El presidente Sebastián Piñera no quiere que en el caso de la Central Castilla la última palabra la diga la Corte Suprema, por eso, y un día después de que la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y el titular de la Corte, Rubén Ballesteros, dieran señales de distensión, volvió a abrir la boca para cuestionar al poder judicial.

En su clásica ronda de entrevistas por el dieciocho, el empresario volvió a la carga con las críticas del gobierno al fallo. “Creo que en algunas materias no se ajustó exactamente a los hechos. Pero más allá de mi opinión, el fallo plantea que no se evaluó la conexión entre el puerto y la central, y he leído intensamente todos los estudios de impacto ambiental y eso sí fue evaluado”, dijo en CNN Chile y agregó que “el gobierno respeta ese fallo, pero no se queda en eso y sigue trabajando por evitar que la estrechez energética frene el desarrollo de nuestro país”.

En TVN dijo: “Yo tengo mis discrepancias con ese fallo, pero porque respeto la democracia y el Estado de derecho acato ese fallo”.

Y así, como quien no quiere la cosa, aprovechó las entrevistas para anunciar que pondrá suma urgencia al trámite de la Ley Hinzpeter en el Parlamento.