El periódico Azkintuwe, consignó que Emanuel Ginóbili, estrella argentina de la NBA,sostiene una demanda judicial contra la comunidad mapuche de Villa La Angostura. La demanda sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili prevalece por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante quiere hacer un barrio privado y una hostería de lujo.

Ginóbili, pidió judicialmente que se le adjudique legalmente la propiedad de un predio donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriao, que reside en Villa la Angostura desde 1902 (reconocido por documentos del propio Estado argentino). Esta denuncia es la fase anterior a pedir el desalojo de la comunidad. En la causa los abogados de Ginóbili utilizan argumentos históricos que desde hace décadas son desechados por el mundo académico.

Cabe destacar que fue el propio Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura.

“La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. Sobre el lote 9 fue creciendo el centro de Villa La Angostura y la comunidad mapuche fue gradualmente ‘corrida’ hacia la marginalidad del lote”, explicó Sebastián Valverde, antropólogo, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En ese mismo sentido, ya en 2007, junto a la investigadora Analía García, publicó “Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura”, donde detalla el despojo de los primeros habitantes del lugar.

El caso de “Manu”. Emanuel Ginóbili adquirió en 2004 un lote de aproximadamente once hectáreas, sin saber que era reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad rechazó dejar el lugar, Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad. La estrategia legal fue negar la existencia de la comunidad (y así negar derechos que asisten a los pueblos originarios).

En forma posterior, en el año 2011, la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.

“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado

Según consigna el sitio del Observatorio de Derechos Humanos Indígenas la estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostiene que los mapuches no son argentinos (sino que son chilenos).

La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación, lo que ha sido rechazado por diversas instancias. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denunció en 2009 en un comunicado el Consejo Directivo de esa casa de estudios.

El título fue explícito: “Declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche” y advirtió que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.

Cabe recordar que en noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces hubo denuncias de hostigamiento y violencia ejercidas contra ellos por parte de autoridades y fuerzas provinciales. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche.