Luego de 38 años de funcionamiento, el Sename llegará a su fin. Así lo anunció Sebastián Piñera en su primera actividad oficial como Presidente, cuando confirmó el pasado domingo que el cuestionado organismo será reemplazado por dos nuevas instituciones estatales: el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, y el Servicio de Responsabilidad Adolescente.

Aunque este proyecto ya se encontraba en trámite en el Congreso, la noticia fue interpretada como el primer golpe de su mandato. Según el propio jefe de Estado y su sector, su segunda administración tendrá un foco prioritario en la protección y promoción de los derechos de menores y adolescentes, justamente la misión del órgano pronto a caducar.

Sin embargo, a corto plazo, el oficialismo también deberá resolver cómo administrar los últimos meses del Sename y su normativa, modificada sensiblemente apenas medio año atrás. Esto, luego de que la entonces directora Solange Huerta comunicara vía correo electrónico la entrada en vigencia del Memorándum 599, específicamente a seis meses y siete días de dejar su cargo.

Destinado a los Directores Regionales del organismo, el email enviado por Huerta estipuló que a partir del 4 de septiembre de 2017, “los Programas de Representación Jurídica (PRJ) no podrán asumir o seguir asumiendo la representación de niños, niñas y adolescentes una vez que se haya producido el lamentable fallecimiento”.
Apenas emitida, la noticia levantó polvo en la red del servicio y sus colaboradores.

Los críticos de la medida aducen que este cambio en la orgánica de la institución atenta contra el derecho de acceder a una defensa jurídica adecuada y especializada por parte de niños y niñas víctimas de delitos, ya que además, la Unidad Comisionado de Infancia -creada el 20 de mayo de 2015 especialmente para estos efectos- fue suprimida el 28 de febrero pasado, por la resolución exenta 0723.

Con esto, los PRJ, hasta entonces bajo supervisión del Comisionado, pasarán a depender del Departamento de Protección de Derechos (Deprode), cuyos abogados deberán asumir la representación jurídica de los menores fallecidos.

Según distintos integrantes de programas regionales, esto desataría un conflicto de interés de gravedad, ya que muchas causas que antiguamente defendían eran por decesos ocurridos en instalaciones del Servicio, como los Centros de Repartición Especializada en Administración Directa (Cread), cuya administración es responsabilidad directa del Deprode.

ANTONELA

La puesta en marcha del Memorándum 599 terminó por alterar el curso de investigaciones penales que ya estaban a cargo de los abogados de los PRJ. Casos emblemáticos como el de Antonela Parra, fallecida el 8 de noviembre de 2016, a los 11 años.

La menor nacida en Algarrobo murió luego de un intento de suicidio, tras colgarse con su corbata del colegio en el dormitorio de su casa. Según recuerda la magistrada titular del Juzgado de Familia de San Antonio, María Olga Troncoso, el hecho llegó a sus manos por casualidad: la PDI llamó al tribunal mientras Antonela era llevada al Hospital Gustavo Fricke de Valparaíso, pese a que el juzgado competente era el de Casablanca.

Como no fue notificada de algún parte policial transcurridos dos días del deceso, Troncoso llamó al centro médico donde fue ingresada Antonela, “desde donde me confirmaron que, al tratarse de una niña que vivía en Algarrobo, el Juzgado de San Antonio no tenía nada que ver y sería el de Casablanca quien llevaría la causa”.

La medida no hizo más que despertar su curiosidad por saber qué historia había detrás de la menor y la decisión de acabar con su vida. Las pistas que fue develando la condujeron por un laberinto plagado de “fallas institucionales” que hicieron un poco más entendible su final: “quedé tan angustiada que comencé a averiguar sobre el tema aunque no fuera de nuestra competencia”.

Así fue como descubrió que durante los 11 años que alcanzó a vivir, Antonela solicitó en dos oportunidades una medida de protección. La primera, en 2014, tras una denuncia interpuesta por una sicóloga del consultorio local, y la segunda, en 2016, luego de que su abuela materna denunciara maltrato en contra de la menor.

La abogada pudo comprobar que ambos casos fueron cerrados sin acoger medida de protección alguna: la primera fue finalizada sin tener una audiencia y en la segunda, la jueza estimó que no existían antecedentes de vulneración de derechos. “Ahí me percaté que para esta ocasión nunca se escuchó a la niña, no se le entrevistó, no se le mandó a las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), ni se pidió una pericia. Esto fue dos meses antes de que Antonela se suicidara”.

“Estimé que más allá de la muerte, la niña tenía derecho a ser defendida por la circunstancia del fallecimiento, y porque a mi entender había factores que tenían características de delito: inducción al suicidio o maltrato por habitualidad. Abrí la causa, la envié por incompetencia a Casablanca y designé inmediatamente un curador ad litem para que apoyara el área penal y también se querellara”.

Hugo Valenzuela, abogado del PRJ metropolitano, se encargó de la causa. “Nosotros entramos el 29 de diciembre de 2016, y nos hicimos cargo de su defensa porque aunque fallecida, estimamos que la menor merecía una representación adecuada”, aporta Valenzuela, quien interpuso la querella criminal por la muerte de Antonela el 14 de febrero siguiente, debido a que la familia de la menor, investigada por presuntos maltratos, no la podía representar.

La participación del jurista se desarrolló de forma normal hasta el 12 de abril de 2017, “cuando me llegó una carta firmada por Rodrigo Barrera Barrera, Director Regional Metropolitano Subrogante, donde nos dice que estamos interviniendo con una niña que está fallecida, lo que no se ciñe a los lineamientos técnicos del Servicio, que es una falta grave, que debíamos egresar inmediatamente el caso y devolver la subvención”.

Pese a que objetó la misiva y comunicó a la Dirección Regional que no abandonaría el caso, Valenzuela asegura que le habría llegado “una segunda carta el 13 de julio de 2017, en la que me reiteran que tengo que egresar la causa ya que la niña seguía en el programa, pese a que se encuentra fallecida”.

En el documento la Dirección expuso el mismo argumento plasmado en el Memorándum 599, dado a conocer dos meses después. En esta segunda instrucción le informaron, además, que un abogado del servicio representaría judicialmente a Antonela, con quien se reunió para traspasar los antecedentes pertinentes.

“Ahí me di cuenta de otro problema: están completamente sobrecargados de trabajo y poco capacitados para asumir este tipo de causas, sencillamente porque no es su especialidad. Al final no pudimos hacer ningún traspaso y no pude seguir con el caso. Quedó en el aire”, dice el abogado.

Valenzuela se reunió con la Directora Nacional, Solange Huerta, el 20 de noviembre de 2017, junto al Jefe del Departamento Jurídico, Jorge Lavanderos, y la Jefa del Departamento de Finanzas, Karina Sepúlveda. “La Directora se comprometió a ver personalmente el caso, pero nunca supe algo al respecto”, afirma.

El tema escaló hasta el Instituto de Derechos Humanos (INDH), entonces presidido por Branislav Marelic, quien se reunió con personal de los PRJ de la Región Metropolitana y de Valparaíso para ser informado sobre los nuevos lineamientos del Sename.

“Como no había claridad respecto a la continuación de los PRJ para el 2018 enviamos un oficio al servicio y al ministerio de Justicia, que fue respondido a comienzos de este año confirmando que el programa seguiría en pie, aunque no se especificaba si pasarían a depender del Deprode o de las Corporaciones de Asistencia Judicial” afirma Marelic, destituido el lunes 15 de enero de su cargo, en medio de la polémica que generó el informe realizado por el INDH que abordó la vulneración de derechos de niños y niñas a cargo del servicio.

Actualmente la denunciante del caso Antonela, María Olga Troncoso, apunta que “la investigación lleva un año sin novedades. La PDI me ha entrevistado una vez en un año, nada más. Y supe que los PRJ no iban a continuar con representación jurídica, por lo que tuvieron que abandonar esta causa. Eso es muy perjudicial, porque no había otra posibilidad de defensa. La causa queda casi para el archivo. La indagación duerme en fiscalía. No hay ningún formalizado”, agrega.

El fiscal de San Antonio a cargo del caso, Álvaro Mansilla, comentó que “la causa aún está vigente. “Faltan algunas actuaciones de investigación para determinar formalizaciones o archivarla. He tomado declaraciones y he realizado pericias, pero me faltan algunas pocas para cerrarla”.

Sophia

El M599 interrumpió la acción de los programas en causas abiertas y también los apartó de manera automática de investigaciones en las que, hasta el 4 de septiembre de 2017, habrían participado como querellantes.

De esta forma el denominado “caso Sophia”, que despertó indignación en todo Chile, estuvo al margen de la actuación del PRJ regional de Puerto Montt, debido a que se produjo con posterioridad al polémico decreto. El PRJ, por tanto, no pudo asumir la representación penal en el caso de la niña de un año y once meses. Tal como dispuso la nueva normativa, Sophia es defendida por abogados del servicio.

Este punto, precisamente, forma parte importante de la objeción que hacen los PRJ respecto al M599. Aunque no es el caso de Sophia, acusan que se producirá un conflicto de interés cuando los abogados del Deprode tomen la defensa de un niño o niña fallecido(a) en dependencias de la institución, algo que ha ocurrido 210 veces desde el año 2005, según datos comunicados por el organismo el 3 de octubre de 2016.

Así lo advirtió el Director Ejecutivo (s) de la Fundación Mi Casa, Luis Mario Riquelme, en una carta dirigida al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena Letelier, el 25 de enero de 2018.

En ella, apunta que la fundación –que forma parte de las Organizaciones Colaboradoras Acreditadas (OCA) por el organismo estatal, y que ejecuta proyectos en el área de Protección- ha podido comprobar que la línea de trabajo de los PRJ es “fundamental para asegurar la restitución de los Derechos vulnerados en los niños, niñas y adolescentes que atiende el Sename (…)”.

La Directora Ejecutiva de la fundación, Delia del Gatto, afirma que “la única réplica que llegó fue una carta tipo el 19 de febrero, firmada por el subsecretario de Justicia (s), Carlos Aparicio Puentes. Allí nos indica que pedirá a la Directora Solange Huerta que haga un informe, y que ella nos respondería”.
Hasta la fecha de este reportaje, afirma Delia, no hay rastro de aquel informe.

Rechel y Lissette

Sandra Rivera, abogada de un PRJ de la IV Región, producto de la polémica medida, también se vio obligada a abandonar la representación de Rechel Contreras, niña de 11 años que falleció tras dejar la residencia Alceste Piergiovanni (OCA emplazada en Quinta de Tilcoco) en la mañana del 11 de febrero de 2016, en estado inconsciente y precedida por un cuadro de vómitos y diarrea.

“Nuestra línea investigativa iba orientada hacia ciertas negligencias y responsabilidades de los educadores de trato directo, quienes no habrían suministrado los medicamentos que debía tomar Rechel por su enfermedad de lupus de manera adecuada”, recuerda la abogada.

El pronunciamiento del memorándum en septiembre de 2017, asegura Rivera, “llegó justo cuando estábamos escarbando en el caso de forma más eficaz. Nuestra postura era que esta chica había tenido una descompensación que derivó en su muerte producto de una negligencia de la residencia, y estábamos trabajando de buena manera en ese sentido. Todo se fue a pique con el Memorándum 599”.

La muerte de la pequeña Lissette Villa (11), que gatilló la crisis en Sename, supone el ejemplo más evidente de este conflicto. Según el informe del Servicio Médico Legal revelado en diciembre de 2016, Lissette murió el 11 de abril de ese año a causa de una “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”, mientras las diligencias indican que dos funcionarias, a modo de castigo por una supuesta desobediencia, la redujeron boca abajo y sujetaron sus piernas por largos minutos, hasta que una de ellas se sentó sobre la espalda de la niña. Todo esto ocurrió en el Cread de Estación Central, administrado por el Deprode.

“¿Cómo se explica que un caso así lo tome un abogado del servicio?, se pregunta Rivera.

Pero la herencia del M599 no es lo único que preocupa al interior de la red. Una de las metas establecidas por el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) para el presente año, estipula que las direcciones de la institución deben “informar respecto de los decesos de niños, niñas y/o adolescentes durante su permanencia en centros residenciales de administración directa del Sename, o de residencias y programas ejecutados por organismos colaboradores”.

El problema, dice el sicólogo y dirigente de la Asociación Regional de Trabajadores del Sename, Patricio Pino, es que este conteo se asoció a un bono económico, de manera que “los funcionarios recibirán plata por informar cuántos niños, niñas y adolescentes mueren estando bajo cuidado del Sename. Es algo morboso, que raya en la perversión. No tiene justificación técnica y va contra la misión principal de Sename”, complementa.

La implementación de los CDC fue impulsado por el ministerio de Hacienda, con el objetivo de incentivar a los funcionarios de instituciones públicas y su gestión a través de un bono. Según información cedida previamente por Sename, el monto de este bono oscilaría entre el 4 y el 8 por ciento del sueldo del funcionario, dependiendo del porcentaje de meta cumplida.

RESPONSABILIDADES

Frente a estos antecedentes, la actual Intendenta metropolitana y exintegrante de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Sename, Karla Rubilar, afirma que “cuando el Presidente solicita un gran acuerdo por la infancia de que no se repitan este tipo de cosas, es de lo que estamos hablando”.

“Espero que la vigencia del memorándum y del bono sea revisada, así como también estimo que el parlamento fiscalice este actuar de la administración anterior”, concluyó.

La diputada Karol Cariola (PC), quien formará parte de la Comisión de Familia de la Cámara, apunta que “es muy lamentable que se haya llevado adelante ese memorándum, precisamente porque hay una vulneración de derechos hacia nuestros niños, lo que es más lamentable todavía porque el Comisionado alertó que sería así”.

La parlamentaria se refiere al documento enviado el 16 de agosto de 2017 por la unidad recientemente eliminada, destinado específicamente a Solange Huerta.

El escrito solicitaba revertir la decisión de que los PRJ abandonaran la defensa de menores fallecidos, ya que “realizar esta acción puede generar un conflicto con implicancias internacionales al estar en juego estándares mínimos en materia de acceso a la justicia y protección del interés superior del niño (…)”.

Por lo mismo, Cariola estima que “lejos de hacernos cargos y hacer justicia por este tipo de delitos, el M599 sigue poniendo trabas. Finalmente los mismos que serán fiscalizados, o deberán dar declaraciones en caso que fallezca un menor en instalaciones del Sename, pueden asumir la representación jurídica de la víctima. El conflicto de interés y la contradicción que se produce es importante”.

La representante del Distrito 9, además, estima que el bono es un “despropósito”, ya que “realizar un catastro de niños fallecidos al interior del Sename, que es algo necesario, pero no puede ser asociado a un incentivo económico”.

Consultada por si la exdirectora nacional, Solange Huerta, debe ser parte de este proceso, Cariola apunta que “ella es la responsable política, sería interesante preguntarle a qué se deben estas decisiones y por qué lo hace al final del gobierno”.

*The Clinic se contactó con el Sename antes de la publicación de este artículo, quien respondió que no se referirá a este y otros temas hasta que se concrete el “traspaso” de la dirección, al igual que Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual depende la organización. Por último, diputados de distintas bancadas, integrantes de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Sename, tampoco quisieron emitir declaraciones.