El 27 de enero el Tribunal Internacional de La Haya dará a conocer el fallo respecto de la demanda peruana por el límite marítimo con Chile y según altas fuentes de la Nueva Mayoría esta fecha ha gatillado la decisión de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, de nombrar a su equipo de colaboradores previo a conocer la sentencia, con el objetivo expreso de que, cuando se haga pública la resolución, ya esté empoderado el nuevo canciller a quien le corresponderá monitorear la ejecución del dictamen.

En las conversaciones que han sostenido dirigentes partidarios con cercanos a Bachelet, se ha transmitido con fuerza el interés por copar el puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el PPD, reconocen que la cartera es prioridad y que tienen nombres para presentar, entre los que destaca el de José Goñi, ex ministro de Defensa en el gobierno de Bachelet. “El PPD tiene candidatos que están para cancillería: José Goñi, Sergio Bitar. El PPD tiene interés allí y tiene nombres, a diferencia de otros partidos”, señala una fuente. La experiencia de Goñi, especializado para enfrentar los desafíos con Perú y Bolivia, lo ponen en la pole position dentro del partido para continuar manejando el área internacional.

Otra tienda que aparece bien perfilada para el cargo es el PS, donde destacan los nombres de Luis Maira y Juan Somavía, quienes también aparecen con chances para ocupar la cartera que será clave en los primeros meses de la segunda administración de Bachelet. Maira, se ha desempeñado como encargado del área de relaciones internacionales de la Fundación Dialoga, según un artículo de revista QuéPasa. Somavía, ex Director General de la OIT, también tiene chances de ocupar Trabajo.

EL FALLO
Aunque tanto el Presidente Sebastián Piñera -quien deberá ratificar el fallo-, como Michelle Bachelet -quien asumirá con el tema en plena vigencia-, han sido fieles al discurso de esperar que el Tribunal falle “acorde a derecho”; no se han descuidado los escenarios para enfrentar un fallo adverso en alguno de los tres puntos reclamados: la inexistencia de límites marítimos entre ambas naciones; la impugnación del Hito 1 como inicio de la frontera (reivindicando un punto 260 metros al sur); y el cambio del límite marítimo desde paralelo que cruza el punto donde termina la frontera terrestre, a una línea equidistante tomada desde la frontera.

Según el diputado Jorge Tarud (PPD), experto en temas internacionales, el optimismo derrochado por el presidente peruano Ollanta Humala, y por el ex Mandatario Alan García, no serían un mero bluffeo. De acuerdo al parlamentario, “el triunfalismo de Perú me lleva a pensar que ellos tienen alguna información de la Corte. Si hay alguna filtración yo no veo alguna otra fuente que no sea el juez ad hoc que puso el Perú, el francés Gilbert Guillaume (ex presidente del tribunal)”. “Eso es muy preocupante, porque el único que tiene algo que perder es Chile. Veo muy difícil que una Corte que hace -a veces- fallos salomónicos no le dé nada al Perú.”, añade el diputado.

Según Tarud, si se confirma el optimismo peruano, será necesario ratificar a través del Congreso o de un plebiscito la decisión presidencial de respetar el fallo y entregar territorio: “El Presidente de la República no tiene las facultades en el artículo 32 de la Constitución para ceder territorio vía decreto, por mucho que sea un dictamen de la justicia internacional; porque el pacto de Bogotá del ’48 tiene rango de ley en Chile, pero no tiene rango constitucional. En consecuencia, no puede pasar por sobre la Constitución, la que señala en el artículo quinto que la soberanía la ejerce la nación, y específicamente el pueblo a través de plebiscito y elecciones periódicas. Por lo tanto, claramente si hay un fallo adverso que nos quita territorio, la decisión presidencial tiene que ser ratificada por el Parlamento”.

Ante la posible proliferación de parlamentarios díscolos que se opongan a una eventual decisión presidencial de cesión de territorio, el DC Gabriel Ascencio responde que “van a haber no sólo parlamentarios, sino también actores políticos y dirigentes sociales que podrán entregar opiniones contrarias a un fallo adverso para Chile, pero allí lo relevante es que no hay ningún espacio para reclamar el fallo. Dictada la sentencia no hay ningún espacio para contradecirla por parte del Estado chileno”.

Pero el próximo dictamen no es el único conflicto internacional que encontrará Michelle Bachelet al asumir el mando, ya que para abril está fijado que Bolivia presente la demanda marítima completa contra Chile, anunciada por Evo Morales el año pasado.

Así, los primeros meses de Bachelet en el poder estarán marcados por el manejo de conflictos externos.

EL MONITOREO DE ARICA

Ascencio es “de los que cree que el fallo será favorable”, pero asume que una resolución adversa podría movilizar a gremios y ciudadanos del norte del país, particularmente de Arica: “los que están colocando las voces de alarma son los empresarios pesqueros. Probablemente en Arica y Tacna vamos a tener que ver el comportamiento de los ciudadanos, donde podría haber algún tipo de reacción local que nosotros no logramos dimensionar acá. En Santiago las autoridades deben prestar atención a lo que pase en Arica, donde hay preocupación no sólo en el fallo, sino en las relaciones con los ciudadanos peruanos”.

Ayer, de hecho, la CPC advirtió que un fallo desfavorable en La Haya afectaría al sector pesquero. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Herman Von Mühlenbrock, explicó que el escenario más adverso sería el donde se perdiera el territorio marítimo cercano a la costa. “Si nos va mal, podemos perder zonas cercanas a la costa, donde realmente está el recurso. Si nos va más o menos, se puede perder zonas alejadas a la costa, a las 200 millas, donde hay menos recursos (…) ojalá que el triángulo exterior sea lo único que se pierda, porque de esa manera va a haber algún efecto en la pesca, pero por lo que tenemos entendido el porcentaje que se pesca en esa zona es muy bajo con respecto al total”, sostuvo el dirigente empresarial.

En todo caso, Tarud considera que el fallo “va a tener más impacto en el gobierno del Presidente Piñera, pero dependiendo de lo que pase hay una continuidad en lo que significaría un manejo de un eventual fallo adverso, y eso le correspondería al gobierno de Michelle Bachelet”.

Por su parte Patricio Hales, ex integrante del comando bacheletista, descarta que una situación así afecte el normal funcionamiento del proceso de reformas que comenzará en marzo, donde está planificado el envío de importantes proyectos de ley como el de la AFP estatal y la reforma tributaria: “eso pasaría si esto fuera una novedad, pero todo Chile sabe que aquí va a haber un fallo de La Haya a partir de una reclamación peruana que significa trabajo, tareas y demandas de acción por parte de nuestra cancillería. La novedad la va a constituir los términos del fallo, los matices importantes los darán los términos del fallo”.