Ley del Lobby entra al debate de la Corte Suprema: Cómo se zanjó no revelar la agenda de los magistrados

El 8 de agosto pasado, 18 ministros de la Corte Suprema entraron al tradicional pleno de los viernes. Eran cinco mujeres y trece hombres. En la instancia ninguno es superior a otro. No hay “primus interpares”. Ni siquiera el que ostenta el cargo de presidente del tercer poder del Estado, porque para distintas materias siempre debe contar con la autorización de este cuerpo “colegiado”.

En general, en este ampliado se resuelven todo tipo de materias; desde administrativas de funcionamiento del Poder Judicial, hasta sanciones a funcionarios. Sin embargo, ese 8 de agosto, el tema central era la aplicación de la Ley del Lobby que comienza a regir en septiembre como una profundización a la llamada “transparencia activa” en los órganos públicos.

El tema podría haber sido sencillo, tomando en cuenta que la judicatura comenzó tempranamente la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ltaip) en 2007, publicando las declaraciones de interés y patrimonio de los magistrados, la creación de una oficina de comunicaciones, facilidad para obtener fallos y una naciente página web. En esa línea, en general los jueces han estado de acuerdo en que había que adaptarse a los tiempos y mejorar la alicaída imagen del sistema judicial.

No obstante, la Ley de Lobby provocó un enfrentamiento de posturas -los supremos siempre dicen que en el Pleno nunca se pelea- respecto a la publicación de la agenda de actividades, audiencias diarias y entrevistas de cada uno de los altos magistrados, los de Corte de Apelaciones, los fiscales judiciales, los tribunales especiales, entre otros funcionarios.

La moción para que este acto de transparencia se votara “en particular” y quedara formalizado en el acta, fue presentada por el presidente Sergio Muñoz. Su idea fue apoyada por sus colegas Milton Juica, Carlos Cerda, Pedro Pierry, Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, María Eugenia Sandoval y Andrea Muñoz. Es decir ocho ministros que representaban “casi” el 50% de los votos. En otras palabras, no tenían mayoría para lograrlo. Además faltaban dos magistrados: Rubén Ballesteros y Guillermo Silva.

Fundamentalmente se buscaba terminar con la práctica, aún vigente, de recibir a los abogados de las partes de un alegato, quienes intentan influenciar la decisión. También que en la web del Poder Judicial quedaran publicadas desde las declaraciones en una comisión parlamentaria, invitaciones de las autoridades, Ong’s, universidades, entre otras instituciones. Todo con el fin de transparentar y controlar el cumplimiento ético de los preceptos legales del Código Orgánico de Tribunales (COT), incluyendo la Ley del Lobby y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. En otras palabras, una judicatura con nuevo carácter, del Siglo XXI.

Votación estrecha

Para el presidente Sergio Muñoz no era tarea fácil lograr que se votara en el Pleno su iniciativa. Conocidos son los cuestionamientos al interior del máximo tribunal sobre su excesiva energía, juventud (tiene 56 años), su ánimo reformador en el órgano que aplica las leyes y el más conservador después de la Iglesia.

Esta percepción existe no sólo porque se hizo cargo de cuanta comisión pudo, sino desde que asumió en 2005 como uno de los ministros más jóvenes (49 años), al ser nombrado -previa aprobación del Senado- por el entonces Presidente Ricardo Lagos, en momentos en que investigaba y avanzaba fuertemente en el llamado caso Riggs, por las platas truchas de Augusto Pinochet.

Esta designación siempre ha llamado a la sospecha, porque aún cuando en los pasillos de tribunales le reconocen sus méritos, creen que Lagos lo sacó de en medio y se operó de un juez que iba más allá de lo permitido políticamente.

A lo anterior se agrega un hecho que si bien ahora es parte del comidillo y el rumoreo, sigue siendo una mochila simbólica que pesa sobre la espalda de Muñoz y su cruzada por la transparencia: la comida a la que asistió en la casa del senador Guido Girardi en marzo pasado. A ella concurrieron su colega que le antecedió en la presidencia del máximo tribunal, Rubén Ballesteros y el contralor Ramiro Mendoza.

El hecho nada tendría de particular, salvo por algunos detalles. Primero, Muñoz recibió un regalo en dicha cena de parte de un reconocido político que no mueve un dedo sin calcular sus movimientos y los alcances de sus actos. Y segundo, a diferencia de Mendoza, no agregó en su agenda el encuentro.

Entre funcionarios, ministros, relatores y los abogados que pululan por “palacio”, la comida fue comentario obligado hace unos meses y lo sigue siendo si se trae a colación el asunto. Por ello, si bien Muñoz ha insistido e insiste en la transparencia, en publicar todo lo que hace como presidente de la Suprema, lo cierto es que su asistencia a la comida lo dejó en una posición incómoda, contradictoria, como la del “cura Gatica”.

Con todo, la idea de Muñoz y sus siete colegas que lo apoyaban, no llegó a buen puerto porque los votos que esperaban para lograr una nueva ética judicial, nunca aparecieron en el pleno.

Dicho de otra forma, 11 preferencias estuvieron por no pronunciarse de manera “particular” para revelar la agenda. Esos ministros fueron Nibaldo Segura, Hugo Dolmestch, Raúl Valdés, Carlos Künsemüller, Rosa María Maggi, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Lamberto Cisternas, Ricardo Blanco, Carlos Aránguiz y Héctor Carreño. Este último enfrenta una acusación constitucional en la Cámara, por su presunto “abandono de deberes”, luego que no denunciara los delitos revelados por menores en el Sename, cuando estuvo a cargo de una encuesta nacional a jóvenes recluidos en los centros del organismo. En simple, una votación estrecha.

Cambios y cruces, pero nunca tanto

Sin embargo, la lectura que hicieron varios supremos consultados por este diario, es que la correlación de fuerzas entre el ala liberal y la conservadora cambió, porque los votos se cruzaron y reordenaron, pero sólo en el tema Ley del Lobby.

Por ejemplo, de los once votos, seis estuvieron -Segura, Valdés, Egnem, Fuentes, Blanco y Aránguiz- por no votar la iniciativa de Muñoz, “en esta oportunidad”, porque se trataba de una materia que requería mayor análisis y no necesariamente era “conciliable” con el mentado cuerpo legal.

Ahora bien, los otros cinco que rechazaron revelar sus agendas, sin expresión de causa -como se lee en el acta de Pleno- fueron Dolmestch, Carreño, Künsemüller, Maggi y Cisternas.

De acuerdo a varios de ellos, la idea de transparentar esta materia, los ponía en una situación compleja por varias situaciones. La primera, que se preconcebía que se influenciaban por la visita de abogados de las partes en un juicio. La segunda, que algunas de las audiencias que otorgaban eran, entre otras, para resolver problemas o escuchar denuncias sobre las Cortes de Apelaciones de distintos lugares del país, ya que cada supremo tiene a su cargo un tribunal de alzada como “visitador”.

La cueva de los Pincheira

Un ejemplo lo constituye el ministro Dolmestch. Este último ha explicado a sus cercanos que su rechazo a la iniciativa se basó en un tema de personalidad y operatividad. Sabido es que este magistrado, originario de Chillán, masón, filo radical, cercano a la Nueva Mayoría -y en sordina llamado el hombre de “la cueva de los Pincheira- recibe a las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, entre otras entidades, porque es el coordinador nacional de Derechos Humanos en la Suprema.

Es sindicado como uno de los operadores que logra acuerdos -a veces transversales- para materias complejas, toda vez que será el próximo presidente del máximo tribunal en 2016. De allí que renunciara a la vocería, que asumió Chevesich recientemente, como la primera mujer en ese puesto estratégico y que implica hablar por todos sus colegas.

Dolmestch también recibe a los abogados y se vio enfrentado a una situación que cuestionó su independencia en el llamado Caso Bombas. Sucede que el diario La Tercera lo fotografió el jueves 27 de septiembre de 2012, recibiendo en su oficina al penalista Miguel Soto Piñeiro, entonces patrocinante de Francisco Solar, uno de los acusados por colocación de artefactos explosivos, hoy preso en España por la misma razón.

“Cómo sabe usted eso (la reunión). Vino a hablar sobre las causas… sobre las causas, los antecedentes en general. Siempre los abogados vienen a hablar conmigo, todos los abogados”, explicó Dolmestch al ser consultado por el matutino. E insistió: “yo hablo con todo el mundo. La gente viene por asuntos profesionales, yo no pregunto nada”.

En la oportunidad, el presidente de la Suprema Rubén Ballesteros, apuntó veladamente a Dolmestch, criticando la falta de prudencia y la “inadvertencia” de Soto Piñeiro, al solicitar una audiencia a 14 días de que se fallara el caso que perdió el Ministerio Público, cuando todos los acusados fueron absueltos.

Pese a lo anterior, no todo fue pérdida para la transparencia en la Suprema. En el mismo Pleno se aprobó que los ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), la entidad que maneja el presupuesto, deberán revelar su agenda cumpliendo así con la exigencia de la Ley del Lobby sobre los “sujetos obligados”. Este organismo es integrado actualmente por Sergio Muñoz, Carreño, Silva, Cisternas y Chevesich. La medida será extensiva al director de la CAPJ, subdirector, entre otros funcionarios.

Muy bonito

Del pleno de 18 ministros, Fuentes, Egnem y Valdés estimaron que los magistrados que integran la CAPJ no debían transparentar sus actividades. Y si de cruces de votos se trata, fueron los mismos que estuvieron por analizar, “en otra oportunidad” la idea de hacer pública la agenda y no rechazando de fondo la fórmula

Sin embargo, queda en el aire si los ministros que apoyaron la iniciativa de Muñoz, le harán honor a su preferencia y darán a conocer vía web sus actividades.

Varios de ellos fueron consultados por este diario y explicaron que al no haber un acuerdo de mayoría, todo seguía como antes y que resultaba difícil que se votara nuevamente. “Ganamos y perdimos, como todo en la vida”, comentó un magistrado.