Sobre mineros y parlamentarios oportunistas

Por SERGIO MUÑOZ

Manuel Rojas Molina, diputado UDI, presentó un proyecto de ley, junto a un grupo de parlamentarios de su partido, promoviendo la construcción de un memorial al espíritu heroico de los 33 mineros atrapados en la Mina San José.
Este hecho, en una primera lectura, parecería una idea del todo aceptable y de justicia para con nuestros mineros en desgracia.
Pero yendo al fondo del asunto y atendiendo a los adjetivos utilizados por los parlamentarios del gobierno de Piñera es necesario precisar algunas definiciones.
Un acto heroico es, por naturaleza, voluntario y con una justificación, orientación y objetivo a conseguir plenamente definido.
Nuestros mineros se encuentran en la situación actual por la imperiosa necesidad de trabajar por sus familias. Para nadie es desconocido, ni menos para los parlamentarios, el nivel de desempleo existente en nuestra Región de Atacama, siempre sobre la media nacional y sobre los dos dígitos. Tampoco se desconoce el aumento de la pobreza reflejado en el informe Casen 2006-2009.
La imperiosa necesidad de trabajo hizo que el empresario minero contara con mano de obra dispuesta a trabajar aún en las precarias condiciones de seguridad en que se desarrollaba la actividad de esta y otras minas de la región.
La legislación laboral existente, heredada de la dictadura militar y no modificada, salvo atisbos de maquillaje, por los gobiernos de la concertación, posibilitó que el empresario minero contratara los servicios de estas personas y que estas prestaran sus servicios en las modalidades y condiciones laborales por todos conocidas.
La falta de fiscalización por los órganos del Estado competentes y la voracidad del empresario minero posibilitó que estos mineros bajaran a la mina de las condiciones de inseguridad y riesgo inminente, condiciones que se conjugaron para que estos trabajadores se jugaran la vida por un sueldo y unas imposiciones previsionales aún impagas.
Nuestros mineros son héroes antes de esta tragedia.
Nuestros mineros ahora son víctimas. Victimas de una legislación laboral que no protege a los trabajadores y a sus familias. Victimas de parlamentarios que, buscando el aprovechamiento político, promueven la construcción de memoriales, estatuas o cualquier otra obra de significado fúnebre, y en uso de sus atribuciones en el Congreso Nacional, votan en contra de las iniciativas propuesta en atención a modificar la legislación laboral actual, el aumento de presupuesto para los entes fiscalizadores, tanto previsional como laboralmente, además de la fiscalización en temas de seguridad laboral.
Esta tragedia de los trabajadores, de nuestros mineros de Atacama, solo tendrá validez si con esto acceden a las condiciones dignas y justas que todo trabajador merece, además que se encuentran garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico.
Los mineros de Chile no necesitan estatuas ni memoriales.
Necesitan que los empresarios retribuyan en forma justa, suficiente y oportuna, y en las condiciones de salubridad y seguridad que corresponden, el trabajo sacrificado del minero y que su incumplimiento se debidamente castigado y penado.
Necesitan que diputados y senadores legislen garantizando un trabajo digno con sueldos, horarios de trabajo, condiciones de seguridad, pago oportuno de imposiciones, seguros de cesantía, acceso a la salud, pensiones y jubilaciones.
Necesitan que el Poder Judicial investigue las condiciones que permitieron que estos trabajadores se encuentren en la situación actual y que los responsables sean debidamente juzgados y castigados, civil y penalmente.
Sólo así el sacrificio de nuestros mineros y sus famitas habrá valido la pena.