Las paradojas y consecuencias de los candidatos

Las paradojas y consecuencias de los candidatos

POR PAULA VIAL REYNAL Resulta a veces paradójico escuchar a políticos con discursos esquizofrénicos en los que por un lado abogan por las oportunidades, la rehabilitación y reinserción, la mirada de la preocupación por los jóvenes y sus ocasiones y por otro endurecen el discurso, exigiendo más cárcel, más policías y penas más severas. La época de elecciones suele ser el mejor espacio para ordenar los ofrecimientos de actuación futura, en este caso en una de las materias de mayor interés de la ciudadanía, como la seguridad ciudadana y criminalidad. Los programas acentúan puntos fundamentales, en los que suele haber coincidencia, pero matizan en las distancias con conceptos como la puerta giratoria o la tolerancia cero, que tan peligrosos son para las certezas realistas que requiere esta materia. Si uno estudia los programas de los candidatos y sus propuestas y ofertas por hacer, se sorprende al descubrir que todos, unánimemente, rechazan la cárcel como el vehículo que conducirá a la disminución de la delincuencia, al mejor aseguramiento de la convivencia pacífica. La prevención y la rehabilitación aparecen entonces como las herramientas más adecuadas para este fin. Materializarlo con los recursos adecuados es una aspiración que debe hacerse realidad. La represión y la retribución como inspiración de la aplicación de las penas deben ceder terreno a la prevención y a las oportunidades. El candidato empresario y del nuevo estilo organiza su propuesta de seguridad en tres ejes principales, destacando las alternativas institucionales en cuanto al rol de Sename y de Gendarmería y la necesidad de reestructurarlos, distribuyendo adecuadamente sus funciones, eliminándoles las tareas de preocupación por las políticas de infancia (reservadas a un nuevo organismo) y la rehabilitación respectivamente. Pero también proponen diez mil carabineros más en las calles… El candidato de cuño nuevo resalta que se trata de una materia de interés público, en la que es necesario partir por sus causas, la marginalidad, la pobreza y la discriminación. Propone mayor respeto de derechos al interior de las cárceles y crear subsidios a la contratación de quienes han debido cumplir penas y retornan a la libertad y a la comunidad. Propone políticas de prevención temprana de la drogadicción pero no señala mecanismos ni institucionalidad… Por su parte, el candidato de la izquierda reinventada denuncia la reacción de empresarios, políticos y medios de comunicación en la línea de la represión de los excluidos, sin escuchar propuestas de efectiva integración. Debe existir, señala, mayor intervención de los gobiernos locales y organizaciones comunitarias en la prevención. Y también propone, sin alternativa, la derogación de la ley de responsabilidad penal juvenil… El candidato que gana por nariz reconoce los avances alcanzados -¿cómo no hacerlo si justamente al candidato se le debe la reforma procesal penal que tanto ha cambiado la cara de la respuesta a la criminalidad?- y exige evitar el populismo penal en las medidas a adoptar. Propone jueces especializados en ejecución de penas y en materias juveniles, así como la revisión de los procedimientos policiales para evitar abusos. Pero ofrece el uso de los brazaletes electrónicos y dispositivos similares de seguimiento y control, sin propuestas de regulación legal en su uso… Es fundamental en todos los casos recordar que cualquier política de cambios o perfeccionamiento que se vaya a aplicar tiene que ser respetuosa de los derechos de todas las personas y que no puede haber retroceso en esas lides. Es necesario exigir resultados a las instituciones que intervienen en seguridad, policías como ejemplo emblemático, antes que mayores inversiones. Alejar de todos quienes intervenimos en el sistema los fantasmas de la corrupción, el abuso de poder, la eficiencia mal interpretada (logros y cifras a costa de derechos) es una tarea transversal. La mayor participación de los municipios en estas materias, ofrecido por los candidatos, es una opción adecuada, siempre que en esa delegación haya un seguimiento permanente y una exigencia de resultados y cambios. Es importante también tener claridad sobre los límites de las propuestas que se pueden (y deben) concretar. En el caso de las víctimas es relevante tener claro que los excesos en la intervención, con una defensoría de las víctimas por ejemplo, pueden ser contraproducentes y conseguir menor eficiencia y protección en definitiva para quienes realmente pueden necesitarla –como las víctimas de los delitos más violentos, debiendo reforzarse la titularidad de la protección y representación del Ministerio Público. No puede existir una pretensión de alcanzar a todos los delitos y por ello es necesario ser más eficaces en los que realmente afectan la vida de las personas. Aumentar los delitos de bagatela y su persecución tiene costos innecesarios cuando en realidad debieran ser materias de otras instancias de resolución de conflictos. ¿Por qué invertir tantos recursos en delitos menores que generalmente afectan a poderosos y no al diario vivir de las personas? Y por cierto, en el refuerzo de la institucionalidad, es imprescindible hacer realidad la promesa y aspiración de todos los programas de gobierno futuro en orden a otorgar autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública. ¿Por qué no aprovechar de recordarlo para que se haga realidad el equilibrio necesario en la persecución penal y la protección de los derechos de todos?
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