Diversos medios de prensa han confirmado que el Tribunal Constitucional eliminó las facultades sancionatorias recientemente otorgadas al SERNAC. Esta facultad respondía a un anhelo de la ciudadanía de contar con un servicio de defensa de los consumidores que tuviera fuerza y “dientes” para enfrentar el abuso y los desequilibrios que existen entre empresas y consumidores.

Durante años, los consumidores han sufrido tremendos desincentivos para hacer valer sus derechos, pues deben cubrir los honorarios de un abogado y esperar en ocasiones hasta cuatro años que puede demorar una sentencia de última instancia. Este desequilibrio entre consumidor y empresa genera en las personas impotencia y una sensación de que el Estado no resguarda sus derechos y el acceso a la justicia.

En la discusión en el Congreso Nacional por el fortalecimiento del SERNAC, que duró más de tres años, fue necesario superar la oposición cerrada de los parlamentarios de derecha y de la Cámara Nacional de Comercio, debiendo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet articular altas mayorías para superar el entramado de leyes de quórum reforzado que la Constitución mantiene intacta para dificultar los cambios.

Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ha desconocido todo el trámite democrático, entrometiéndose en un tema que es de política pública y ha declarado que este modelo pro consumidores es inconstitucional. En conclusión, para este Tribunal Constitucional las agencias administrativas con facultades sancionatorias tendrían vicios de inconstitucionalidad, lo que pone en peligro a todos los usuarios protegidos por las superintendencias y a todos los trabajadores protegidos por la Inspección del Trabajo.

Este fallo representa una vuelta atrás de décadas en lo que respecta a derechos de trabajadores y ciudadanos, pues producto de esta decisión del TC, cualquier empresa podría reclamar sanciones ante los tribunales tomando como base la sentencia sobre el SERNAC.
Junto con esta fuerte amenaza de regresión en la protección de derechos, cabe hacer una profunda reflexión por la afectación en el que el TC deja a las instituciones democráticas, fundamentalmente al Congreso Nacional, lo cual se traduce en una pérdida de relevancia de su rol legislador.

El rechazo de los ministros de derecha del TC, usándolo en la práctica como una tercera cámara, y excediendo sus atribuciones, ataca directamente en contra de los derechos e intereses de los millones de chilenos y chilenas que han enfrentado abusos en sus derechos como consumidores durante años.

En ese sentido, resulta fundamental recordar que en el próximo periodo presidencial quien resulte elegido primer mandatario deberá nombrar a 8 ministros de la Corte Suprema (de 21, y con aprobación del Senado), y a 2 nuevos ministros del TC (de 10). Una razón más y clara, de que no da lo mismo quién gobierne.