Imagen: Lanzamiento del Comando Jungla

Por David Soto sj, comunidad jesuita de Tirúa.

El domingo 30 de septiembre, El Mercurio publicó que la Corte Suprema confirmaba la culpabilidad de José y Luis Tralcal pero eliminando el carácter terrorista. Esto acontecía diez días antes que el máximo tribunal se pronuncie sobre la solicitud de nulidad presentada por la defensa de los condenados. ¿Cómo habrán obtenido esa información que ni siquiera los familiares conocen? ¿Habrá existido tal información? Nada sabemos, salvo que al día siguiente se publicó otro artículo con las reacciones de diversos personeros respecto al supuesto fallo. Así, desde el día lunes lo que existía con objetivamente, era presión mediática ante el eventual fallo.

Con razón, los familiares de José Peralino, José y Luis Tralcal se quejaron ante esta presión sobre los jueces. Pues, se continúa enturbiando un proceso judicial que lamentablemente refleja la relación del Estado chileno con el Pueblo Mapuche: parcialidad racial hacia el Pueblo Mapuche, judicialización como el lugar de acción política estatal; relativización de los DD.HH. y; ausencia de pruebas serias.

Efectivamente, durante este proceso hemos constatado la carga racista en nuestra sociedad. Nítidamente lo apreciamos el 25 de octubre del año 2017, cuando los 11 inculpados en este caso fueron declarados por unanimidad inocentes. Fue entonces cuando estallaron las críticas contra los jueces, pues al parecer los juicios mediático-políticos ya habían sido hechos (Ver: Comuneros mapuche absueltos ¿qué funciona mal?) Así, o los mapuche eran culpables o el sistema no funciona.

Este juicio también nos revelo que la política indígena estatal encuentra un lugar privilegiado para en la arena judicial y de criminalización. Desde su campaña para llegar a la Moneda, el actual presidente, afirmó categóricamente que existía terrorismo en La Araucanía. Extrañamente, no existía ningún condenado por terrorismo.

Igualmente creó un escuadrón antiterrorista, un Comando Jungla y compró anfibios de guerra. Así, éste juicio se transformó en el caballito de batalla para instalar tal tesis terrorista. En mayo de éste año José y Luis Tralcal, que pocos meses atrás, habían sido declarados inocentes por unanimidad, fueron condenados como terroristas

(Ver: Caso Luchsinger-Mackay: ¿Uso político o búsqueda de justicia?) A esta serie de presiones, habría que sumar la de ciertos gremios empresariales, como con la cual se abre este artículo. Los DD.HH. pueden relativizarse, o al menos esto es lo que da a entender la tozudez de los distintos gobiernos que continúan invocando una ley que ha sido puesta en tela de juicio por diversos organismos de defensa y promoción de los DD.HH. nacionales e internacionales (Ver: Caso Luchsinger-Mackay, DD.HH. y terrorismo).

Finalmente, los múltiples alegatos de acusaciones sin pruebas, o pruebas fabricadas, que permiten prisiones preventivas, tan comunes de escuchar en este territorio, también los encontramos en este caso. A la extensa prisión preventiva que debieron pagar los 11 imputados encontrados inocentes en el primer juicio, hay que sumar las serias irregularidades en las pruebas que ahora (recordemos que habían sido desestimadas en el primer juicio) fueron consideradas verosímiles.

Un testimonio inculpatorio arrancado bajo presión y sin respetar el debido proceso, supuestas llamadas que no se ha comprobado que hayan sido realizadas por los acusados, una extraña salida de una de las juezas antes de los alegatos finales, son entre otras, parte de las irregularidades que han llevado a la defensa de José Peralino, José y Luis Tralcal a pedir la nulidad del juicio condenatorio. (Ver: Por qué el juicio Luchsinger-Mackay no fue un juicio justo).

No deja de ser llamativo que todo esto acontezca en medio de la elaboración y lanzamiento del nuevo Plan Araucanía, como mundos aparte, el de los mapuche terrorista y el de los mapuche emprendedores, buena gente, que aportan con su cultura al país. Esta construcción bipolar, aunque ingeniosamente promocionada, sencillamente nos continuará llevando por el camino del desencuentro, la violencia y la injusticia.

Nulidad y juicio justo es lo que viene reclamando hace tiempo los familiares de José Peralino, José y Luis Tralcal, y tantos más. Cada vez estoy más convencido que esa nulidad y juicio justo no sólo es necesario para los injustamente condenados hoy, sino también para la familia Luchsinger-Mackay (que merece un verdadero proceso investigativo y judicial que les otorgue justicia), para la justicia chilena, para nuestra sociedad, en fin, para que iniciemos un camino que nos conduzca a un verdadero acuerdo nacional entorno a la justicia y la paz.