Documentos involucran a Jefe de Educación Superior en autorización del CAE para alumnos de la UPV

Un documento firmado el 02 de marzo de 2012 por el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup), Juan José Ugarte, aprobó las bases de licitación para la entrega de Crédito con Aval del Estado durante el año pasado para 836 alumnos de primer año de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) sin que estuviera acreditada.

Esto significó una denuncia realizada la semana pasada -en vísperas de la votación de la acusación constitucional contra el ministro Harald Beyer- por el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación Patricio Basso y los presidentes de la Fech y la Feuc, Andrés Fielbaum y Diego Vela, al fiscal Carlos Gajardo, por posible malversación y fraude al fisco por la entrega de fondos fiscales por $1.394 millones.

Según el documento al que tuvo acceso The Clinic Online las bases incluye a los “mechones” 2012 de la UPV dentro de la 15 nóminas de estudiantes de todos los planteles que accedieron al beneficio durante el año pasado, el que fue adjudicado al Banco del Estado de Chile el 18 de junio, varios meses después que la universidad se mantuviera sin acreditación.

De hecho, al jefe de la Divesup, don Juan José Ugarte fue informado el 9 de enero de 2012 mediante un correo electrónico de que la UPV no estaba acreditada al recibir el reporte de acreditación institucional y de las carreras de Pedagogía y Medicina que había sido enviado cinco días antes al Gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión Ingresa, entidad encargada de la administración de créditos para estudios de educación superior.

A eso se suma que el 21 de noviembre de 2011, la Directora Ejecutiva de la Comisión Ingresa envió una carta al entonces secretario ejecutivo de la CNA Patricio Basso en la que solicitó que se le informara si era posible considerar como extendida la acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, más allá del día 29 de Diciembre de 2011, día en que esta expiraba.

Basso, sin embargo, respondió a fines de noviembre de 2011 que esa “extensión” no era legalmente posible y que no existían casos en que se hubiese extendido la acreditación institucional luego de su expiración, tal como ella mencionaba. Estos antecedentes fueron entregados por Basso al fiscal Gajardo el martes pasado.

Tras la denuncia, la Comisión Ingresa señaló en un comunicado público que si bien había expirado la certificación de la UPV, ésta se encontraba en proceso de “reacreditación” cuando se le asignó el CAE, asegurando que en esos casos era de su competencia establecer un criterio para la entrega del beneficio.

Sin embargo, el ex secretario ejecutivo de la CNA explicó que para la entidad acreditadora existen universidades acreditadas o no acreditadas, lo que elimina la posibilidad de la Comisión Ingresa “interprete otro o invente otro estado”.

Según el criterio defendido por la Comisión Ingresa “se consideró -a la UPV- una institución elegible para la asignación del CAE para el año 2012” y recién el 4 de julio de 2012, la CNA rechazó definitivamente la reacreditación de esa casa de estudios, aunque las actas de la comisión revelan que desde el 29 de diciembre de 2011 la entidad había dejado de estar acreditada y por tanto, no calificaba para obtener ese tipo de crédito a sus nuevos estudiantes.

La situación, a juicio de Basso, agrava la falta en el caso del jefe de Educación Superior del Mineduc, por tanto él estaba informado de la situación de la UPV como comisionado de la CNA, al que le fue informada las resolución de la comisión que dejó al plantel universitario como “No acreditado” al inicio del 2012 e igual firmó la resolución (T.R.) Nº 29 / 2012 que aprobó las bases para la licitación.

Incombustible

A casi tres años de su arribo al ministerio, el arquitecto de la UC, uno de los incombustibles en el ministerio del que han dimitido dos ministros y hoy se encuentra con su titular suspendido a la espera de la votación en el Senado de la acusación constitucional en su contra que lo podría convertir en el primer secretario de Estado destituido de la administración Piñera.

Como escudero de la gestión de Joaquín Lavín, el ex vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre los años 2005 y 2010 formó parte del desarrollo de un modelo de gestión que le permitió a la UC generar dividendos con la venta de servicios al Estado a través de las empresas internas como el Dictuc y EducaUC, entre otras.

Al gabinete del Mineduc llegó precedido de una muy buena relación con el subsecretario Fernando Rojas -otro que sigue inamovible después de tres años-, quien al interior del ministerio es visto como uno de sus mayores defensores e incluso como uno de sus amigos. “Pertenece al círculo que deciden las cosas importantes”, dice un alto funcionario del Mineduc.

Con los rectores -a excepción de Ignacio Sánchez, de la PUC- su relación tampoco ha sido de las mejores. Al poco tiempo de abordar el ministerio mencionó la intención del gobierno de crear una instancia que reuniera a representantes de todas las instituciones en reemplazo del Cruch, lo que generó una fuerte polémica con ellos. A fines del año pasado de nuevo se enfrentó con ellos por la intención del gobierno de quitar el control de la PSU al Demre -de responsabilidad de la U. de Chile- y crear una nueva institución a cargo de ella.

Para los ex líderes estudiantiles es uno de los enclaves del modelo de educación que el Mineduc ha defendido estos años de movilización. “Nunca intervenía mucho, a veces solo para precisar algunos datos, pero nos pareció siempre que era alguien que defendía todo lo que nosotros queríamos cambiar. Está en el extremo de la vereda opuesta de nosotros”, cuenta un ex dirigente universitario.

En diciembre pasado, la mesa metropolitana de la Confech pidió la renuncia del jefe de la Divesup por ser un agente directo de los últimos escándalos en procesos de acreditación. Sin embargo, al interior del ministerio no ven que vaya a salir si Beyer es destituido. “Nunca ha estado en entredicho, ni siquiera cuando salió Bulnes”, dicen en el Mineduc.

Ausente

En la testera pública su permanencia no ha estado exenta de polémica, sobre todo con la instalación del movimiento estudiantil y las denuncias de lucro, por las que el propio ministro de Educación ahora está pendiendo de un hilo.

De hecho, parte de las denuncias que fundamentan la acusación constitucional contra Beyer fueron recepcionadas antes que el ex académico del CEP arribara al Mineduc, por lo que fueron remitidas directamente al jefe de esa división. Entre ellas se cuenta el informe de la Comisión Investigadora del lucro y las denuncias de abogados de la U. de Chile de universidades privadas.

Además, al ser representante del Mineduc en la CNA estuvo informado de los informes financieros que alertaron lucro en algunas universidades e incluso apareció mencionado en algunos correos electrónicos por el ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, quien hoy está imputado por el caso que investiga delitos de cohecho, lavado de dinero, soborno y negociación incompatible.

De hecho, en el caso de la acreditación de la UPV, en la sesión del el 22 de diciembre de 2010 Díaz intentó agregar un documento favorable a la universidad a última hora, lo que fue rechazado por Ugarte. Sin embargo, la semana siguiente el jefe de Educ. Superior no asistió a la votación que terminó acreditando por un año a ese plantel.

La inasistencia a las sesiones del CNA son un tema para Ugarte. Según un informe de la Contraloría General de la República, el funcionario asistió -durante el año 2011- a un 29% de un total de 113 reuniones, lo que juicio de Basso pudo haber cambiado el rumbo de las acreditaciones de la Universidad del Mar y otros planteles.

En ese mismo informe el ente contralor señala que como comisionado de la CNA fue él quien manifestó su objeción “de forma y fondo sobre la inclusión al proceso final, respecto del análisis de la ‘minuta financiera’ elaborada por el Secretario Ejecutivo, ya que ésta no había sido conocida previamente por la Institución de Educación Superior correspondiente, ni realizada por un tercero especializado en la materia, lo que a su juicio podría vulnerar algunas garantías de un debido proceso”.

Por estas razones, el ente contralor decidió que ameritaba la instrucción de un procedimiento disciplinario por parte del Ministerio de Educación, el que actualmente estaría en desarrollo aunque fue el mismo ministro Beyer el que le quitó relevancia.

Acá el documento: