Columna de Marco Moreno | Razones de Estado

Como una caja de pandora calificaba el ministro de Justicia, Luis Cordero, el contenido de la información del teléfono móvil de Luis Hermosilla. Y es que las conversaciones que hicieron caer a Sergio Muñoz representan solo el 0,02% de las más de 777 mil páginas del informe extraídas del celular del abogado.

Los medios y la opinión pública siguen expectantes al armado del puzzle con otras piezas y nombres de la intrincada y transversal red informal que tejió por años Hermosilla y cuyas claves podrían encontrarse en las conversaciones relacionadas con la captura del Estado. Sin embargo, en paralelo observamos movimientos y acciones que pareciera que buscan mantener información relevante sobre los alcances de dicha red y sobre el modus operandi de captura del Estado. 

La Fiscalía estaría sosteniendo la tesis de que no todo es de interés para el Ministerio Público. Según el ente persecutor hay dos cuestiones que quedarían fuera de la revisión: en primer término, todo lo que no comprometa un hecho delictual; es decir, la Fiscalía solo indaga la comisión de ilícitos, y lo referente a las relaciones personales de Hermosilla no sería relevante, más allá de si este tipo de conversaciones sirvan o no para contextualizar una conducta ilegal.

En segundo lugar, está lo señalado por el Colegio de Abogados en relación al ejercicio de la profesión de Hermosilla. Así en la Fiscalía pareciera existir la convicción de que no profundizarán en nada que esté cubierto por el secreto profesional del abogado. 

A pesar de estas prevenciones muchos nos seguimos preguntando: ¿Qué contendrán el otro 99,98% de los mensajes del teléfono de Luis Hermosilla en relación con una eventual captura del Estado? De este modo, se ha comenzado a instalar la sospecha que de hacerse público parte de estos intercambios podría haber una enorme cantidad de personas involucradas en las redes no formales del poder que manejaba el abogado Hermosilla.

También —y no se puede descartar a priori— que muchos o algunos de los casos podrían ser constitutivos de delitos. Es por esta razón que probablemente habrá muchos interesados en que nada de esto se sepa y presionarán para que se invoquen “Razones de Estado” que impidan descorrer el velo del entramado del circuito extrainstitucional del poder del que participaba Luis Hermosilla.

Con “Razones de Estado” asociamos el principio de legalidad que se atribuye al Estado y que éste ejerce en casos excepcionales, recurriendo a medidas extraordinarias que se hallan más allá, o están al margen, de la legalidad comúnmente admitida. El procedimiento concreto de actuación se somete al secreto y se argumenta aduciendo el interés supremo del Estado.

Hay casos de la mala “Razón de Estado” que nos retrotraen a la transición a la democracia con el caso de los llamados “pinocheques”. Cuando se develó el caso públicamente, el general Pinochet movilizó tropas en lo que se conoce como el “boinazo”. Años más tarde y, durante el gobierno de Eduardo Frei, se retiraron las acciones judiciales invocando precisamente “Razones de Estado”. Estas mismas, fueron las que se esgrimieron para traer de regreso al dictador, Augusto Pinochet, a Chile desde Londres. 

Hoy nuevamente se comienza a hablar en los círculos de la élite del poder de “Razones de Estado” para no revelar los WhatsApp de Luis Hermosilla. Sabemos que siempre que determinadas acciones ocultas salen a la luz en forma de escándalo, la política se convierte en una batalla por la opinión pública.

Sin embargo, las instituciones del pluralismo democrático —los medios de comunicación—apenas pueden garantizar el control de los políticos, autoridades y actores privados, cuando las instituciones democráticas —el parlamento, los partidos— o los órganos de justicia como el Ministerio Público —Fiscalía— se vuelven instrumentos impotentes ante las llamadas “Razones de Estado” a la hora de que los políticos y otros actores rindan cuentas. Ejercer ese control en este caso no será posible si se terminan imponiendo como en el pasado reciente las “Razones de Estado”.