Agrupaciones de DD.HH se querellan contra los presuntos responsables del golpe militar de 1973

Representantes de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos presentaron una querella contra “quienes resulten responsables” de los eventuales delitos cometidos en los días previos al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que fueron la base de la acción de las Fuerzas Armadas contra el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens.

El escrito fue ingresado en la secretaría criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por los abogados Eduardo Contreras y Alfonso Insunza para que se tramitado por el ministro de fuero, Mario Carroza.

Los abogados inician la acción legal argumentando que se interpone la querella “en contra de todos quienes corresponda, chilenos o extranjeros, militares o civiles, en relación a los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y que constituyen la estructura y esencia misma de esa sublevación antidemocrática que abrió paso al genocidio que los tribunales investigan hasta hoy, pero si que hasta ahora se juzgue el Golpe en sí y los delitos que ese propio acto implica. El golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo además con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial de nuestra Excma. Corte Suprema en fallos reiterados”, dice el libelo.

Luego enumeran los juristas que los ilícitos son “la sublevación y rebelión contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, privar de sus funciones o impedir que entren al ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia”.

En el libelo agregan que “los golpistas del 73 cometieron crímenes en contra de Ministros de Estado, viceministros o subsecretarios. jefes de servicio, intendentes, gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios públicos. Esos crímenes según los casos, fueron asesinatos, ejecuciones sumarias, torturas o privación ilegítima de libertad. Se configuran por supuesto también los delitos de homicidios, y el de lesiones graves, sean consumados o en grado de tentativa, respecto de las personas a las que les alcanzaron los disparos o bombas lanzadas por los asaltantes del Palacio de La Moneda. Existe por supuesto el delito de daños a la propiedad del Estado y el delito de incendio, los que se configuran a partir del muy cobarde bombardeo a La Moneda y además, se configura el delito de Asociación Ilícita, y que el golpe de Estado fue planificado por una potencia extranjera aliada con elementos civiles y militares nacionales y perpetrado por grupos militares y civiles organizados, con el objeto de alzarse a mano armada contra el gobierno democrático y constitucional, pero además, de secuestrar, torturar y asesinar a miles de militantes y partidarios del gobierno constitucional, por razones políticas”, dice la acción legal.

Por último puntualizan que “la asociación ilícita es asimilable al delito de genocidio, y que buscó destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social y religioso, donde los ejecutores uniformados y civiles del episodio más trágico de la historia de Chile han cometido además delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, como son la traición, el espionaje y otros crímenes que afectan gravemente a la soberanía y a la seguridad exterior del Estado”, apuntan los autores de esta querella.

Entre las diligencias solicitadas al ministro de fuero Mario Carroza, los querellantes piden que se señale a los presidentes de los partidos políticos vigentes al 11 de septiembre de 1973, entre los que destacan: Sergio Onofre Jarpa, por el Partido Nacional; Patricio Aylwin, por el partido Demócrata Cristiano; Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista; y Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, entre otros.