El gobierno ha anunciado una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para aumentar los estándares de calidad de los procesos y optimizar los tiempos asociados. Para ello, han propuesto la obligatoriedad de una instancia de participación ciudadana previa para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la eliminación del Comité de Ministros, entre otras medidas.

En este contexto se debe tener presente que la simplificación de trámites ambientales y la mejora en materia de participación ciudadana propuestas por el ejecutivo –suponiendo que se harán resguardando la calidad de la evaluación ambiental y los estándares internacionales- distan de ser suficientes para resolver las complejas problemáticas actuales en materia socioambiental. Esto, ya que los conflictos exceden el marco de la evaluación ambiental de un proyecto determinado e incluyen componentes relacionados con la visión de desarrollo de los territorios, el uso de recursos naturales, la planificación territorial, etc. En este escenario, las problemáticas socioambientales deben ser abordados desde una mirada más amplia que incluya el concepto de justicia ambiental.

En materia de justicia ambiental nuestro país ha avanzado al establecer instancias de participación ciudadana en el marco del SEA, pero también en otras instituciones como la posibilidad de presentar denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), e interponer reclamaciones o demandas ante los Tribunales Ambientales (TA), el acceso a información ambiental, entre otros.

Sin embargo, aún queda bastante camino por recorrer. Un reciente estudio de Espacio Público en materia de acceso a la justicia ambiental releva la necesidad de mejorar la gestión de las denuncias ciudadanas ante la SMA. Si bien entre 2013 y 2016, un 67% de los procedimientos sancionatorios se originaron en denuncias, éstas demoran entre 11 y 21 meses en ser resueltas, y la mayoría son archivadas. De esta manera, existe una brecha entre las expectativas ciudadanas y los resultados obtenidos. En el caso de los Tribunales Ambientales sólo 25 de 184 reclamaciones ingresadas a noviembre de 2017 han sido interpuestas por la sociedad civil organizada para paralizar un proyecto, y de ellas sólo en tres de 106 casos lo han logrado. Lo anterior se explica por diversas razones, entre las que se encuentran la falta de asesoría para la sociedad civil y restricciones legales para acudir a los tribunales.

En base a este diagnóstico realizamos diversas propuestas entre las que se encuentra la recepción y gestión de denuncias en línea, y contar con un procedimiento simplificado para su tramitación. A su vez, es urgente adoptar medidas para emparejar la cancha entre ciudadanos y titulares, para lo cual se debería fortalecer el rol del INDH en materia ambiental; así como generar fondos para apoyar a quienes prestan servicio de asesoría a la sociedad civil. Se sugiere, asimismo, ampliar las competencias de la institucionalidad ambiental en materia de aguas, biodiversidad, usos de suelo, recursos agrícolas, pesqueros y forestales. Componentes que hoy en su mayoría sólo son abordados por el SEIA, los TA y la SMA si es que hay un proyecto asociado.

Entonces, las medidas propuestas por el gobierno para reformar al SEIA y la institucionalidad ambiental son la punta del iceberg si queremos avanzar en materia de justicia ambiental. Pero a la vez, esta reforma abre una oportunidad para debatir sobre los temas de fondo que subyacen a los conflictos ambientales. Por ello, se debe cautelar que ésta no se centre únicamente en la simplificación de procesos en miras a asegurar la inversión, sino que también a establecer un marco de gobernanza que nos permita avanzar hacia el desarrollo sostenible.

* Camila Palacios, es investigadora de Espacio Público