El Consejo de Defensa del Estado (CDE) entró a tallar en la investigación secreta que lleva la Fiscalía Naval en Valparaíso, por la revelación se secretos de seguridad nacional y posible fraude al fisco en el marco de la compra de las fragatas holandesas para la Armada. Esta indagatoria se desarrolla paralelamente a la que sustancia el fiscal del Ministerio Público Oriente Carlos Gajardo por el delito de lavado de dinero, entre otros ilícitos, donde actualmente se encuentran formalizadas tres personas.

La decisión del CDE se produjo hace algunas semanas en la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, a cargo de Enrique Vicente, quien le encargó la preparación de un informe a uno de sus subordinados, para analizar las variables jurídicas. El funcionario preparó la minuta, la que viajó a Santiago y fue analizada en el comité penal de los jueves. En la instancia interna se estimó que si bien existen los “presupuestos fácticos” para ingresar una acción penal, esperarán a que la Fiscalía Naval levante el secreto del proceso y así pedir una copia del expediente, ya que la Ley Orgánica se los permite.

El Consejo de Defensa del Estado, cabe recordar, ya es parte en la indagatoria que lleva Gajardo. De hecho, presentó una querella -en agosto pasado- por los delitos de blanqueo de capitales y cohecho, en contra del vendedor de armas Guillermo Ibieta, el ex infante de marina Juan Tapia y el ex almirante y ex gerente de marketing de Asmar, Patricio Basili. Los tres se hayan formalizados y en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. De allí que todo indica que entrará penalmente en la causa de la justicia naval.

Cazador cazado

La investigación de la Fiscalía Naval comenzó con una denuncia de la propia Armada el 1 de agosto y que fue revelada también por este medio. La estrategia legal de la institución apuntó a conseguir información de parte del ministro de la Corte de Santiago, Manuel Valderrama, quien llevó una arista de este caso, pero que la traspasó a Gajardo.

La orden de judicializar el caso en la justicia naval fue del almirante Edmundo González, quien además ordenó otras dos de carácter interno: una a cargo de inteligencia y otra en la contraloría de la Armada, para analizar los procesos de mejoramiento de las fragatas -que le costaron al fisco US$ 350 millones- y que estuvieron a cargo de Asmar. En esta última empresa, ligada a la marina, trabajó por varios años Patricio Basili, lo que determinará el camino a seguir por el CDE y donde debería “hincar el diente”.

Gran parte de los antecedentes que indican que en el arreglo de las fragatas pudo existir algún ilícito, constan en el disco duro de Ibieta, incautado por Gajardo y que también está en poder de este medio.

Los mails y sus contenidos hasta ahora han provocado dos bajas en la Armada y revelado la profundidad de la red de apoyo que Ibieta logró construir en el rama de las Fuerzas Armadas.

El primero fue el propio Basili, y el segundo fue Luis Niemann a quien el propio González le paralizó el ascenso a contralmirante, aún cuando ya había sido aprobado por La Moneda. La determinación de González, según fuentes de la Armada, fue la reacción a un artículo publicado por este diario, donde daba cuenta que Niemman era uno de los contactos de Ibieta.

A raíz de la decisión de González Niemann renunció a la Armada, “por honor”, dijo una fuente ligada a su familia, tal como lo adelantó ayer este diario.