El Gobierno confirma que impulsará la derogación de la Ley Reservada del Cobre y anuncia reforma a la Justicia Militar

El ministro de Defensa, Jorge Burgos, aseguró que el Gobierno impulsará el proyecto de ley que deroga la Ley Reservada del Cobre con la que se financian las Fuerzas Armadas, aunque hará algunas modificaciones al texto elaborado por el Ejecutivo anterior.

“Vamos a traer una indicación sustitutiva en ciertos aspectos, no vamos a retirar el proyecto, y vamos a traer esa indicación sustitutiva hacia fines del actual semestre”, dijo Burgos, que el martes intervino en la Comisión de Defensa del Senado.

La Ley Reservada del Cobre, creada en 1958 y profundizada por la dictadura de Augusto Pinochet, entrega a las instituciones castrenses para compras militares el 10 % de las ventas de la minera estatal Codelco, el principal productor mundial de cobre.

En 2012, el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera presentó un programa de ley para derogar esta normativa y establecer un nuevo sistema de financiación para las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa sostuvo que ese proyecto de ley tiene una “base interesante” pero también puede mejorarse, por lo que en los próximos meses abordará el tema con parlamentarios, académicos y las propias Fuerzas Armadas.

Burgos dijo que también enviará un proyecto de reforma de la Justicia militar para que esta legislación se acote al ámbito castrense y no a casos policiales.

“La decisión es enviar un proyecto que cree una nueva justicia militar, reconociendo la existencia de la justicia militar en tiempos de guerra y en tiempos de paz, pero será acotada y muy dedicada a lo militar, no a lo policial”, señaló.

Burgos apostilló que esta reforma, que espera presentar a comienzos de 2015, busca que la justicia militar se someta a la legislación chilena, a la Constitución y a los tratados internacionales.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de defensa de los derechos humanos han reclamado durante años una reforma de la Justicia Militar para que los crímenes cometidos por personal militar sean investigados y juzgados por tribunales civiles.