CDE decide querellarse contra SQM por falsificación de documentos en fallida licitación del litio

Vía Ciper

Los derechos de explotación que SQM se adjudicó el 25 de septiembre 2012 al obtener el primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), y que la convertirían en la titular de una cuota de 100 mil toneladas del mineral por los siguientes 20 años, se esfumaron rápidamente.

Desde que la empresa minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, ganó el concurso público con una oferta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones), comenzó a develarse una serie de inconsistencias e irregularidades que obligaron al gobierno a invalidar toda la operación. El proceso acabó oficialmente el 22 de noviembre del año pasado y no sólo le costó el cargo a Pablo Wagner, el subsecretario de Minería que estuvo a cargo de la licitación, y a la jefa de la División Jurídica de esa misma cartera, Jimena Bronfman, sino que también significó la apertura de una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Centro Norte por perjurio y fraude al Fisco en contra de SQM y los dos ejecutivos que la representaron en la subasta pública: Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, este último hermano del ministro de Minería, Hernán de Solminihac.

Entre las inconsistencias del proceso que CIPER reveló en detalle en noviembre de 2012, se encuentran las dos declaraciones juradas que SQM presentó para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación. Ambos documentos, que llevan la firma de Ramos y de De Solminihac, resultaron clave para que el concurso público se viniera abajo. El motivo: SQM habría entregado información falsa para poder participar en el proceso licitatorio. Y no sólo eso, sino que además habría cambiado el documento por otro en un procedimiento completamente fuera de las normas. Precisamente por eso es que en su sesión de hoy, 23 de abril de 2013, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió impugnar ambos documentos y presentar una querella contra quienes resulten responsables de la falsificación de la información entregada por SQM, convirtiéndose en parte activa de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

DOS DECLARACIONES JURADAS

De acuerdo a las bases del concurso, las empresas interesadas debían entregar una declaración jurada y protocolizada donde indicaran si cumplían los cinco requisitos mínimos para participar como oferente en la primera licitación del litio organizada por el gobierno: a) no tener prohibición para contratar con el Estado; b) no estar inhabilitado por sentencia judicial para ello; c) no tener litigios pendientes con el Estado; d) no estar en quiebra o liquidación ordenada por la autoridad competente, y e) haber entregado información fidedigna en sus Requisitos Administrativos y Oferta Económica.

La primera de las declaraciones juradas de SQM fue entregada al Comité Especial de Licitación (CEL) el 12 de septiembre de 2012. En ella, la empresa minera que ya antes de la licitación dominaba el mercado mundial de litio, habría falseado información al señalar que no tenía litigios pendientes con el Estado, uno de los cinco requisitos para competir. El dato pronto fue desmentido al comprobarse que SQM, al momento de presentar el documento, mantenía varios procesos judiciales abiertos con el Fisco, lo que según el reglamento del concurso público la habría imposibilitado de participar. Lo extraño es que luego SQM presentó una segunda declaración jurada, donde en vez de negar la existencia de esos procesos judiciales, simplemente omitió la información.

 

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