El mismo Brasil que había terminado el siglo XIX con razones para avergonzarse, como haber sido el último país esclavista del mundo, que había atravesado el siglo XX como una de las naciones más desiguales y brutales de la región, había comenzado el siglo XXI con razones para enorgullecerse. Su nivel de desarrollo económico había dejado atrás a su competidor histórico, la Argentina. Las injusticias continuaban, pero gobernaba el primer presidente obrero del país y de la región, desplegando programas de reformas sociales que reducían el hambre, la exclusión y la desigualdad.

Así como el Imperio y la esclavitud habían subsistido a la independencia en el siglo XIX, Brasil parecía el país, al menos comparado con Argentina, de cambios más lentos pero también más duraderos. El fin del siglo XX encontró un país con un nivel de desarrollo industrial envidiado por sus vecinos, con capacidad posteriormente de convertirse en la quinta economía del mundo, de participar de una alianza como los BRICS, de mantener su liderazgo en el Mercosur. Argentina, que había pasado el siglo XX, disputando con su “irmão” el protagonismo regional, había asumido que sólo tenía chances de integrarse a la globalización a través del acuerdo regional. Cuando a fines del siglo los economistas se preguntaban por qué el gigante quería aliarse con un país más pequeño, respondían que en Brasil había sólo 40 millones de consumidores (como el 25% de la población) mientras en Argentina había unos 20 millones (cerca de la mitad de la población).

En ese sentido, cuando Luis Ignacio “Lula” da Silva, asumió la presidencia y comenzó a aplicar sus políticas de reforma social, los sucesos no podían ser leídos exclusivamente como ruptura, menos como revolución. La inclusión económica, educativa, universitaria, territorial llegaba en un país que estaba en condiciones de reclamar un lugar protagónico en el mundo. Obviamente, que un obrero nordestino migrante y de izquierda asumiera la presidencia implicaba un cambio inmenso. Pero para sorpresa de unos y otros en los años de la reelección de Lula nadie pensaba que había sido un quiebre, ni brutal ni nada parecido. Por una razón: no lo había sido. Los sectores más a la izquierda del PT o fuera del PT siempre señalaron que el sector financiero ganó cantidades inauditas de dinero durante esos gobiernos.

Ese país que jugaba en las primeras ligas mundiales incluyó en algunos años a 40 millones de compatriotas, que inventó la “bolsa familia” (premiado por la Unión Europea como mejor programa de desarrollo social) y pudo terminar (o reducir a una mínima expresión) a los “meninos de rua” colocándolos en las escuelas. Ese país, en un momento determinado, o quizás sus elites pero con apoyos sociales significativos, decidió autodestruirse. Las teorías sociales más economicistas creen que los actores sociales siempre toman decisiones en función de sus intereses económicos, matemáticos, absolutamente racionales.

En 2014, en la reelección de Dilma, el país quedó partido al medio, con un rencor político como jamás se había visto en Brasil en los años recientes. Aecio Neves estuvo a punto de derrotar en las urnas al PT, pero no pudo. Y las elites, ilusionadas con que ese carma petista estaba llegando a su fin, entraron en un proceso de desesperación y de impresionante irracionalidad. Claro que en 2014 Brasil tenía problemas, como el resto de los países sudamericanos. El fin del “boom de las commodities”, los efectos de la larga crisis iniciada en 2008, los cambios sociales y culturales, planteaban nuevos desafíos políticos y económicos. Desde entonces, Sudamérica atraviesa una etapa de alta complejidad, con derroteros diversos, pero signada por un ascenso de las fuerzas neoliberales.

Entre todas las posibilidades que Brasil tenía en ese momento, sólo había una senda absurda: el inicio de la autodestrucción del país. El derrocamiento de la presidenta democráticamente elegida y la instauración de un gobierno sin legitimidad ni popularidad que en dos años ha tomado decisiones tenebrosas para el futuro del país. Y con el avance de un proceso judicial, el Lava Jato, que no podremos analizar en detalle aquí, pero que en el capítulo que hoy interesa ha condenado a Lula por corrupción por haber supuestamente favorecido a empresas inmensas con ganancias siderales a cambio de un departamento en Guaruyá. Y esta condena se produce sin pruebas, cuando tantas pruebas de corrupción de otros políticos quedan impunes. El objetivo es quitar del proceso electoral al candidato con fuertes chances de ganar este año la presidencia.

Que la votación en el Supremo Tribunal haya terminado 6 a 5 en contra de Lula, bajo amenaza de un general afirmando que si había “impunidad” para Lula el Ejército tomaría medidas, muestra que no le resulta sencillo a Brasil autodestruirse. Después de la ejecución de Marielle Franco en pleno centro de Río de Janeiro, que sigue impune hasta hoy y que es una amenaza nada velada contra todos los sectores subalternos (y todas las sectoras subalternas), el impedimento para que la persona más querida y respetada en Brasil, para que la persona con más votos pueda presentarse a elecciones, marca el destino del país.

Si Brasil no lo deja ser candidato, no sólo no le permiten competir y ganar. Le impiden a cualquier oponente competir de modo legítimo y tratar de ganarle. Y no habrá gobierno legítimo en Brasil si no es de Lula o de alguien que haya sido capaz de ganarle a Lula. Por eso, Brasil entra en estos días a la etapa más aguda de su crisis política. La sociedad brasileña, fuertemente dividida, se ha movilizado y lo ha hecho para exigir condena a los asesinos de Marielle y para defender a Lula y a la democracia. Al mismo tiempo, se percibe la emergencia de un sector, minoritario aún pero potente, de una “nueva” derecha neofascista.

Desde la Argentina surge inevitablemente la pregunta acerca de los alcances que podrá tener en el futuro inmediato, concretamente cuando Lula sea detenido, esa movilización social. En estas tierras del sur, la memoria y el mito del 17 de octubre, de la irrupción de las masas para liberar al líder popular encarcelado, han sido muy potentes. Sin embargo, también en 1945, la capacidad de movilización popular en Brasil fue menor y no resultó suficiente para revertir la relación de fuerzas. Allí no hubo un 17 de octubre. Y vale la pena considerar, al menos provisoriamente, que ese tipo de acontecimientos han sido más bien excepcionales en la historia de los pueblos.

Al encarcelar a la persona que logró eliminar a Brasil del Mapa del Hambre de las Naciones Unidas e impedir que pueda presentarse a competir en las elecciones, los poderes fácticos de Brasil demuestran que la venganza contra cualquier política que logre autonomizarse de ellos mismos, la venganza contra cualquier presidente que no sea su simple asistente, es una cuestión de tiempo. No sabemos hasta dónde podrá avanzar la destrucción de la democracia en Brasil, que es la autodestrucción de cualquier proyecto de país. Pero sabemos, sí, que el destino de Brasil es necesariamente nuestro, porque lo que allí suceda tendrá un fuerte impacto en toda la región. A pesar de los deseos de las elites tradicionales, Brasil nunca fue una “isla”. Su futuro incide, y también se juega, en el resto de América Latina.

Texto de Alejandro Grimson para Revista Anfibia