¿Cómo se está preparando la oposición para interpelar al Ministro Chadwick?

-La interpelación es una atribución de la Cámara de diputados, por lo tanto está en manos de ellos. Yo no me he metido mucho, aunque obviamente estoy a favor. Pero es algo que autónomamente deciden los diputados y eligieron a Emilia Nuyado, que es mujer, mapuche y militante del Partido Socialista. Ella va a dirigir la interpelación. Entonces de alguna manera las bancadas, a cargo de Revolución Democrática, la del Frente Amplio y otras de la oposición, están coordinándose con ella y su equipo para aportar insumos, sugerencias y propuestas para ayudar en la interpelación. Pero es algo que está radicado en la Cámara de Diputados.

¿Cuáles crees que deberían ser las responsabilidades políticas que debe asumir el gobierno? ¿Basta con la destitución del Ministro del Interior, por ejemplo? 

-La verdad que más que apuntar a que salga una u otra autoridad política, me parece que lo relevante es el cambio de política hacía el pueblo mapuche. Porque Chadwick tiene razón en algo y ayer el General de Carabineros en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, también dijo lo mismo y tiene razón. Ellos no han hecho nada nuevo, ni muy distinto a lo que ha venido haciendo el Estado hace 20 años en la Araucanía, la provincia de Arauco y los territorios en conflicto. No han hecho nada nuevo. El famoso Comando Jungla es una cosa pirotécnica, pero es una capacitación de un grupo de Carabineros que fue a Colombia a un curso o seminario, que allá se llama “Operación Jungla”, que es para combatir el narcotráfico y la guerrilla. Pero en el fondo, no es que sea un comando especial preparado que sea muy distinto a lo que ya ha funcionado históricamente ahí. Me refiero a la DIPOLCAR, al GOPE o a Fuerzas Especiales. La militarización del territorio ha sido una política del estado desde hace 20 años. Y todos los gobiernos la han continuado y la han ido incrementando y sosteniendo en el tiempo, desde el gobierno de Lagos en adelante. Insisto, 20 años. Luego del primer incidente de violencia política de la CAM en Lumaco, el año 97, al final del gobierno de Frei. Después viene la militarización y la aplicación de la Ley Antiterrorista y todo lo que sabemos. Entonces la interpelación tiene que ir ahí, al fondo, de cómo el Estado de Chile además a fracasado en su política, que supuestamente ha querido llevar a un territorio en conflicto y lo único que ha generado es una escalada de violencia. Porque no se ha abordado el problema de fondo que es un problema político, que es la reivindicación territorial, la autodeterminación y la autonomía que demanda el pueblo mapuche.

¿Crees que es suficiente la justificación del gobierno y de Carabineros de que esto se viene realizando hace 20 años?

-No, y a eso voy, que en el fondo es una política que el estado ha tenido enérgicamente, de una política que es militarizar, es policial, es reprimir, es meter mapuche presos, es aplicar la Ley Anti Terrorista. Han habido muertes en democracia. La de Camilo Catrillanca no es la primera, hay varias atrás en democracia. Incluso en un gobierno de centro-izquierda. Y lo otro es la política asistencialista que también ha fracasado, que es la que ha llevado la CONADI. Entonces la interpelación que tiene que hacer la oposición, y también una autocrítica de quienes han participado en los gobiernos anteriores de centro-izquierda, es que la política del estado de Chile ha fracasado. Y por tanto lo que aquí se requiere es un punto de inflexión. De lo contrario esto va a ir en aumento y cada vez será peor. Se necesita un punto de inflexión y cambiar la política del estado de Chile con el pueblo mapuche. Aquí el que tiene el conflicto y la deuda histórica es el estado de Chile con el pueblo mapuche.

En lo inmediato, ¿cuáles son los pasos a seguir para revertir ese camino?

-Bueno por ejemplo, desmilitarizar la zona. Ayer el General de Carabineros decía que el tiene aproximadamente 1.000 efectivos en la zona de Araucanía, en lo que llaman “la zona roja”, más la Provincia de Arauco en la Región del Bio-Bio, Tirúa y Cañete. En todas esas partes con conflictos, hay más de 1.000 efectivos que están principalmente por medidas de protección de tribunales de justicia que solicitan una protección especial a fundos forestales. O en algunos casos, en menos medida, hay de agricultores latifundistas que protegen la propiedad privada. Entonces tenemos contingente policial que está operando dentro de la propiedad privada de las industrias forestales del grupo Matte y del grupo Angelini. Cuando la seguridad de las personas, no de esa región, sino de todo el país, en las poblaciones en donde está el narcotráfico armado hasta los dientes, (a propósito de la última filtración de la venta de armamento a los narcos) se requieren policías más preparados, no para proteger la propiedad privada. Acá el problema de fondo es abordar aquello.

¿Y la primera medida debería ser la desmilitarización de toda la zona?

-La primera medida para generar un diálogo político, es desmilitarizar la zona. Es retirar la sobre dotación. Yo no estoy diciendo que no haya ningún Carabinero, pero estoy hablando de que hay una sobredotación desproporcionada en ese territorio en conflicto, en relación a otras comunas o regiones del país que requieren y tienen problemas de seguridad pública. Y además con una policía militarizada en una territorio indígena, con la cual no hemos tenido una relación política adecuada. Eso depende del Ministerio del Interior, no es una decisión autónoma de Carabineros que pueda decir “este año quiero sacar mil carabineros al Wallmapu y el otro año quiero un regimiento”. No, esa es una decisión que viene desde el Ministerio del Interior. Ahí es la autoridad política la que tiene que rendir cuentas. Y obviamente han estado más preocupados de defender los intereses empresariales y la propiedad privada que establecer una relación sana y democrática con el pueblo mapuche.

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Este lunes se realizó una sesión especial de las comisiones de DDHH y Seguridad del Senado, en conjunto a la que acudió toda la plana mayor de Carabineros. También fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esa instancia se habló de la querella por torturas, por homicidio frustrado al adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca y que lo vio morir en el tractor en el que fue acribillado y muerto por un disparo en la espalda.

Hasta el momento en las interpelaciones que se le han hecho al ministro Chadwick, ¿Este ha mostrado alguna voluntad de revertir la situación que afecta a la Araucanía, por ejemplo, con una eventual desmilitarización?

-No, hasta el momento no he visto ninguna voluntad política del ministro, ni del subsecretario del interior, ni del nuevo intendente tampoco. Y bueno de Carabineros tampoco. Aunque lo sí dijeron el lunes, es que están colaborando con la fiscalía y con la justicia. Ya dieron de baja a los 4 carabineros que participaron del operativo. Le aceptaron también la renuncia al superior jerárquico estaba a cargo de ese operativo, como el responsable más político de la zona. Y ahí hay una diferencia entre lo que es dar de baja a alguien, que en el fondo es sacarlos de la institución y que no vuelva a ella, con aceptar una renuncia a alguien superior, que mantiene beneficios y que puede ser incluso contratado el día de mañana para otras funciones. Que de hecho ha pasado muchas veces con Carabineros que le aceptan la renuncia ante situaciones complejas o irregularidades, y después los recontratan para otras labores. Entonces cortaron por lo más delgado.

A propósito de cortar por la parte más delgada, ¿qué opinión te merece que se den de baja a carabineros involucrados en un asesinato y que ahora vuelven a ser civiles?

-Bueno acá esperemos que actúe la justicia. Yo creo que acá no puede haber impunidad ante este asesinato. Y esperemos que actúe la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público, que ya está investigando. Esperemos que llegue a buen puerto, que hayan sanciones y privación de libertad. Acá hay un tema de homicidio y como tal, si hay justicia, debería haber privación de libertad. Por lo tanto es súper peligroso en el caso de los responsables políticos, a los que les aceptaron la renuncia, que sigan cerca de la institución. Quizás no en lo inmediato, mañana sí, pero es gente que tiene mucha información y es peligroso que queden en la impunidad completa. No quiero especular con nada, porque no tengo antecedentes, pero acá mi punto es que tiene que haber justicia y no puede haber impunidad, tanto de los representantes directos del operativo del homicidio, como de los responsables políticos. Acá todos deberían recibir algún tipo de sanción y pena, desde el punto de vista de la justicia. Y en el caso de cortar con la parte más delgada del hilo, no sólo con Carabineros, también en lo político, sacaron a Mayol que es un intendente y respaldan a Chadwick y a Ubilla. Pero sacan al intendente, porque con sus declaraciones estaba siendo muy contraproducente y claramente no ha manifestado ningún tipo de arrepentimiento. El es alguien que representa al mundo de los agricultores, de los latifundistas de la zona, que son tremendamente en su mayoría, no digo que todos, pero en su mayoría son racistas. Y el viene de ese mundo y lo representaba. Ahora Atton viene del mundo más empresarial, más cercano a Moreno, por decirlo de alguna forma. Pero que en el fondo van a estar trabajando para legitimar las inversiones privadas en territorio mapuche, que también tienen muchos conflictos, como las forestales. Entonces viene con una mirada más amable, pero claramente hay una visión empresarial y neoliberal detrás.

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Hoy en el Senado se iba a realizar una sesión especial con el ministro Moreno, el nuevo intendente Jorge Atton, el Director General de Carabineros y el ministro del interior Andrés Chadwick. Pero este último sufrió una lesión al caer de una de las escaleras de la Moneda el día de ayer y la sesión que reagendada para el 12 de diciembre.

Además el senador Juan Ignacio Latorre, elevó un oficio al Director General de Carabineros y a Contraloría por el Comando Jungla y los decretos que establecieron esas capacitaciones. Los recursos involucrados, el armamento, la dotación policial, qué tipo de compras han hecho y el costo público que ha costado la militarización de la zona.