Luego de revisar los proyectos, la diputada porteña por Izquierda Autónoma, Camila Rojas, se alegró de que el movimiento de mujeres logre “una respuesta tan temprana desde el Gobierno”, aunque no haya recogido sus principales demandas. De este modo, se manifestó abierta al debate político, declarando que “nuestra convicción nos hace estar disponibles para legislar positivamente respecto de cada uno de estos temas, asumiendo una vocación de transformación y transversalidad, y no tenemos problema en decirlo abiertamente”.

En específico se refirió a los proyectos “por una vida libre de violencia, la necesaria legislación contra la violencia en el pololeo o la instauración de protocolos y dispositivos en instituciones educativas para poner freno a situaciones de acoso y/o abuso de poder”.

Por otro lado, destacó también la “mayor participación de las mujeres en espacios que les han sido negadas”.

Sin embargo, apunta una contradicción, ya que el Ejecutivo “responde al movimiento estudiantil feminista sin escuchar sus demandas” lo que “es un aliciente para continuar”.

La parlamentaria se refirió a la credibilidad del Ejecutivo en la materia, ya que según su parecer “genera sospecha que la agenda sea encabezada por un Presidente que no hace mucho hacía chistes con la violación y un gabinete donde hay ministros que consideran que todo esto se trata de pequeñas humillaciones”.

Rojas analiza el rol que se asigna a la mujer en la agenda del Ejecutivo, señalando que “la agenda mujer contiene mayoritariamente legislación para la mujer-madre y la mujer-esposa. Es así que el matrimonio y la maternidad se convierten en el centro de una agenda que abiertamente avala la opresión de las mujeres en la familia”.

Por último, apuntó que la agenda-mujer no se compromete “con las demandas más sentidas por la mayoría de las mujeres del país” y que hay un “ninguneo al movimiento estudiantil feminista”.

“El gobierno omite la educación no sexista, el cambio del sistema de pensiones, los derechos de las mujeres sin contrato o en condición de trabajo precario”, subrayó Rojas, quien agrega que “el costo más alto de no tener derechos sociales asegurados lo pagamos las mujeres, pero tampoco el gobierno quiere trastocar el negocio que significa tenernos como ciudadanas de segunda clase”.