“El que manda”. Así era conocido en el mundo político el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Su sintonía fina con la Presidenta Michelle Bachelet y con la asesora Ana Lya Uriarte, hacían que la voz del socialista fuera una de las con mayor peso en La Moneda. Quienes conocen cómo opera el poder en Palacio aseguran que Bachelet siempre escuchaba a Aleuy y que en los temas clave su voz se imponía incluso frente a los ministros del ramo. Ocurrió cuando el titular de la cartera era el PPD Rodrigo Peñailillo y nuevamente con el DC, Jorge Burgos. Mario Fernández no tuvo mejor suerte. Quien cambió la balanza, sostienen fuentes de Gobierno, no fue “el Peta”, sino la propia Bachelet que adoptó una decisión relevante en un tema crucial sin consultar con quien había estado a cargo de manejar el tema mapuche.

El quiebre, sostienen fuentes consultadas por The Clinic Online, fue inevitable. Aleuy, partidario de endurecer las medidas en La Araucanía, se vio sin piso tras la determinación de la jefa de Estado de recalificar las querellas del Gobierno por ley terrorista contra cuatro comuneros en huelga de hambre. Sin poder, el socialista no tenía otra opción que dimitir, decisión que habría sido resistida ayer por la Mandataria que le habría dado como salida alternativa la autorización de tomar vacaciones por tres semanas. El descanso sería, apuntan, sólo una forma de retrasar una determinación ya tomada.

La ruta del quiebre

El pasado viernes, Aleuy se trasladó a Argentina en el marco de la Operación Huracán. La idea era buscar colaboración en el país trasandino en relación al operativo que culminó con la detención preventiva de ocho dirigentes mapuches por asociación ilícita.

Ese día, fue especialmente agitado en el palacio de Gobierno. El jueves, la gestión para que la justicia rebajara las medidas cautelares de los comuneros en huelga de hambre, había fracasado en tribunales. Familiares de los detenidos que cumplían 117 días en huelga buscaron entonces una intervención más directa del Ejecutivo. Se reunieron por separado con el ministro Fernández, con Uriarte y con la propia jefa de Estado.

El riesgo de la salud de los detenidos, hizo que Bachelet diera su visto bueno para recalificar las querellas por ley antiterrorista. Aleuy se habría enterado cuando la decisión ya estaba tomada.

Los ánimos estaban crispados y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, echó más leña al fuego. En una entrevista a El Mercurio sostuvo que “en la ‘Operación Huracán’ se abusó de efectismo comunicacional (…), probablemente a Héctor Llaitul (líder de la CAM y detenido en este operativo) se le pudo haber detenido cuando va a firmar, él está con firma mensual y no mediante esas imágenes televisivas (…). Creo que hay hechos violentos y que hay manifestaciones delictuales que pueden tener un móvil político, pero no hay terrorismo en La Araucanía. Sin lugar a dudas lo digo”.

La diferencia de criterio se daba en el momento de mayor debilidad de Aleuy, quien dio señales claras de su molestia. El lunes, suspendió su agenda y ayer sostuvo encuentros con Fernández, Uriarte y cerca de las seis de la tarde, con la propia Bachelet. A ella le habría manifestado su interés en dimitir. Ella le habría dado la alternativa de tomar su “feriado legal”.