Indignación generalizada provocaron las imágenes de niñas y niños migrantes enjaulados y separados de sus padres por el gobierno de Donald Trump, acto que de manera paradógica, para la derecha chilena no reunió cualidades suficientes que ameritaran calificarlo de violación a los derechos humanos.

Mientras esto sucedía, desde el gobierno se encontraba en desarrollo la promoción de una agenda en seguridad tendiente a elevar las penas a menores de edad infractores de ley, lo cual fue complementado por Renovación Nacional (RN) y su moción de reducir la edad de imputabilidad de los 14 a los 12 años, ambas iniciativas modificando la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Todo lo anterior ha estado mediado por una máxima expresada por el gobierno, y bajo la cual se ha buscado articular un acuerdo nacional en materias de infancia: “los niños primero en la fila”. La pregunta que cabe realizar es; ¿todas y todos los niños?

Las niñas y niños chilenos no están expuestos por igual a ser reclutados por bandas delictuales, siendo la población más empobrecida la que, salvo excepciones, monopoliza la reclusión tanto en el SENAME como luego en las cárceles del país. Esto, debido a la falta de oportunidades y al desigual acceso a la educación, la recreación, la salud, la vivienda y luego también el trabajo, entre otros aspectos vulnerados por un modelo económico y social que ha ubicado a Chile como el país más desigual de la OCDE, así como uno de los más desiguales del mundo. Para quienes sean hinchas de la meritocracia, y crean que la pobreza es resultado del poco esfuerzo, invito a reflexionar los resultados del último informe de la OCDE, el cual indica que para una familia pobre en nuestro país tomaría el esfuerzo de seis generaciones salir de la pobreza.

En simultáneo, el neoliberalismo y sus alcances culturales han modelado una sociedad exitista y competitiva, mediada casi únicamente por el mercado, donde el principal patrón de comparación es la capacidad de consumo que presenten sus individuos. ¿Qué esperamos de niñas y niños que, con las expectativas del consumo propias de este modelo, son excluidos del mismo y castigados a diario por la desigualdad? La respuesta es bastante simple: la cultura del consumo busca imponerse, a pesar de la pobreza y algunas veces de la ley.

De esta forma, la ofensiva de la derecha por disminuir la edad de imputabilidad a 12 años y elevar las penas a menores de edad, es una política populista, discriminadora y contraria a tratados internacionales; populista, pues a pesar de interpretar a una mayoría que exige justicia, ha demostrado ser ineficaz al no abordar las causas principales que reproducen la delincuencia. Además, ha puesto en el centro a un sistema judicial que sólo puede hacerse cargo de sus efectos; también es discriminadora, porque está dirigida hacia la niñez y adolescencia más pobre; y contraria a tratados internacionales, porque viola la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña”, la cual en su artículo Nº40 “reconoce el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la necesidad de promover la reintegración del niño y de que asuma una función constructiva en la sociedad”.

Un dato alarmante es que la mayoría de la población penal adulta, hacinada en penales con una sobrepoblación de hasta el 90%, pasó parte importante de su infancia y adolescencia por algún centro de menores vinculado al SENAME, lo cual revela que el fenómeno de la delincuencia debe ser abordado de forma preventiva en la niñez, con foco en la restitución de derechos y en la reinserción social para evitar la reincidencia.

Para esto no hay atajos ni sirven las viejas recetas; no será el mercado el que ponga en el centro el bienestar de a quienes ha excluido por décadas, ni será el castigo un disuasivo para una cultura del consumo promovida sin contrapesos por el mismo. Para hablar de delincuencia refirámonos a la exclusión, marginación, desigualdad y pobreza. Para su superación hablemos de derechos, distribución de la riqueza y qué valores promover. En este camino las medidas paliativas aportan, pero con el cuidado de no dejarlas totalizar el debate ni legitimar, mediante un supuesto acuerdo nacional, las políticas contrarias a la justicia social promovidas por este gobierno.

*Sociólogo y Presidente de las Juventudes Comunistas de Chile