Una serie de resquemores presentó desde el año 2016 la actual directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, a la propuesta de su antecesor el abogado Branislav Marelic de realizar un estudio en profundidad de la situación del Sename. Los resultados de aquel informe, que debían oficializarse en los próximos días, selló la salida de Marelic, luego de que en una votación realizada por el consejo de la institución, se determinara por ocho votos a favor la remoción.

Contreras, exdirectora de la Fundación Opción, el organismo colaborador más importante del Sename, aseveró en la sesión 328 del 24 de octubre de 2016 que “lo aprobado fue una misión de observación y no un estudio. Dado el nivel de vulneración al que han estado expuestos los niños y niñas que se encuentran en residencias, es deber del INDH en este contexto, enfocarse en acciones para resguardar sus derechos, más que en seguir estudiando las vulneraciones, los niños y niñas son sujetos de derechos y no objeto de estudios” y agregó que lo esperable, para ella, era realizar una exploración similar a la realizada en una escuela de la Araucanía, “en que un equipo de funcionarios/as del INDH se constituye en el lugar, levanta información relevante y realiza las acciones necesarias que pueden incluir recursos de protección o amparo”.

Agregó, en esta misma línea, que asumir un análisis como el que planteó Marelic, correspondía “más bien al objetivo de una universidad” y detalló que “ya existe información de las residencias, recogida por el Poder Judicial a través de los Tribunales de Familia que están visitando las residencias cada 6 meses y que la información recabada consta en el Informe Nacional de Visita a Hogares y Residencias de Protección Red SENAME y Privados de agosto de 2016”. Añadió en este mismo encuentro que el Ministerio de Salud estaba realizando diagnósticos a cada uno de los niños y niñas del sistema residencial, al igual que el Ministerio de Educación que también había levantando información respecto de los mismos niños y niñas para el Consejo Nacional de Infancia.

El punto crucial de Contreras para sostener sus reparos es que “la aplicación de encuestas o entrevistas” podrían “dar lugar a una sobre victimización de los niños y niñas, que pudieron haber sido víctimas o testigos de delitos”.

“Se debe considerar que los niños y niñas que actualmente se encuentran en sistema residencial, han sido evaluados y entrevistados por diversas instancias y en diversos momentos de su vida, a partir de sus experiencias de victimización. Reiterar dichos procedimientos, aun cuando estos sean en modalidades diferentes, generará procesos de revictimización -tal como lo señala el proyecto de ley que busca implementar entrevistas video grabadas-, pues se insta a los niños y niñas a recontactarse con dichas experiencias, a solicitud de otros adultos, dificultando que se integren las vivencias sufridas en experiencias del pasado. Por el contrario, se le insta a actualizarlas, y a que vuelvan a sentir lo que sintieron lo cual daña doblemente. En cierto modo, se limita el ‘derecho a olvidar’ y se reactiva la vivencia traumática al intencionar su recuerdo y que en este caso es la causa por la que se encuentra interno”, apuntó.

Al no contar con la mayoría para frenar el análisis, Contreras señaló que “de aprobarse una investigación que considera a los niños y niñas como objetos de estudio, va a presentar sus argumentos por escrito como voto de minoría y renunciaría a la Comisión de Infancia”.

La postura de Contreras fue respaldada en aquella ocasión por las consejeras Debbie Guerra Maldonado, Carolina Carrera Ferrer y Margarita Romero Méndez.

Marelic, en tanto, adujo que no existe dentro de la Ley una definición de misión de observación y que éstas se pueden desarrollar con distintas metodologías y que “por la gravedad de los hechos constatados es necesario profundizar la investigación”.

Finalmente, el debate sobre el tema concluyó con que “existe consenso en el desarrollo de una misión de observación de mayor intensidad en relación a
los centros de la red SENAME, sin embargo, se posterga la discusión sobre el
componente de niños y niñas para la próxima sesión”.

En otra de las actas, en la sesión 337, con fecha 19 de diciembre de 2016, la consejera Contreras reiteró su desacuerdo con la aplicación de la encuesta a niños y niñas adolescentes (NNA) del Sename. Su argumentación, según el documento, es que ya existía información “levantada” por distintos estudios en América Latina.

En la sesión donde participaron también Miguel Luis Amunátegui Monckeberg, José Aylwin Oyarzún, Carolina Carrera, Frontaura Rivera, Debbie Guerra Maldonado, Sergio Micco Aguayo, Margarita Romero Méndez y el diputado Eduardo Saffirio Suárez, Contreras agregó que de acuerdo al documento el diseño “está al filo de lo ético, pues utilizar a los NNA para levantar una línea de base y del cual ellos no serán beneficiarios”. Respecto del impacto terapéutico que pueda tener la aplicación del instrumento, señala que eso “no está dentro de las atribuciones del INDH”. Asimismo, lamenta que, en el panel de expertos, además de las 2 psicólogas, “no contara con algún abogado experto en derechos humanos de niños y niñas”.

La consejera Carolina Carrera, según el documento, coincide con Contreras y dice que“existen demasiados riesgos que pueden afectar a niños/as como generar expectativas, que van más allá del sentido del estudio, abrir procesos que el INDH no podrá asumir por la naturaleza de su misión”.

Otros de los problemas expuestos en dicha sesión fueron expresados por Margarita Romero, quien dijo que el estudio podría profundizar “los riesgos de revictimización que conoció a partir del trabajo de la comisión Valech. El riesgo es la capacidad que tenga el INDH para reaccionar después de los hallazgos. Respecto de las recomendaciones, considerando su experiencia como medica cualquier intervención genera impacto en los procesos terapeúticos”.

También se discutió respecto de las características de los profesionales que participarían del proyecto. El acta dice que “no es posible que cualquier psicológo aplique el instrumento y es necesario que sean especialistas, pues este ha sido uno de los daños que se ha constatado en el SENAME. La falta de profesionales calificados para trabajar con los NNA y el daño que su proceder genera”.

La consejera Guerra, por su parte, dijo que estaba de acuerdo con que existía información para desarrollar un diagnóstico y que no había necesidad de aplicar una encuesta. “Expresa también su preocupación por la falta de interdisciplinariedad de la visión de trauma, que la sociología y la antropología ha desarrollado enfoques más integrales, especialmente cuando existe una ‘subcultura’ (aunque manifestó que este no era el término más adecuado) en estos lugares. Finalmente, expresa su preocupación con la posibilidad de garantizar el resguardo a los NNA que participen del estudio, como se va a garantizar que en las residencias no se enteren de las denuncias que refieran los NNA”.

El diputado Saffirio, refleja el documento, mostró su desacuerdo “con la forma en que se está llevando la discusión, pues las diferencias de posiciones del Consejo ya se conocían y ante esto se solicitó el pronunciamiento de especialistas. La idea era tener un debate técnico y que en su opinión era importante considerar la opinión de las expertas, en esta línea y luego de revisar el documento expresa su acuerdo en proceder en los términos planteados”.

También se planteó la pregunta sobre los riesgos que se podrían generar desde el momento en que se aplicaría el instrumento y se denuncia una situación, “porque pasa mucho tiempo desde que se pueda hacer algo. Señala también, que los NNA pueden estar sobreintervenidos y que muchas veces respondan desde la expectativa de los adultos”.

El texto agrega también que Romero habló sobre “su preocupación respecto de los protocolos de derivación. Ante esto, Josefina Martínez señala que están contemplados los protocolos y que no toda la información que se va a recabar es judicializable, pues aborda otros aspectos que también son resguardo de derechos de los NNA. Levantar información que permita aportar a las políticas públicas y una mirada más integral de las necesidades de la infancia en custodia del Estado. Señala que desde la mesa les pareció que existía un equipo de trabajo que estaba problematizando el tema y buscando los resguardos. En ese sentido, señala que efectivamente hay riesgos en toda observación y que lo más fácil es no hacer nada, pero sabemos que este problema existe y no es posible esperar a que ocurra otro hecho más grave”.

Consuelo Contreras intervino nuevamente y dijo le preocupaba “la coincidencia de opiniones en el sentido que la metodología utilizada puede generar victimización secundaria”. Acotó que “el vocablo pueda en derechos humanos es una señal de alerta importante, ya que basta con que exista la probabilidad de riesgo, no es necesario que el daño o la afectación de derechos se produzca para que se activen los mecanismos de protección de los derechos humanos o los órganos de! Estado se abstengan de actuar”. Su preocupación, arguyó, es que se puedan generar más costos que beneficios e insistió en su desacuerdo con la metodología. “Hay otras metodologías que son más participativas y pertinentes para los niños, niñas y adolescentes, Por su compromiso y experiencia señala que en su opinión existe riesgo de re- victimizar”, postuló.

Al momento de la votación el entonces director del INDH ratificó su voto a favor de la aplicación del instrumento. Complementó “que este proceso se desarrollará en conjunto con las acciones legales que resulten pertinentes. Actualmente el INDH ha presentado tres querellas y que si bien no sabemos lo que vamos a encontrar en la misión de observación, es importante seguir avanzando”.

Finalmente, en esa sesión, se aprobó “el componente de entrevistas a NNA en la misión de observación”. La votación fue la siguiente: A favor: Micco, Aylwin, Frontaura, Safirio, Amunategui y Marelic. En contra: Guerra Abstención: Carrera, Contreras y Romero.