Nacional
1 de Agosto de 2013Las duras críticas al ministro Carreño y la encuesta que el SENAME desdeñó en 2011
Tras el escándalo que produjo la investigación de la Comisión Jeldres, las críticas más duras apuntan al ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño: fue su decisión de mantener oculto el informe la que puso al Poder Judicial en el banquillo de los acusados por no haber actuado a tiempo frente a los graves abusos detectados. Ciper Chile señala que en la misma silla está el SENAME, que a pesar de cuestionar la metodología del estudio, en 2011 realizó una encuesta muy similar que detectó los mismos abusos señalados en el informe de la comisión. Aún así, y aunque había órdenes explícitas para que se denunciaran esos hechos, los resultados de esa encuesta parecen haber quedado mayoritariamente en el plano de la estadística.
La investigación realizada por el Poder Judicial y la Unicef sobre cómo viven los 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, no solo mostró la presencia extendida del abuso sexual y de la violencia. Cada vulneración de derechos detectada en ese informe está ligada a un fallo, a un renuncio de los organismos que deben proteger a esos niños: el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Poder Judicial. Hoy ambas instituciones están en la silla de los acusados por su tardanza en reaccionar a lo que la investigación revelaba, pero sobre todo por el hecho de que esas vulneraciones que hoy espantan, lleven tanto tiempo existiendo.
Un ejemplo de esto último: hace apenas dos años, en 2011, el SENAME, que ha criticado el trabajo de la Unicef, realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial. En ella, más de 200 niños dijeron que alguien les había tocado sus genitales y más de 150 dijeron que los habían obligado a tocar las partes íntimas de otras personas. Como se verá más adelante, no hay indicios de que el SENAME haya hecho denuncias a las fiscalías a partir de esos hallazgos. Y ni siquiera la misma institución tiene claro cuántas denuncias ha ingresado en tribunales, a pesar de que así lo establecían dos circulares que se distribuyeron ese mismo año por todo el país para instruir a sus funcionarios y colaboradores acreditados sobre qué hacer ante un posible delito cometido en los hogares y residencias de menores. Lo que sí es claro es que, un año después, el estudio de la Unicef y el Poder Judicial detectó lo mismo.
A medida que la discusión avanza y se suman nuevas instituciones a investigar la vida, usualmente invisible, de los niños en el sistema de protección, queda claro que hay un enorme problema de presupuesto (el Fisco entrega un tercio de lo que se necesita para mantener a un niño en el sistema). Pero también hay lógicas institucionales –sobre todo en los tribunales– que no buscan proteger a los niños, sino hacer las cosas más fáciles para los operadores del sistema.
Varias de esas prácticas se examinaron el 17 de julio en una sesión de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados que abordó este tema en profundidad y que fue escasamente cubierta por los medios. Allí se registró un intenso intercambio de acusaciones entre jueces de familia, el Servicio Nacional de Menores, diputados de la comisión respectiva y la Unicef, cuya representante, entonces, comenzó a sincerar por qué el sistema funciona tan mal.
