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Poder

24 de Julio de 2012

Harald Beyer a un paso de declarar en la fiscalía por denuncia de estafa contra la Universidad del Mar

El profesional busca que el perseguidor Occidente, Tufit Bufadel inquiera el secretario de Estado para que explique por qué aseguró que lo denunciado en el informe de la Comisión de Educación de la Cámara, era conocido por todos. En el escrito se pide además que el SII indague la red de empresas fantasmas relacionadas a la casa de estudios y cómo se usaron los fondos del CAE. Los 15 miembros de la Comisión Nacional de Acreditación también podrían llegar a la oficina del Ministerio Público de Maipú, donde está la querella por estafa interpuesta por cientos de estudiantes.

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El abogado Mauricio Daza, quien representa a cientos de estudiantes de la Universidad del Mar (UDM), pidió ayer que el ministro de Educación, Harald Beyer, preste declaración en la indagatoria que lleva el fiscal Occidente Tufit Bufadel, luego que el Noveno Tribunal de Garantía acogiera la querella por estafa.

El profesional, en un escrito al que tuvo acceso The Clinic Online, también solicitó que testimonien los dueños de la casa de estudios, con el fin de que Bufadel acredite la existencia de una red de empresas fantasmas que permitieron generar millonarias ganancias gracias a los aportes del Estado que no se tradujeron en mejoras en la UDM.

Entre los citados se encuentra el rector Héctor Zúñiga y su hijo Pablo, Sergio Vera, Juan Carlos Galdámez, Luis Molina, Álvaro Contreras Talavera, Juan Vicuña Marín, Alejandro Leiva, Ricardo Vicuña, José Greenhill, Jorge Pastén, Mauricio Rivero, Carlos Zelada y Mauricio Villaseñor, presidente de la junta directiva de la Corporación Educacional de la UDM.

Daza, en su presentación le solicita al fiscal Bufadel que inquiera a los mencionados en torno a su “participación en la creación y desarrollo” de la casa de estudios, en relación a “la forma concreta de su constitución”. En otras palabras como se tejió la gama de sociedades para el lucro.

Sacando el tapón

Hay que recordar que el escándalo que afecta a la Universidad del Mar estalló en mayo, cuando el entonces rector, ex diputado y ex miembro del Consejo para la Transparencia Raúl Urrutia, reveló públicamente que la UDM debía hasta ese mes más de $250.000.000 -sin contar con el pago de las cotizaciones previsionales- a los trabajadores de la casa de estudios.

De allí que Daza pide que a la Fiscalía Occidente que oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que entregue la información de 17 sociedades ligadas a dicha universidad y sus socios.

Se trata de Inmobiliaria del Mar, Terramaris, Inmobiliaria e Inversiones Rancagua, Doña Teresa, Don Horacio S.A.; Inversiones Serena, Los Placeres, Valparenas, Estudios y Proyectos Académicos, Centro Integral de Desarrollo Profesional, Inversiones ByB, Inversiones Doña Eliana.

Se suman a las anteriores, Menzú Inmobiliaria e Inversiones, Financier’s Systems, Centro de Negocios y Comercio Exterior, Inmobiliaria e Inversiones Vera y Educación a Distancia.

Daza busca no sólo conocer quiénes son los que están detrás del tinglado, sus vínculos y dispositivos financieros internos, sino también apuntar a las fórmulas usadas para utilizar el dinero aportado por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y su verdadero destino que, según se sospecha, fue a parar al patrimonio personal de los citados en la presentación.

La sombra de La Polar

El profesional incluso va más allá en su escrito y le solicita a la fiscalía que cite a declarar a los dueños del fondo de inversión Southern Cross, Norberto Norita y Raúl Sotomayor, los mismos que aparecen ligados a la indagatoria que lleva el Ministerio Público Centro Norte en el caso La Polar.

El objeto de su testimonio es conocer “cómo se concretó, con indicación de los contratos y actos concretos ejecutados para tal efectos y sobre el objetivo patrimonial que dicho fondo de inversión tuvo para efectuar tales operaciones”.

Sin decirlo, Daza esta bordeando la existencia de contratos simulados con tal de esconder el verdadero destino de los dineros y acreditar así que la Universidad del Mar, junto con prestar una baja calidad educacional, tal como sostuvo Urrutia en su carta, es un tinglado criminal montado con apariencia de legalidad.

Otro de los que tendría que atestiguar es Rodrigo Lasen Campos, quien hasta el año pasado era el jefe de gabinete de la Dirección de Educación Superior del Mineduc. Este último, al retirarse de la secretaría de Estado se fue a trabajar a esta casa de estudios para gestionar las platas del CAE.

Para el caso del ministro Beyer, Daza busca que le explique al fiscal Bufadel -en persona o vía oficio- por qué aseguró que el informe de la Comisión de la de Educación Cámara de Diputados sobre el lucro en las universidades no decía “nada nuevo” y que todo ya era conocido.

Beyer, si el fiscal así lo estima, tendrá que responder respecto a cuántas fiscalizaciones se hicieron “a la denominada corporación sin fines de lucro Universidad del Mar” y los antecedentes de que disponga sobre la acreditación de las carreras “de dicha institución”.

El actual jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte también debiera sentarse en la oficina de Bufadel para que se refiera “en especial” a los controladores de la la misma entidad “sin fines de lucro”, la acreditación y las platas del CAE.

A todos los anteriores se suma Raúl Urrutia, Francisco Acevedo, ex decano de Medicina de dicha universidad. Este último señaló públicamente que con la educación que recibían los alumnos la salud de los chilenos “estaba en peligro”.

Por último, Daza pide que la fiscalía cite y tome declaración a los quince miembros del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) presidida por Íñigo Díaz.

Esta indagatoria que lleva Bufadel es paralela a otra que está en manos del fiscal con dedicación exclusiva de la zona oriente Carlos Gajardo.

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