Cierre de establecimientos públicos: ¡Aún es tiempo de actuar!

16 de Enero de 2013, Valparaíso: en una sesión del Consejo Municipal, y luego de amplias manifestaciones, el Alcalde de la comuna, Jorge Castro (UDI), anuncia la “postergación” del cierre de establecimientos anunciado previamente. 4 de Marzo de 2013, La Florida: la escuela básica República Dominicana, ubicada en esa comuna, inicia su año escolar en una paradójica situación: formalmente cerrada y en funcionamiento por el tesón y esfuerzo de sus apoderados. 9 de Julio de 2013, La Cisterna: en Audiencia Pública, solicitado por integrantes de la comunidad educativa local, el Alcalde de la comuna, Santiago Rebolledo (PPD), Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, explica las razones del “cambio de proyecto educativo” de tres establecimientos dependientes de su organización.

Todos estos casos tienen un elemento común: constituyen hitos de la crisis de la gestión municipal de establecimientos educacionales públicos, lo que ha sido ya profusamente descrito y explicado por diversos estudios nacionales (ver por ejemplo Raczynski, D. y Salinas, 2009). Uno de los componentes centrales de esta crisis tiene que ver con el desfinanciamiento del sector, lo que se explica a su vez por dos factores principales: el bajo ingreso de la subvención escolar (agravada por la baja sistemática de matrícula público-municipal en los últimos 10 años), y la dificultad de financiar los altos costos fijos asociados principalmente a los salarios de los profesores. En las tres situaciones aludidas, los Consejos Municipales acusan una realidad financiera insostenible, que finalmente lleva a la decisión de hacer un “cambio” (cierres o fusiones) en la gestión de los establecimientos educativos municipales, que permita ajustar la economía del gobierno municipal; en paralelo, en cada uno de estos hitos, se escuchan desde la administración municipal explicaciones varias que derivan casi siempre en la falta de apoyo financiero del Estado central y en la insuficiencia del gobierno local para detener esta “falla estructural” del sistema educativo público.

La educación pública agoniza. Mientras en el año 2004 los estudiantes que asistían a establecimientos municipales (DAEM o Corporación) correspondían al 50% de la matricula total (3.740.575 alumnos), al año 2012, esta participación ha caído al 38,3% (de un universo de 3.549.148 alumnos). Las razones de esta caída en la matrícula son múltiples, y poco se explica – como tratan de hacer creer algunos – por la diferencia de calidad (considerando el referente de las pruebas estandarizadas) entre la educación pública y privada. La crisis de la educación pública es ante todo simbólica, pues construimos un sistema educativo con todas las condiciones para que este subsistema se fuera ubicando y hundiendo en una situación de desprestigio y desvalorización.

Lo paradójico es el contexto en que se asume esta crisis por quienes debiesen al menos en parte liderar su resolución (los alcaldes): prima la idea de que “nadie es culpable” directamente, en la medida que la solución exige cambios en la regulación del sistema que superan los ámbitos de acción del nivel local. Sin embargo, la puesta en escena de los hitos críticos mencionados permiten resaltar un aspecto no considerado por las autoridades locales: en todos los casos, las decisiones tomadas en los Consejos Municipales trajo consigo una gran reacción y oposición por parte de cada comunidad educativa. Las decisiones simplemente no fueron consultadas ni menos consensuadas con las comunidades afectadas por estos cambios. Tampoco dichas decisiones han sido avaladas por estudios o antecedentes que las validen y sustenten. En contraste, cada comunidad educativa se muestra como una “fuerza viva” y comprometida con la problemática, asumiendo una posición clara de rechazo al cierre de los establecimientos y buscando lograr acuerdos comunales que permitan la supervivencia de estos proyectos educativos: en La Cisterna (Educap), Maipú (Liceo Alberto Widmer), o Ñuñoa (Liceo Industrial Alemán), docentes, apoderados y estudiantes, han dejado en evidencia la importancia de la organización social y ciudadana como vía para defender la educación pública que en la práctica ya casi nadie defiende.

De lo anterior surgen, evidentemente, varias preguntas respecto al proceso de cierre de escuelas, desgraciadamente cada vez más frecuente en Chile: ¿Qué políticas de promoción y mejoramiento de la educación pública fueron implementadas desde los gobiernos municipales para hacer frente a la situación crítica enfrentada? ¿Qué resultados arrojaron? ¿Qué otros escenarios de solución barajó el municipio antes de llegar a pensar en el cierre? ¿Qué responsabilidad debiera asumir el Ministerio de Educación en la solución de estos casos críticos?.

Es evidente que el comportamiento de las autoridades ante la crisis dice mucho de las razones de ella: el espacio público está vacío de los actores que debiesen darle vida. En general, los gestores municipales ven en los alumnos, padres y apoderados a meros “clientes” de la provisión educativa que realizan; les informan cuando cambian o “ajustan” un “producto” (la educación), e intentan responder a los déficits que eso provoca. Así, la crisis educacional, del mercado de provisión financiado públicamente, se vuelve inmanejable, en la medida que no existe un agente que se haga responsable por ella. Es como una caída de la bolsa: lo más sensato para cada actor, considerado individualmente, son soluciones para salvar sus “acciones” (aquí, “huir” hacia otro mercado: el sistema particular subvencionado o pagado). Íconos de esta situación de desgobierno y crisis son las demandas que ha levantado la Asociación de Municipalidades en el último tiempo, llamando a “desmunicipalizar” la educación pública y al mismo tiempo demandando al Estado por no proveer los recursos necesarios para una correcta gestión del sistema municipal. Es la venta de acciones frente a la baja sostenida; es la crisis final del mercado de provisión pública.

Frente a este escenario, en Revolución Democrática – movimiento comprometido con la construcción de una educación pública mayoritaria, gratuita, laica y de calidad – consideramos que es indispensable encontrar nuevas soluciones, sustantivamente diferentes a las medidas paliativas que se han impulsado en los últimos años. Y dado que creemos que muchas de las comunas y sus alcaldes no tienen la capacidad y en algunos casos la voluntad de recuperar la educación pública, es clave entender que dicha recuperación pasa por la responsabilidad que tanto el Estado como la ciudadanía debemos asumir. El cierre de escuelas decretado por las autoridades locales no debiera ser una opción en momentos en los que la sociedad chilena mayoritariamente clama por una nueva y mejor educación pública, y solo refleja el estado de completo abandono en la que se encuentra.

Nuestro sistema educativo debe transitar durante los próximos 4 años hacia una cada vez más consensuada desmunicipalización. En ese proceso de transición, debe hacerse un esfuerzo por
detener o aminorar los déficits presupuestarios (con fondos especiales desde el MINEDUC para los casos más críticos y con un buen uso de políticas como la Subvención Preferencial y el Fondo de Gestión Municipal), al menos mientras se revisa y reforma el injusto sistema de financiamiento de la educación escolar (que todavía permite lucrar con recursos públicos y segmenta a los estudiantes según su capacidad de pago).

Con todo, tenemos la convicción de que durante los próximos años igual o más importante será avanzar en la construcción de una nueva manera de hacer política educativa local y nacional. Sea con Agencias Locales Públicos, Asociaciones de Municipios o con la actual estructura, la experiencia nos está mostrando que las comunidades educativas tienen un rol fundamental que cumplir en la defensa de la educación pública. Las experiencias de La Cisterna, La Florida, Valparaíso, muestran cómo a través de la movilización social es posible poner límite a la irresponsable ausencia de políticas nacionales y locales para salvar a la educación hoy municipal. Las autoridades deben ser sensibles a estas demandas y buscar soluciones democráticas y participativas (el Municipio de Huechuraba, por ejemplo, ha decidido comprar una escuela privada para fortalecer la educación pública comunal, escuchando la voz de las organizaciones locales), pues hoy es claro que son cada vez más los que no están disponibles para que la educación pública siga desapareciendo. No habrá educación pública de calidad sin comunidades locales movilizadas y comprometidas con este desafío.

Revolución Democrática quiere hacerse parte de este desafío, contribuyendo desde distintos espacios a esta movilización y compromiso ciudadano por una nueva educación pública.

* Comisión de Educación Revolución Democrática