineros. Tiene, además, 4 órdenes de compra del Hospital San José.

Las 54 sociedades restantes que figuran a nombre de los indagados, y que están bajo sospecha del Ministerio Público, no han celebrado contratos con el Estado.