El 23 de septiembre de 2001 comenzó la intervención policial de La Legua Emergencia. Desde esa fecha hemos sido el conejillo de Indias del Estado para establecer las políticas de seguridad en los sectores excluidos, como Bajos de Mena, El Castillo, o la población Parinacota. Una política pública que no solo es irresponsable en su origen, sino que al mismo tiempo se ha desplegado con una facilidad sospechosa. El año pasado, la Comisión de Barrios Críticos de la Cámara de Diputados discutió una serie de aspectos relacionados a esta expansión, y no existe ninguna evaluación respecto a las deficiencias que ha tenido la intervención.

En La Legua, esta situación ha generado un cerco perimetral controlado por la policía, una violencia cotidiana que vivimos desde hace 16 años. En cada esquina hay carabineros con fusiles y tanquetas blindadas, sin embargo, cuando comienzan las balaceras, ellos se van. Luego, cuando todo se ha calmado, regresan con un show, dando espectáculos junto a las autoridades, que quieren dar la impresión de que algo hacen, cuando en realidad no resuelven nada.

Es cosa de escuchar la retórica política que se ha creado en torno a nuestra población desde el 2001. Primero fue el subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil, quien inició la intervención, y luego Felipe Harboe, la más nefasta autoridad que hemos tenido, el responsable de la militarización policial y del profundo estigma que hoy padece la población. Siempre tratando de sacar rédito político, siempre yendo como patroncito a pasearse por la calle. Siempre como sheriff.

Tan fracasada es la intervención, que recién el año pasado nos enteramos que es la Intendencia la que está a cargo de ella. En 16 años nadie había sido capaz de responder esa pregunta. Esa es una de las tramas más impunes: el peloteo que han hecho los distintos actores que han concurrido a la población con políticas públicas y que más tarde se han desentendido. Ellos son los responsables de los mezquinos aportes que reciben las buenas iniciativas, que generalmente quedan en buenas intenciones, incapaces de transformar las lógicas que el narcotráfico impone.

En La Legua, la política pública en la que más se ha insistido ha sido la policiaca. Y ha fracasado. La máxima prueba de que el Estado no tiene (o no quiere tener) herramientas para solucionar uno de los tantos problemas que existen en los grupos más excluidos de este país. Desde su origen, nuestra población ha estado marcada por el despojo, la exclusión, y una relación tensa y ausente con el Estado. Nuestro país ha perdido la sensibilidad para recepcionar el sentir de la gente. No es necesario hacer un metadiagnóstico de lo que ya está diagnosticado, sino que revisar junto a los pobladores y pobladoras el sentido, significado, relevancia, y consecuencias de las políticas públicas. Lo que exigimos, en definitiva, es que se termine esta intervención de carácter policial represiva, y que se impulse una intervención socio cultural. Pero pareciera ser que a las autoridades no les interesa resolver las condiciones generadoras de la miseria que se relacionan con el narcotráfico.

Nosotros no estamos en condiciones de tener un estado paralegal, pero si continúan sólo con la política de la presencia policial, habrá elementos que avancen hacia allá. A mediados de septiembre, por ejemplo, una vecina de un pasaje denunció que un grupo de la PDI allanó su casa y no encontraron nada, pero se llevaron $900 mil que tres familias estaban ahorrando para sus vacaciones. Su caso no es el único. Hay varios más, lo que habla de un patrón de comportamiento de las policías. A eso se le suma el exceso de la fuerza: tiran bombas lacrimógenas adentro de las casas y golpean a los integrantes de las familias. Un show mediático que justifican llevándose presa a gente inocente.

El Estado chileno es el responsable del cerco social que hoy tienen los barrios intervenidos. El mejor ejemplo es que los chicos que fueron detenidos a comienzos de esta semana en La Legua, luego de las balaceras ocurridas, son miembros de la misma banda que supuestamente el fiscal Alejandro Peña desbarató, con mucha parafernalia, hace ya muchos años. Entonces, ¿qué hizo el Estado por los huérfanos que dejó la intervención? ¿Qué contención real y concreta les ofreció a aquellas personas?

Es cierto, el narcotráfico es desgraciado, criminal, violento, y desde todo punto de vista merece el repudio, pero también es verdad que el Estado no ha hecho nada por ofrecer algo distinto que la represión. Los jóvenes que forman parte de él están inmersos en una cadena que da prestigio, y poder, y están dispuestos a mantener eso hasta con la muerte. Como dijo Pablo Walker, el capellán del Hogar de Cristo, “es mejor ser narco que ser nada”.

Se habla con mucha facilidad del mundo narco de La Legua, cuando en realidad los narcos no viven en la población, sino que trabajan allí. Y no le venden mayoritariamente a la gente de la población. No son los trabajadores, ni la gente común y corriente, la que compra droga. Si en verdad quieren ir en busca de los narcos, busquen en otros lugares, como en el mundo financiero o en la inversión inmobiliaria. No lo digo yo, lo dicen los informes internacionales respecto a la situación del narcotráfico en Chile.

Eso habla de la importancia que tiene la droga en la vida económica de un país.