Aborto penalizado, vergüenza legislativa

Aborto penalizado, vergüenza legislativa

* Por Natalia Flores G. En más de dos décadas desde la reinstalación del Congreso, más de treinta proyectos que pretendieron despenalizar el aborto en alguna de sus instancias fueron presentados. El año pasado, por primera vez, estuvimos frente a la posibilidad de que tres de ellos pudieran superar la etapa de la votación de idea de legislar en la sala del Senado, y así llegar a ser realmente discutidos en el lugar en que la institucionalidad republicana establece: el Congreso Nacional. Durante el primer trimestre del 2012 las organizaciones de mujeres transitábamos por los pisos del Senado. Con carpetas en mano interceptábamos a los honorables en los pasillos para dialogar con ellos. Armadas de argumentos mostrábamos cifras, citábamos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ejemplificábamos con la experiencia de Uruguay y exigíamos volver a una legislación previa a los amarres de la dictadura. No ha sido fácil -antes ni ahora- transferir a las y los parlamentarios la importancia que reviste el legislar en torno a un marco jurídico que permita la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, respetando el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, como existió hasta 1989 en nuestro Código Sanitario Por eso, el 2012 el escenario no era menor: por primera vez teníamos la posibilidad cierta de traspasar la votación de la idea de legislar. El senador PS, Fulvio Rossi, y la entonces senadora UDI, Evelyn Matthei, habían sacudido la trastienda política presentando una moción parlamentaria que pretendía permitir la interrupción legal del embarazo en casos de riesgo de vida de la mujer e inviabilidad fetal. A ésta se sumaba otra moción ingresada por los senadores PPD, Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber, desempolvando además otra moción de autoría del senador PS, Camilo Escalona, que planteaba volver a la antigua legislación del aborto terapéutico del Código Sanitario. Dichos proyectos y su posibilidad de discusión encontraron a la sociedad civil articulada. El Observatorio de Género y Equidad, Corporación Humanas y Miles Chile sumaron y restaron, sólo pocos votos decisivos, los de siempre, los de la DC y liberales de RN. Las mujeres en los partidos políticos se activaron y los agentes de salud dieron su opinión. A costa de todo pronóstico y del esfuerzo de las organizaciones llamadas pro-vida, la idea de legislar de los tres proyectos fue aprobada en la Comisión de Salud del Senado. De esa época recuerdo los viajes a Valparaíso, las apariciones en prensa, la movilización generalizada que llegó a exigir que, a pesar de los constantes retrasos para que estos fueran votados en sal, a llegáramos a ese día. El contexto fue una galería repleta de la Sala del Senado, donde las organizaciones fundamentalistas-religiosas mostraban fetos de plástico a los honorables parlamentarios. Lo que siempre me quedará en la memoria fue el anuncio de los senadores Soledad Alvear, Lily Pérez y Carlos Bianchi, que momentos atrás nos habían dicho que estaban abiertos a al menos algunas causales, votando en contra de la idea de legislar. Perdimos. Mientras veo en el noticiero la historia de Belén, una niña de once años violada reiteradas veces y embarazada producto de esa violencia. La legislación chilena obliga a Belén a llevar a término un embarazo que no está preparada física ni emocionalmente para asumir, y en el que nada tuvo que ver su consentimiento, recuerdo y escribo; es que la rabia sólo puede ser exorcizada a través de estas palabras. Porque tengo presente el gesto técnico de eso-as senadores, que después de un discurso adornado del derecho a la vida, movían sus dedos para apretar el botón con que nos decían NO. A las mujeres chilenas que podrían morir por embarazos que ponen en riesgo sus vidas les decían NO. A mujeres que tienen fetos muertos en sus vientres les decían NO. A las muchas mujeres y niñas que sufren violencia sexual y deben llevar a término un embarazo les decían NO. A las tantas Belén de este pinche país, les decían que NO. Esos-as senadores tuvieron la oportunidad de permitir una discusión callada por décadas bajo la excusa confesional de la divinidad religiosa y dijeron que NO. El aborto terapéutico y/o interrupción legal del embarazo debe considerarse aplicable en nuestro país. Su prohibición constituye un grave problema de salud pública y su penalización, una violación a los derechos humanos de las mujeres y de injusticia social, pues son las más pobres quienes se ven mayormente afectadas cuando deben llegar a término con un embarazo que pone en riesgo su salud física y psicológica. Espero, por lo tanto, que las y los honorables senadores tomen conciencia de que su rol es legislar mirando la posición de la ciudadanía que representan y no sus posturas religiosas personales, y que favorezcan con su voto la idea de legislar algunos de los 2 proyectos que actualmente coexisten en el Congreso en torno a las tres causales antes señaladas, permitiendo así avanzar en un debate amplio y ciudadano. De rechazarse la idea de legislar mi esperanza se traslada a una ciudadanía, especialmente a las mujeres chilenas, que no deberían olvidar que nuevamente sus representantes le dieron una bofetada donde más duele: en la defensa de sus derechos. *Secretaria Ejecutiva Observatorio Género y Equidad
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