“Manifestarse es casi un sinónimo de que te lleven detenido o apaleado”

A mediados de año, un grupo de abogados del Instituo Igualdad creó la organización Asesoría Ciudadana, un centro de orientación jurídica gratuita que ha estado presente en todas las marchas estudiantiles, monitoreando el comportamiento de la policía y velando que se respeten los derechos de los manifestantes detenidos.

Luego de la protesta nacional del 4 de agosto y la prohibición de marchar del Ministerio del Interior, la organización denunció los abusos de autoridad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras lo cual la instancia se pronunció, conminando al Estado a velar por el respeto de los derechos constitucionales, como lo es el de manifestarse.

Tras sus denuncias, la CIDH les concedió una audiencia para el 28 de Octubre, en la sede de este organismo en Washington D.C. Allí, Asesoría Ciudadana expondrá, en términos generales, las violaciones de varios derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas, así como también la cuestionada normativa que las regula.

Según el abogado Nicolás Facuse, director del Centro de Estudios Jurídicos de la FECh y secretario ejecutivo del proyecto, la agrupación ha centrado su trabajo en tres aristas. La primera, se trata de acciones locales a través de querellas y denuncias de los abusos; en segundo lugar, ser una especie de observador de los derechos humanos estando presente en las manifestaciones y las comisarías y en tercer lugar sus acciones internacionales, como sus denuncias ante la CIDH.

En estas visitas a comisarías y manifestaciones, ¿cuáles han sido los principales abusos que han detectado ustedes?
-Hemos visto desde agresiones verbales hasta golpes de puño, patadas o con bastones. De hecho, hemos presentado un par de querellas por esto, por ejemplo la de Francisco Arias, un chico que le mostró una tarjeta roja a un carro policial, los carabineros lo detuvieron, le quitaron la cámara, se la rompieron, lo subieron al furgón policial, lo agarraron a patadas, le partieron un par de costillas, le apretaron los ojos con los pulgares para que soltara la cámara… son casos muy cruentos. Así son la mayoría y varios de estos son los que vamos a exponer ante la comisión interamericana el 28 de octubre.

¿Qué pasa después de esa exposición en la Comisión Interamericana, hay un pronunciamiento?
-Esperamos que para esta audiencia sea citado un representante del Estado, esperemos que este asista, y nosotros vamos a entregar un informe a la comisión con una copia al Estado con varios capítulos sobre este tema y sobre cómo se regula en Chile el derecho a manifestarse. En Chile está muy restringido normativamente por un decreto supremo que viene de la dictadura, dictado en 1983, que si bien en la Constitución se señala que te puedes manifestar sin permiso previo, este decreto finalmente te obliga a pedir autorización, a señalar dónde va a ser el punto de encuentro, dónde vas a hablar, quienes van a tomar la palabra durante la manifestación. Si tú no cumples eso te pueden negar la autorización o bien las fuerzas del orden tienen todas las facultades para terminar la manifestación. Nosotros buscamos que la Comisión le manifieste al estado chileno que los hechos de violencia no pueden volver a repetirse y del mismo modo esperamos que instruya las investigaciones correspondientes en los tribunales para que se encuentren a los responsables de las torturas y los abusos que hemos registrado, y que también se manifieste en torno a la normativa que regula las manifestaciones en Chile.

¿Chile viola algún tratado internacional respecto a la normativa sobre las manifestaciones?
– Lo desconozco, pero se entiende que el derecho a manifestarse es sin autorización previa, es un acto de espontaneidad ante el malestar o la alegría de la sociedad. Si Chile gana un partido de fútbol, seguro Plaza Italia va a estar llena de gente que no tendría por qué pedir autorización, pero bajo la normativa que tenemos la intendencia tiene las facultades para impedir una celebración por el triunfo de Chile.

Es rara esto de pedir permiso para decir que no estás de acuerdo…
-Sí, en el fondo le digo ‘señor ministro del Interior, señora intendenta, le vengo a pedir permiso para manifestarle mi enojo por cosas que usted mismo está haciendo’. Esto es paradójico, contradictorio.
La normativa nos lleva rigiendo ya casi 30 años, tiene el sello marcado de la dictadura y lamentablemente no fue modificada al regreso de la democracia, pero nos parece que este año y en el contexto de las movilizaciones estudiantiles se ha utilizado de sobre manera esta normativa, esencialmente el 4 de agosto y ayer (6 de octubre). En el momento en el que se toma la decisión de prohibir las marchas. Y carabineros se ha amparado en esta normativa para por ejemplo, llevar detenida a gente que está bailando en las veredas o se está manifestando en las veredas, lo que es claramente una detención ilegal, en virtud de las facultades que tiene por esta normativa. Manifestarse es casi un sinónimo de que te lleven detenido o apaleado.

¿Crees que este gobierno ha sido condescendiente con los abusos policiales y ha dado pie para que la policía cometa excesos?
-Hay hechos políticos concretos. En la administración anterior hubo casos de abuso y lo que hizo la administración fue descabezar las Fuerzas Especiales, hoy día vemos que hay casos de abusos y el ministro Hinzpeter sale respaldando a las fuerzas policiales e incluso el presidente Piñera ha ido en más de una ocasión a respaldar el actuar de carabineros. Con ese respaldo claramente la institución siente que lo que viene haciendo es correcto y que lo tiene que seguir haciendo así. En ningún momento ha habido un freno o parelé al actuar de carabineros. De hecho recién se tomaron decisiones a partir de la muerte de Manuel Gutiérrez, pero tampoco se descabezó al general de carabineros, el general salió por otro motivo. Entonces la actitud política de este gobierno.