En las últimas semanas el Presidente Sebastián Piñera ha puesto en la agenda la situación de la infancia vulnerada que -a la luz de los recientes casos que han conmocionado al país- resulta urgente resolver.

Si bien hay consenso en que los recursos invertidos por cada niño, niña y adolescente en Centros Residenciales del SENAME son escasos, la propuesta del Ejecutivo, que busca aumentar la subvenciones, va en una dirección que creemos equivocada. De hecho, basta un breve análisis del informe financiero que el Gobierno acompañó al Proyecto de Ley para advertir que resulta insuficiente y en el largo plazo también ineficiente, porque no atiende el problema de fondo. Se trata más bien de un aumento gradual de recursos, en una escala a la que el proyecto ni siquiera hace referencia.

En concreto, durante el primer año de entrada en vigencia de la ley pasaremos de los $237 mil invertidos mensualmente en cada niño a $297 mil en promedio por cada uno. Muy por debajo todavía del gasto real que tienen los organismos colaboradores del Sename, que a la fecha ronda los $650.000 por cada niño atendido.

El aumento no solo resulta insignificante, sino que apunta en la dirección incorrecta. Insistimos en que profundizar un modelo de financiamiento que no ha funcionado es una irresponsabilidad.

En cambio, sí es urgente acelerar la tramitación de la ley de Sistema de Garantías Integrales de los Derechos de la Niñez, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. De esta manera, existiría un mandato legal para garantizar la promoción, vigencia, y respeto por el ejercicio de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, así como para prevenir su vulneración.

Además, y con la voluntad de impulsar una transformación paulatina del sistema, proponemos al Gobierno derogar la Ley N° 20.032 que establece mecanismos de subvención para organismos colaboradores del SENAME, promoviendo una lógica de financiamiento que antepone los intereses privados al interés superior de los niños. En su lugar se debe desarrollar una línea de financiamiento integral, que dé mayor preponderancia a las Direcciones Regionales, sobre la base de estándares y normas definidas.

En el mediano plazo, el sistema debe apuntar a que el Estado sea el dueño de los establecimientos SENAME, garantizando un estándar adecuado de infraestructura y condiciones de habitabilidad, que a su vez permita un mayor control de la oferta por parte de la administración.

En relación a la fiscalización, hoy enfrentamos una preocupante realidad. Los balances de gestión del SENAME sólo dan cuenta del monto total de recursos asignados por concepto de subvención en distintas áreas, sin que existan niveles adecuados de desagregación para comprender cómo efectivamente se gastan esos recursos.

El SENAME debe actuar efectivamente como órgano fiscalizador a través de estándares claros y definidos. El proyecto de aumento de las subvenciones presentado por el Presidente no satisface esta necesidad, pues se limita a enumerar vagamente criterios como la eficiencia o la transparencia en el uso de los recursos, y acota el poder de fiscalización a una mera posibilidad de actuación discrecional.

Creemos que lo que en definitiva está en juego en esta discusión nacional es si nos quedamos con grandes titulares, una política de infancia fragmentada y con un enfoque asistencialista, o damos el gran salto de una vez por todas, hacia una solución integral y de largo plazo basada en un enfoque de derechos.

Estos son los principales -pero no los únicos- puntos que nos interesa proponer al Gobierno. Nuestro compromiso es aportar como una oposición crítica y responsable y también socializar una propuesta base nutrida por las observaciones y necesidades de diversos actores sociales, para consolidar un plan de trabajo que surja desde espacios de diálogo y convergencia con, y de cara a, los niños, niñas y adolescentes que forman parte de nuestra ciudadanía.