Al menos 15.000 niñas y mujeres, en su mayoría prostitutas, madres solteras o discapacitadas, trabajaron en condiciones de esclavitud entre 1860 y 1973 en las lavanderías y talleres de costura de la orden católica Hermanas del Buen Pastor en Holanda.

“Mi tutora, la señorita Van de Biggelaar, me ha llevado en tren hasta Almelo (este de Holanda). En Tilburgo al menos tenía un nombre que coser en la etiqueta de mi ropa, en Almelo me convertí en un número más”, cuenta Jo Keepers, de 76 años y una de las miles de víctimas de los trabajos forzados no remunerados de esta congregación.

Hija de un padre alcohólico y maltratador, se unió a la Hermandad cuando tenía 14 años, aunque -relata- un año después la trasladaron de una a otra institución del Buen Pastor, a los conocidos como los “asentamientos de amor” católicos, donde comenzó su pesadilla.

Las monjas, establecidas en Almelo, Tilburgo, Zoeterwoude y Gelderland vivían de tareas de la costura comercial y todas las “esclavas” que tenían en su posesión elaboraron durante décadas ropa de bebé, prendas para los militares, chalecos de fuerza para instituciones psiquiátricas o camisas especiales para compañías determinadas.

Esta orden proveía con sus productos a las fábricas textiles, empresas de moda, hoteles, hospitales, particulares, la iglesia y el propio gobierno, según una investigación de varios años realizada por el medio de investigación holandés NRC, que incluye testimonios de varias víctimas y eleva su cifra a al menos 15.000 personas.

En un intento de escuchar el testimonio de algunas de estas mujeres, remiten a Efe a sus propias declaraciones a NRC, y explican que por su estado de salud y edad prefieren no rememorar aquella época de nuevo, hasta el día que tengan que dar testimonio ante un tribunal.

Una de estas víctimas es Margot Verhagen, de 85 años y cuyo padre murió en la Segunda Guerra Mundial y su madre falleció en 1950, dejando atrás siete hijos, entre ellos esta joven con entonces 17 años.

Se quedó a cargo de una de sus tías, pero pocos días después, dos policías y una mujer de protección de menores la trasladaron a la institución del Buen Pastor en Velp, donde las hermanas la pusieron a trabajar, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, recuerda.

Verhagen, nacida en La Haya, asegura que no solo fue sometida a los trabajos forzados en las lavanderías, “una cultura normal de esa época”, sino que denuncia que fue “violada” por el rector de la institución y aquello quedó impune porque las “esclavas” no tenían ni voz ni voto, ni derecho a quejarse.

Las niñas y las mujeres estaban consideradas “perdidas” cuando quedaban embarazadas fuera del matrimonio, huérfanas, abandonadas, maltratadas, discapacitadas o condenadas por un delito menor y su ingreso en la Hermandad era considerada “la única solución”, refiere Verhagen.

Nunca recibieron un salario por esas labores, aunque una vez al año las monjas les entregaban un “billete de cartón”, una especie de dinero inventado con el que podían comprarse dulces o comida en los puestos del mercado de la Hermandad.

La señora Keepers también intentó escapar varias veces del centro de Almelo, pero siempre acababa detenida por la policía y castigada luego por las monjas, hasta que finalmente lo logró el 20 de marzo de 1960, fecha que marca en el calendario como el día de su liberación.

Hasta la década de 1970, las niñas, generalmente en contra de su voluntad, fueron colocadas en las instituciones por el gobierno, las asociaciones de tutela, protección infantil o los propios padres.

Algunas víctimas recurrieron la semana pasada a los juzgados para exigirle al propio Gobierno holandés que reconozca el daño causado por esta Hermandad y les pague los salarios pendientes porque consideran que el Estado es en parte responsable de la falta de humanidad en la que fueron obligadas a trabajar.

Este caso judicial está apoyado por la plataforma holandesa de niños víctimas de abusos religiosos (VPKK, en sus siglas en neerlandés), que también exige al Gobierno que realice una investigación independiente sobre aquella explotación y determine el papel que tuve el Ejecutivo durante esa etapa.

En una carta publicada el año pasado, las Hermanas se “disculparon” ante sus víctimas pero se niegan a pagar las indemnizaciones porque para ellas, todo esto ha “prescrito” y han pasado ya “muchos” años.

El trabajo en los talleres de lavanderías y de costura, un modelo de ingreso que enriqueció a la congregación religiosa, era considerado por las autoridades como un “trabajo de terapia” y penitencia, tanto que el jardín del edificio de la Hermandad estaba cercado con alambre para evitar que las chicas escapasen de manos de las religiosas.