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El abogado y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, se refirió a dos hechos políticos de la semana, los que cree que “a pesar de su origen privado, poseen relevancia pública”: las quejas del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, por ciertas opiniones acerca del papel que cumple en La Moneda, y la respuesta que dio Josefa Errázuriz, alcaldesa de Providencia, de que “se le estaba buscando el cuesco a la breva” al inquirirle acerca del matrimonio de un sobrino celebrado en el palacio de la alcaldía.

“En ambos se revela uno de los rasgos más acusados de la sociedad chilena que, a pesar de la modernización, aún porfía por subsistir: la existencia de criterios relativos a la propia familia a la hora de asignar oportunidades o distribuir recursos; la selección, en suma, en base a criterios parciales, en vez de imparciales, cuando se trata de decidir quiénes podrán desempeñar cargos o acceder a bienes públicos”, señala en su columna de El Mercurio.

Para el rector de la UDP, “no debiera extrañarles ni a Sebastián Dávalos ni a Josefa Errázuriz que los ciudadanos que financian al Estado y sus órganos, y cuyas vidas están expuestas a las reglas de autoridad que ellos pronuncian, posean, como suave contrapartida y como un sucedáneo de una venganza simbólica, la posibilidad de hacer cada cierto tiempo, mediante la prensa, el escrutinio cotidiano de su comportamiento”.

Apuntando a que además ninguno de los dos tiene buenas razones para quejarse, Peña dice que el caso de Josefina Errázuriz es “indudablemente impresentable”, dado que “ella facilitó las dependencias de la municipalidad que dirige para que un sobrino suyo (Diego Brugnoli Errázuriz) celebrara su matrimonio”.

“Como es obvio, no hay ninguna razón, salvo el parentesco, para que el matrimonio de su sobrino se celebrara en medio de esa ilusión renacentista. Hay en Providencia, es de suponer, cientos de novios que anhelarían casarse en medio de ese escenario, pero padecen de un irremediable defecto: no son sobrinos de Josefa Errázuriz. En tiempos en que cualquier tipo de selección en base a características adscritas repugna -es cosa de prestar oídos al debate educacional-, la conducta de la alcaldesa carece de toda justificación”, acusa.

Sobre Dávalos, Peña apunta a que “tradicionalmente las fundaciones dependientes de la Presidencia (y financiadas con parte del erario público) son manejadas por el cónyuge de quien la ejerce. Pero, ¿de dónde se sigue que lo que vale para el cónyuge vale también, sin matices y sin queja alguna, para el hijo?”.

“Lo que ocurre es que esa regla consuetudinaria se ha transformado, sin deliberación ni reflexión alguna, y para colmo en medio de un gobierno ciudadano, en una regla que asigna la propiedad de esa función a los miembros de la familia de quien ejerce la primera magistratura. Por supuesto, la conducta de Sebastián Dávalos no da motivo, hasta ahora, para quejarse, pero eso no impide llamar la atención sobre el extraño desplazamiento que ha experimentado la regla que él esgrime para justificar su tarea”, explica el rector de la UDP.

“La conducta de Josefa Errázuriz y la situación objetiva de Sebastián Dávalos configuran una inconsistencia insalvable: irritan a la misma cultura ciudadana que ellos esgrimieron para legitimarse”, concluye.