Hacer pasar hambre a los refugiados que esperan una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo, con el fin de ahuyentarlos del país. Esa es la nueva táctica del Gobierno húngaro, presidido por Víktor Orban, que los defensores de derechos humanos denuncian como “inhumana” y combaten ante los tribunales europeos, caso por caso.

“Es una práctica inhumana y absolutamente ilegítima”, afirma en declaraciones a Efe András Léderer, uno de los responsables de la ONG Comité de Helskinki Húngaro que ha llevado ya varios casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El hecho de que esa corte de Estrasburgo (Francia) haya reaccionado siempre con sentencias “inmediatas y provisionales” que obligan a las autoridades húngaras a alimentar a los afectados, no parece haber detenido la estrategia hasta el momento.

“Es completamente escandaloso y absurdo que la gente tenga que recurrir a los tribunales para obtener una rebanada de pan”, dijo Lydia Gall, investigadora de la ONG Human Rights Watch (HRW), en un comunicado emitido hoy.

Léderer denunció, por su parte, que actualmente hay una afgana que desde este martes no recibe comida en la “zona de tránsito”.

“Hubo dos hermanos sirios que habían huido de la guerra en su país y que pasaron cinco días sin comer”, agregó el experto.

El Comité de Helsinki se enteró de lo que estaba sucediendo el pasado día 10.

Desde entonces ha denunciado ante el TEDH la falta de alimentación de ocho aspirantes a asilo, cuya situación se ha revertido en conformidad con las sentencias del tribunal europeo.

Léderer explica que solo los abogados con una autorización especial pueden entrar en las zonas de tránsito, pero una vez allí deben dirigirse a un contenedor designado para realizar las entrevistas con los solicitantes.

“Nadie puede así verificar cuáles son las condiciones reales (en las que se vive) en las zonas de tránsito”, advierte el activista al admitir que se desconoce la cifra total de afectados.

Son más de 120 personas las que actualmente esperan el final de sus trámites en las dos zonas de tránsito existentes -las de Rözske y Tompa, ambas junto a la frontera con Serbia-, pero no se descarta que haya más casos.

Según la ONG, estas prácticas comenzaron tras la entrada en vigor, en julio pasado, de una nueva ley que establece el rechazo de un solicitante de asilo cuando éste entra al territorio magiar desde un país considerado seguro, como la vecina Serbia, por donde llegan la mayoría de los inmigrantes a Hungría.

Pero los solicitantes pueden apelar ese rechazo y es en el periodo en el que deben esperar el dictamen definitivo tras la apelación, cuando se les deja de abastecer con alimentos.

Según ha informado el portal Index, la medida, de la que están excluidos únicamente los menores de edad y sus madres, fue justificada por la Oficina de Inmigración de Hungría (BMH) con el argumento de que la legislación vigente “no prevé el abastecimiento (de los solicitantes de asilo con alimentos)” después de que hayan obtenido una respuesta negativa a su primera petición.

El pasado lunes, el pastor metodista Gábor Iványi quiso llevar paquetes con pescado en lata, frutas y otros alimentos a las zonas de tránsito, pero las autoridades le negaron el acceso.

“El Gobierno hace pasar hambre a los refugiados para convencerlos de que abandonen el país”, denunció el clérigo al portal 168ora.hu.

“Es un asunto de humanidad. No es una tarea tan difícil dar de comer a la gente que no tiene”, opinó Léderer, a la vez que recordó que hasta en las cárceles es posible comprar ciertos alimentos si se tiene dinero. Eso es algo que “no existe en las zonas de tránsito”, lamentó.

El Gobierno húngaro, liderado por el nacionalista Viktor Orbán, mantiene una política de absoluto rechazo hacia la inmigración.

El 18 de julio pasado, la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento de infracción a Hungría por su polémica ley que castiga con hasta un año de prisión a quien ayude a una persona que haya entrado de forma ilegal en Hungría.

Además, la CE ha demandado a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por considerar que su legislación sobre asilo y retorno no cumple con las normativas europeas.