Gobierno ordena expulsión de militar argentino condenado en su país por desaparición

El Gobierno ordenó la expulsión inmediata del coronel retirado del Ejército argentino Alejandro Duret, condenado en su país por el secuestro, tortura y desaparición de un opositor en la dictadura militar (1976-1983), confirmaron hoy fuentes de la policía.

La orden de expulsión fue dictada en las últimas horas, tras confirmarse la detención de Duret en la ciudad de Talca, a 260 kilómetros al sur de Santiago.

Duret fue procesado en Argentina por el secuestro, torturas y desaparición, en 1976, de Carlos Labolita, un militante peronista amigo cercano del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta del país, Cristina Fernández.

La orden de expulsión fue decretada por Rodrigo Galilea, intendente (gobernador) de la región chilena del Maule, por lo que, según las fuentes, sería llevado de inmediato a la frontera para ser entregado a la Justicia argentina.

El pasado 26 de septiembre, la Cámara de Casación Penal de Argentina revocó un fallo absolutorio dictado en julio de 2009 por el Tribunal oral federal de Mar del Plata y condenó a Duret a quince años de prisión por esos delitos.

No obstante, el día anterior el excoronel había ingresado a Chile como turista por el paso Los Libertadores, principal ruta terrestre entre ambos países, por lo que la Fiscalía argentina dispuso solicitar su captura internacional.

También permanece en Chile el juez argentino Otilio Romano, quien pidió refugio tras se suspendido de su cargos e imputado en su país por más de cien casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Romano se encuentra en espera de que el Gobierno chileno resuelva sobre su solicitud de ser acogido como refugiado.

En Argentina tiene ese estatus el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, requerido por la Justicia chilena por su implicación en el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido en 1991.

Una petición para extraditarlo a Chile fue aceptada por la Justicia argentina, pero anulada de forma administrativa por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que otorgó a Aplablaza la condición de refugiado.