U. del Mar: CDE evaluará querella por negociación incompatible y cohecho contra ex directivo de la CNA

El profesional Rodrigo Reyes será el encargado de informar al comité penal de la entidad encargada de defender los intereses del fisco, unidad de donde emanará finalmente la decisión. Los hechos apuntan a una asesoría realizada a la casa de estudios por el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Díaz. Este último la hizo a través de una sociedad en la que participa, a sólo semanas que se le entregara la autorización para continuar funcionando a la entidad educacional, pese a las graves irregularidades en su administración. Por ello recibió $ 60 millones. En la indagatoria también está imputado el ex rector de la universidad privada, Héctor Zúñiga.



El Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluará la presentación de una querella criminal por los delitos de negociación incompatible y cohecho en contra del ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Díaz Corvalán. Lo anterior, luego que el fiscal Oriente Carlos Gajardo les remitiera los antecedentes de la indagatoria que sustancia por los mismos ilícitos, gatillada a raíz de una denuncia presentada por el titular de la CNA Patricio Basso, que involucra también el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga.

La presentación apunta a que Díaz realizó charlas y asesorías a la Universidad del Mar por $ 60 millones -según publicó Ciper Chile- a través de la Sociedad Gestión Limitada, de la cual es socio, contrato que suscribió en enero de 2011, a sólo semanas que la CNA -en diciembre- acreditara a la cuestionada casa de estudios. La decisión contó con el voto de Díaz, por lo que se sospecha que se trató de un “pago por fuera”, ya que la entidad educacional pasó la prueba pese a presentar graves problemas de infraestructura y malla curricular.

Para llevar adelante el análisis jurídico, confidenció a The Clinic Online un consejero del CDE, se designó al abogado Rodrigo Reyes, profesional de amplia experiencia en casos complejos relativos a lavado de dinero y delitos económicos, entre los que destacan las indagatorias por las platas ilegales de Pinochet en el Riggs, las coimas pagadas por la compra de los aviones Mirage al ex comandante en jefe Ramón Vega y el lavado de dinero detrás de la compra de las fragatas para la Armada, entre otros.

Megazorra

Hay que recordar que la Universidad de Mar enfrenta graves problemas judiciales, no sólo por esta investigación de la fiscalía oriente, sino también porque se develó que se embolsaba las lucas que ganaba a través de sociedades inmobiliarias las que no eran invertidas en el plantel como manda la ley, figura usada por muchas privadas para lucrar con la educación.

Quien reventó públicamente la información fue el entonces rector y ex miembro del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, quien renunció al cargo el pasado 31 mayo, oportunidad en que entregó una carta donde daba cuenta de esas y otras anomalías. Una de ellas era el no pago de cotizaciones y sueldos, mientras que los dineros iban dirigidas a las sociedades satélites de la Universidad del Mar.

Quien recibió la misiva de renuncia fue Mauricio Villaseñor, un hombre de negocios de la Quinta Región, que estuvo diez años al mando como gerente de finanzas del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), para luego, en 1990, ser designado como presidente de Asmar, puesto que paralelamente lo compartía con la casa de estudios.

Alcances procesales

La investigación que lleva el fiscal Gajardo junto a su colega Pablo Norambuena, avanza de la mano con la PDI, que hace algunas semanas incautó los computadores de la sociedad a la que pertenece Díaz y otro aparato desde la Universidad del Mar, los que son analizados por la Brigada del Cibercrimen.

A partir de la revisión de los discos duros, podrían aparecer otras anomalías, cuestión que pondría en aprietos no sólo a Zúñiga y Díaz, sino también a Villaseñor.

En este sentido, la querella que podría presentar el CDE ante la justicia -y sus alcances- dependerá del Comité Penal del organismo, presidido por el consejero Eduardo Urrejola.

Paralelamente a la investigación penal, la Contraloría lleva una de carácter administrativo por los mismos hechos, cuyos resultados están pendientes.

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