Por Julio Sánchez Agurto // Director Periódico La Diagonal
Cuando se filtraron los nombres de quiénes serían los miembros que conformarían el gabinete del presidente electo Sebastián Piñera, mucho antes de la presentación oficial, la atención se centró en Jaime Ravinet, personero importante de la Democracia Cristiana, quien tras 49 años de trabajo en la falange, asume como nuevo ministro de Defensa con el repudio de los presidentes de su partido, Juan Carlos Latorre y Renán Fuentealba, quienes tildaron al ex alcalde de Santiago como “oveja negra” y “falta de hombría”.

Aunque para muchos, la atención la tuvimos en otro lado, más alejado de lo mediático. Los nombres, los otros nombres que el nuevo mandatario entregó generan una justificada inquietud respecto a cómo serán sus desempeños en sus áreas.

Por ejemplo, el archi conocido e incansable Joaquín Lavín, un UDI pinochetista que liderará uno de los ministerios más álgidos del gabinete: el de educación. El problema, es que es el fundador y uno de los dueños de una Universidad: la Universidad del Desarrollo. Primer conflicto de intereses.

Jaime Mañalich Muxi será el nuevo titular de salud. Aquí se presenta el segundo conflicto de interés: el hombre es director de la Clínica Las Condes, institución privada que tendrá que ser fiscalizada por quien hasta hace un mes era su director.

Alfredo Moreno Charme asumirá la cartera de Relaciones Exteriores. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica, es, entre los múltiples directorios en los que participa, director de la magna empresa Falabella. El problema es que una de sus responsabilidades como ministro, será regular las relaciones comerciales con los demás países. Perú, por ejemplo, es un caso, y donde Falabella busca penetrar con más fuerza en dicho mercado. Es el tercer conflicto de interés.

Y la lista suma y sigue. Sin ir más lejos, el presidente y líder del grupo, Sebastián Piñera, es dueño de una larga cantidad de empresas y medios de comunicación, los que se ha negado a dejar de forma transparente y certera. Dicha situación complica la moralidad de quienes asumen en los cargos públicos y pone en duda, con justa razón, sus reales intereses al momento de definir políticas públicas.

Quienes, desde el 11 de marzo, tendrán que fiscalizar el funcionamiento de diversos organismos y empresas, serán sus mismos directores o ex directores. El conflicto de intereses será enorme y la preocupación social aún mayor. Ya varios gremios han manifestado que desde el 11 de marzo, podrían anunciarse intensas movilizaciones, no solo por el temor a la vulneración de los derechos laborales o educacionales, entre otros, sino más bien por la duda razonable que queda sobre la probidad que tendrán nuestros futuros ministros cnsideando lo antes aquí expuesto.

De todas formas, este es el juego de la democracia, en un país aún ignorante cívica y políticamente, y que elige siempre a sus mismos representantes, para luego sumarse a la retórica popular de decir que esos mismos políticos son la denostación típica de nuestra idiosincracia.

Por dicha causa, a los fiscalizadores sociales de siempre, no queda más que tener ojo con los ministros y con sus conflictos de interese.