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Opinión

22 de Marzo de 2013

Beyer elige a Enrique Barros para su defensa y gobierno se prepara para “calles incendiadas” por Educación

En el Gobierno aseguran que la presentación contra Harald Beyer no tiene sustento jurídico, sin embargo éste habría escogido a uno de los mejores abogados de la plaza para representarlo: Enrique Barros, quien asumiría desde el lunes la vocería jurídica en este caso. En paralelo el análisis en Palacio es que la oposición quiere “incendiar la calle” y mantener el tema arriba hasta la marcha de la Confech el 11 de abril en una operación en que además estaría involucrada la CUT. Y aunque en un principio la idea del piñerismo era apagar rápido la polémica, ahora, con la concertación dividida y la certeza de que en Educación Bachelet también tiene que dar explicaciones, la tentación de mantener el tema en agenda se hizo patente.

Ivonne Toro Agurto
Ivonne Toro Agurto
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“En un principio la estrategia era contestar la acusación constitucional contra el ministro (Harald) Beyer lo antes posible luego de la notificación y sacar el asunto de la agenda. Hoy lo estamos analizando porque si el tema llega caliente a la marcha de la Confech, las consignas no van a ser sólo en contra nuestra, sino también en contra de Michelle Bachelet”, afirma un alto personero de Gobierno al comentar el último análisis que se hizo ayer en Palacio en el comité político respecto de la presentación contra el titular de Educación.

En el Gobierno hay una sola visión respecto del objetivo que busca la oposición con el libelo: incendiar la calle. Diversas fuentes oficialistas consultadas por The Clinic Online afirman que la Acusación se puso en agenda con la idea de mantener arriba las demandas educacionales y de este modo sacar a la calle a miles de estudiantes el 11 de abril en la marcha convocada por la Confech y que así Bachelet aparezca como un factor de calma o incluso de propuestas en esta área.

“Las protestas bajaron en convocatoria el año pasado y lo que ellos quieren es que vuelvan al nivel de 2011 y así acorralar al Gobierno. Lo que no manejan es que para nosotros es ‘costo hundido’ el que lancen consignas en las calles contra el Presidente y el riesgo para ellos es que también lancen gritos contra Bachelet. Ella tiene mucho que explicar”, sostiene una fuente de Palacio.

Según un ministro de Gobierno en toda la operación concertacionista un rol clave lo juega la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ya que la acusación se da en pleno debate sobre el reajuste al salario mínimo, por lo que es “seguro” que también estará en las calles con la Confech, más aún luego de la petición de fijar el piso en $250 mil frente a los $205 mil que propone el Ejecutivo y que fue rechazado el miércoles por la Cámara de Diputados.

“Ella es parte de todo este engranaje. La idea es tener a los trabajadores y los estudiantes en marchas y que la ex Presidenta aparezca como salvadora”, sostiene un asesor gubernamental.

La arista que el Gobierno pretende explotar, y por lo que aún no decide si intentará o no acelerar los tiempos de debate, es que los movimientos sociales azuzados por la oposición pueden, de todos modos, exigir cuentas a la ex secretaria de Naciones Unidas y con ello concretar el efecto “boomerang” que predijo el Ejecutivo el lunes pasado.

El otro punto es que la división en el bloque opositor sobre el asunto -retratado en el apoyo transversal a Beyer en el mundo intelectual y académico- puede revelar, a juicio de La Moneda, la “ingobernabilidad y la politiquería del grupo que está detrás de Bachelet y que volvería, si ella triunfa, a gobernarnos”.

Por lo mismo, el Gobierno optó ayer por replegarse en el debate y dejar que la oposición se diera patadas por los flancos en la acusación que fueron puesto en el tapete por el presidente del PPD, Jaime Quintana, quien dijo respecto de Beyer que “no le podemos pedir algo que nuestros ministros no hicieron” y el candidato DC, Claudio Orrego, que se desmarcó de la presentación.

Con todo, personeros de la Concertación sacan cuentas positivas porque efectivamente el fin es prender las protestas, y estiman que se va lograr, y además, aseguran le arrebataron al Gobierno la agenda de marzo, por lo que ni el bono, ni la propuesta de salario mínimo ni la baja en las cifras de victimización lograron “lucir”.

¿Y ALINCO?

Respecto de las posibilidades de que la acusación sea aprobada en la Cámara, hoy en el Gobierno el ánimo es bastante mejor que el miércoles cuando los sufragios se contaban uno a uno. Un personero del Ejecutivo, conocido por su alto poder de maniobra en el Congreso, asegura que ayer la oposición se quedó con el respaldo de los independientes Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya y Marta Isassi, pero el sufragio de René Alinco, que según informes de prensa había sido amarrado en contra de Beyer, fue revertido. “Alinco votará con nosotros”, es el lema en La Moneda.

“No tienen los votos, además de la discusión teórica en que están enredados, porque saben que no tienen cara para acusar a Beyer, tienen el problema concreto de que no les dan los números”, sostiene esta fuente.

Sobre las razones para seguir con la ofensiva, distintas personeros consultados aseguran que una vez que la Concertación “se compró la tesis de Guido Girardi, Alejandra Sepúlveda y Rodrigo González de que había que hacer este punto político e irse a las patadas en Educación, retroceder y actuar racionalmente dejó de ser una opción”.

ENRIQUE BARROS, EL ELEGIDO

Respecto de cómo contrarrestar los argumentos legales de la presentación, Beyer estuvo en conversaciones con relevantes abogados de la plaza para ser representado en su respuesta a la presentación, que debe ser entregada en un plazo de diez días luego de la notificación y presentada en la Cámara a los parlamentarios antes de ser votada para determinar si tiene sustento para pasar al Senado.

Entre los expertos jurídicos consultados estuvo Juan Pablo Hermosilla, pero finalmente el otrora experto del Centro de Estudios Públicos habría optado por contratar a Enrique Barros, ex presidente del Colegio de Abogados y que asesoró Alberto van Klaveren en la defensa del Estado en diferendo marítimo con Perú ante La Haya.

Barros, académico además de la Universidad de Chile, fue destacado en 2012 en la prestigiosa publicación legal estadounidense Best Lawyers como uno de los mejores abogados de Chile en el área de arbitraje.

El mayor fracaso que ha enfrentado el jurista ocurrió en 2008 cuando representaba a los controladores de D&S y Falabella en la operación de fusión que fue frenada por el Tribunal de la Libre Competencia.

El abogado tiene la misión de -además de preparar el texto que será entregado a la Cámara-, asumir desde el lunes la vocería jurídica en este caso para que Beyer se dedique exclusivamente a abordar el convulsionado frente político.

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